La organización presentó hoy su informe sobre violencia sexual en contra de mujeres durante sus arrestos y afirmó que el documento ya fue entregado a diversas autoridades mexicanas, entre ellas, a la Procuradora General de la República, Arely Gómez González; también se le hizo llegar a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y a la Secretaría de Gobernación (Segob). La respuesta por parte de algunas corporaciones fue que los agentes que cometen este tipo de actos son sólo “unas cuantas manzanas podridas”.
Ciudad de México, 28 de junio(SinEmbargo).– La organización Amnistía Internacional (AI) informó que hizo entrega del informe “Sobrevivir a la muerte, tortura de mujeres por fuerzas armadas y policías en México” a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y a la Secretaría de Gobernación (Segob), por lo que está a la espera de una respuesta contundente para detener las violaciones durante los arrestos a las mujeres a lo largo del país.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), indicó que algunas de las respuestas de las autoridades fueron que “sólo se trata de unas cuantas manzanas podridas” y que México hace esfuerzos para proteger los derechos humanos de los ciudadanos.
Sin embargo, indicó, el informe que documentó en una investigación de ocho meses, y luego de entrevistar a 100 mujeres encarceladas en 11 prisiones federales en México, que 33 fueron violadas y todas torturadas psicológica y verbalmente, 97 fueron víctimas de violencia física y 72 de agresión sexual, dice todo lo contrario.
De acuerdo con Amnistía Internacional, en México hay una práctica generalizada de la tortura sexual y no son sólo unos “cuantos” policías, marinos y soldados son los que violan mujeres por todo el país.
“No se puede seguir sosteniendo la hipótesis de que son sólo unas ‘manzanas podridas’ en la Policía. Nos habla de una realidad rutinaria”, dijo Madeleine Penman, investigadora de tortura para México de la Oficina Regional para las Américas de Amnistía Internacional, durante la presentación del informe.
De acuerdo con el estudio de AI, un 80 por ciento de los arrestos de la Marina fueron con violencia sexual; 60 por ciento de las aprehensiones de la Policía Municipal; 50 por ciento de los efectuados por la Policía Estatal; 50 por ciento de los del Ejército y 19 por ciento de la Policía Federal.
Amnistía Internacional indica en su informe que el compromiso de México por prevenir y castigar la tortura, sólo está en papel, pues en la práctica no hay ni siquiera castigos en contra de los torturadores sexuales.
“El número de cargos formulados por tortura en México –en contra de agentes del Estado– es alarmantemente bajo. A pesar de que la PGR registró en 2014 la recepción de 2 mil 403 denuncias penales por torturas, no pudo informar a Amnistía Internacional de ni un solo cargo criminal que se hubiera presentado en estos casos. En los años anteriores a 2014, según la información del gobierno, se había acusado a menos de cinco personas al año, como media, y algunos años no se acusó a nadie. En febrero de 2016, la PGR seguía sin poder informar a Amnistía Internacional de los cargos presentados el año anterior. Sólo tras un escándalo público sin precedentes que impulsó una respuesta del Gobierno, en abril de 2016 la PGR anunció cargos, al parecer por primera vez en dos años, contra cinco agentes federales, en respuesta a la filtración de un video que mostraba a militares y soldados torturando a una mujer. Pese a esta novedad, el alcance de la impunidad por tortura y otros malos tratos queda de manifiesto por el hecho de que las cifras más recientes muestran que desde 1991 sólo 15 casos han desembocado en sentencias condenatorias penales federales”, dice.
La organización recibió información alarmante del Ejército, pues declaró que entre 2012 y 2013 hubo cuatro juicios en contra de soldados por abuso sexual, pero algunos de ellos dentro de la jurisdicción militar. Ninguno de los soldados fue suspendido durante la investigación.
La Marina informó que en los últimos años cuatro marinos fueron suspendidos por abuso sexual, pero “a Amnistía Internacional le preocupa que la respuesta de la Marina indica que un miembro del cuerpo declarado culpable de abusar sexualmente de una mujer, podría reincorporarse al servicio tras cumplir su condena en prisión”.
“La tortura no puede ser aceptada de ninguna forma. Hemos trabajado durante décadas para hacer que los estados cumplan con su obligación de protección a la ciudadanía. Lamentablemente se sabe que en México la tortura es una práctica generalizada”, dijo Guevara Rosas.
La violencia sexual en contra de las mujeres por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, no es una situación aislada: “es una violencia atroz que refleja el secreto más oscuro del Estado mexicano: la tortura sexual”, indicó Erika.
AI acusó además que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hace poco por defender a las mujeres y en general a las personas que sufren de tortura en el país.
“La CNDH no ataca las causas y raíces de la tortura, como investigar a los mandos superiores, de miles de denuncias, sólo ha emitido 70 recomendaciones”, indicó.
“NO ES GRATO SABER QUE MI MAMÁ FUE VIOLADA POR POLICÍAS FEDERALES”
Byron Arellano es hijo de Verónica Razo, una mujer de 37 años, que desde hace cinco fue encarcelada y separada de sus dos hijos.
“Tiene cinco años presa y sin justicia. Yo tenía 12 años, ahora tengo 18 y no es grato saber que mi mamá fue violada por policías federales. No es gratificante saber que durante 24 horas fue violada y torturada y obligada a firmar una confesión”, dijo el joven.
El 8 de junio de 2011 Verónica caminaba por una calle del centro de la Ciudad de México, cuando hombres armados y sin uniforme que viajaban en un automóvil la agarraron y la secuestraron.
“La llevaron a un galpón de la Policía Federal, donde la retuvieron durante 24 horas y la torturaron. La golpearon, la sometieron a semiasfixia y a descargas eléctricas, y varios policías la violaron repetidamente. La amenazaron y la obligaron a firmar una ‘confesión’. Tras ser interrogada por policías y agentes del ministerio público se desmayó y tuvo que ser llevada a toda prisa al hospital, donde recibió tratamiento por palpitaciones cardíacas graves. Los policías dijeron que la habían detenido al día siguiente y la acusaron de pertenecer a una banda de secuestradores. Sin embargo, la noche de su detención su madre ya había presentado ante las autoridades locales una denuncia de persona desaparecida”, narra el informe.
Según Amnistía Internacional, los hijos de Verónica están a cargo de su abuela. Su hijo, que ahora tiene 18 años, no pudo continuar sus estudios universitarios por la carga económica que significa que su madre esté presa.
Madeleine Penman dijo a SinEmbargo que el Gobierno tiene la oportunidad en sus manos de hacer algo en el caso de Verónica.
“Hace unos meses, en septiembre de 2015, el Gobierno estableció el Mecanismo para Casos de Tortura Sexual dentro de la Secretaría de Gobernación, desde entonces el caso de Verónica es el primer caso que este mecanismo tenía que haber revisado. Entonces vemos que México tiene todas las oportunidades necesarias para combatir este flagelo, hay que atacar la impunidad y llevar a los responsables ante la justicia”, indicó.
El hijo de Verónica afirmó que su vida cambió por completo y que no le gustarían “que otra mujer y otra familia sean destruidas como nosotros. Pido que los torturadores sean castigados, porque las mujeres que no han hecho nada están en la cárcel y los torturadores afuera”.
