Decenas de activistas han luchado en Cuetzalan, Puebla, desde desde hace cinco años en contra de la instalación de proyectos eléctricos de la Comisión Federal de Electricidad, y en el camino han sufrido amenazas, agresiones, denuncias penales y el asesinato de dos de sus compañeros.
Alfredo Guerreo Santos, integrante del Movimiento Indígena Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP), resume así su lucha en Cuetzalan: «estamos a favor del desarrollo, pero no de este tipo de desarrollo de imposición, de despojo. Estamos a favor del desarrollo para los pueblos, donde haya seguridad, educación y mejores caminos. A los megaproyectos que quieren imponer les decimos: ‘NO'».
Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).- Cuetzalan es un Pueblo Mágico ubicado al norte de la sierra del estado de Puebla y es bien conocido por sus bellezas naturales, santuarios, café aromático y pipián. Pero poco se dice de las grandes luchas que los habitantes y defensores de los derechos humanos han tenido que emprender frente a los megaproyectos impulsados por el propio Estado mexicano y por las empresas trasnacionales.
Durante al menos el último lustro, las amenazas, ataques, intimidaciones e incluso los asesinatos han envuelto a la población situada en los límites con el estado Veracruz, hogar de indígenas totonacos y nahuas.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) buscó imponer una subestación eléctrica denominada Línea de Alta Tensión (LAT) Cuetzalan Entronque Teziutlán II-Tajín sobre terrenos cubiertos con vegetación de bosque, selva y pastizal cultivado, en la que invertiría más de 200 millones de pesos, de acuerdo con información de la propia Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
A falta de una consulta previa, libre e informada, la comunidad cuestionó el proyecto desde un inicio y fue entonces cuando las autoridades del municipio de Cuetzalan del Progreso y funcionarios de la CFE aseguraron que la subestación beneficiaría a la población. Pero la realidad, dijo Alfredo Guerreo Santos, integrante del Movimiento Indígena Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP), es que la obra favorecería al proyecto minero «El Aretón», propiedad de la empresa minera Autlán, que actualmente tiene denegado el permiso de explotación.
«En 2107, en abril, durante la Semana Santa y la Feria anual de octubre, ellos hicieron apagones de manera intencional, con ello empezaron a meter la idea de que hacía falta una subestación, pero vimos que en realidad era para abastecer de energía eléctrica a la mina de ‘El Aretón'», denunció en entrevista con SinEmbargo.
El activista denunció que «ni la CFE ni el Ayuntamiento nos consultaron a nosotros como pueblos originarios sobre si estábamos o no de acuerdo con que esa subestación se instalara. Desde ahí violaron nuestro derecho a la consulta». El Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio (POET) de Cuetzalan –publicado en el Periódico Oficial del estado el 3 de diciembre de 2010– indica que el territorio municipal «es un componente de una multiplicidad de territorios de carácter geográfico, hidrológico, social y ambiental, de los cuales depende, para que sus habitantes gocen de un bienestar colectivo, por lo que el impacto de las obras es de carácter regional».
Las afectaciones por el inicio de las obras de la subestación –que hoy están suspendidas– fueron la deforestación de cultivos de café y pimienta, violaciones a los derechos humanos, el despojo y la muerte masiva de abejas meliponas por falta de alimento.
Gracias a las movilizaciones del MIOCUP, de las Cooperativas Tosepan «TosepanTitataniske» y del Comité de Ordenamiento Ecológico Territorial Integral (COTIC) las obras de la subestación fueron suspendidas. No obstante, la CFE interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Alfredo Guerrero y siete defensores más: Rufina Edith Villa Hernández, Álvaro Aguilar Ayón, Nazario Diego Téllez, Luis Enrique Fernández Lomelín, Leonardo Durán Olguín, Francisco Jiménez Pablo y Manuel Gaspar Rodríguez, quienes fueron notificados el 31 de enero de este año.
Los defensores se presentaron a la cita, pero se reservaron el derecho a declarar para pedir las carpetas y saber exactamente de qué iba la demanda en su contra.
Actualmente existe un clima de miedo, pues el pasado 14 de mayo, Manuel Gaspar fue hallado sin vida con tres lesiones en el cuerpo, provocadas por arma blanca y con evidentes signos de tortura, en un hotel de Cuetzalán.
Sus compañeros de lucha mantienen su exigencia justicia y han señalado que el móvil del crimen es justamente la labor activista.
«Cuando comenzamos con las movilizaciones, llegó la represión directamente con el compañero Manuel. Le empezaron a hacer llamadas amenazantes, robaron como dos veces el lugar que él habitaba. Era un manera de intimidarnos para que no nos siguiéramos organizando, pero lo que nosotros estábamos haciendo era defender los usos, las costumbres, la cosmovisión, que vivimos en la sierra», dijo Guerrero Santos, quien teme ahora por la integridad y vida de los defensores.
Después de la denuncia, «lo que podía pasar en primera instancia ya pasó: nos asesinaron a nuestro compañero Manuel. Lo que ahora puede pasar es otro asesinato, una desaparición forzada o que nos detengan. Esos son nuestros temores […] Responsabilizamos a los tres niveles de Gobierno y a la propia CFE de cualquier ataque», alerta.
Hoy pide a la CFE que retire la denuncia, pues no hay «justificación real» para llevar a cabo el proyecto y que de ser llevado a otra parte de la República Mexicana, se haga una consulta para que la población emita su opinión.
DEFENSORES, EN LA MIRA
El asesinato de Manuel Gaspar no fue el único que manchó de rojo la lucha en Cuetzalan: el 4 de junio de 2014, fue asesinado Antonio Esteban Cruz, quien se oponía a la construcción de una hidroeléctrica en el río Apulco y a la minería en la región.
En su momento, integrantes del MIOCUP, liderado por Antonio Esteban, advirtieron que la hidroeléctrica Cuamono-Cuetzalan podría incluso desaparecer dos comunidades cercanas y lograron suspender las obras.
«Con la movilización, con la denuncia y con los foros logramos frenar esa hidroeléctrica, pero nos asesinaron al compañero Antonio Esteban Cruz», lamentó Guerrero Santos.
Ante ese panorama, el defensor afirmó que «definitivamente, el país no es un lugar seguro para los defensores de derechos humanos ni para los periodistas […] El Gobierno de México no tiene ni la sensibilidad ni la voluntad política para brindarnos seguridad».
Finalmente, envió un mensaje a los gobiernos federal, estatal y municipal: «en Cuetzalan estamos a favor del desarrollo, pero no de este tipo de desarrollo de imposición, del despojo. Estamos a favor del desarrollo para las propias comunidades y pueblos, donde haya seguridad, educación y mejores caminos. A los megaproyectos que quieren imponer les decimos ‘no'».
