La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) destacó que durante estos dos años de pandemia el sector minero logró colocarse en una posición de privilegio al ser incluido por el gobierno federal dentro de las actividades “esenciales”, las cuales no se vieron obligadas a suspender sus labores, lo cual generó que obtuvieran ganancias históricas.
Ciudad de México, 28 de mayo (SinEmbargo).- La minera mexicana Fresnillo plc, que forma parte del conglomerado Grupo Bal, propiedad de Alejandro Baillères, y las canadienses Agnico Eagles Mines, Torex Gold y Alamos Gold fueron las grandes ganadoras durante la pandemia de COVID-19 al beneficiarse de las restricciones sociales impuestas por las autoridades, al posicionarse en varias entidades del país y generar miles de millones de dólares en ganancias, aseguró el informe “La Lucha por lo esencial: la pandemia minera en México en tiempos de COVID-19”.
El documento realizado por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) destaca que durante estos dos años de pandemia, en la que se implementó el confinamiento y la suspensión de diversas actividades, este sector logró colocarse en una posición de privilegio al ser incluido por el gobierno federal dentro de las actividades “esenciales”, por lo cual no se vieron obligadas a suspender sus labores.
El 31 de marzo de 2020, el Diario Oficial de la Federación publicó la lista de actividades esenciales y no esenciales. La medida establecía la suspensión inmediata de ciertas actividades. El sector salud, seguridad pública, economía, programas sociales del gobierno y la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables, fueron clasificadas como esenciales.
En tanto, la educación, cultura, recreación, el turismo, deportes y la mayoría de los servicios gubernamentales fueron clasificados como actividades no esenciales, lo cual se tradujo en la suspensión inmediata de estos sectores. En la primera clasificación, el sector automotriz, la minería y la construcción fueron incluidas dentro de este grupo. Sin embargo, la suspensión duró tan solo nueve semanas, luego de que senadores estadounidenses solicitaran a través de una carta al entonces Secretario de Estado Michael Pompeo, en donde se presionó para un cambio en la clasificación definir junto con el Gobierno de México las actividades primarias del país.
A la presión del gobierno de Estados Unidos se sumó la Cámara Minera Mexicana (CAMIMEX), cuyos miembros incluyen grandes empresas mineras mexicanas, estadounidenses y canadienses, redactaron un documento dirigido a Christopher Landau, entonces Embajador de EU en México, para solicitar que la minería fuera incluida dentro del sector esencial.
Los firmantes argumentaron su importancia como proveedores de industrias como la automotriz, aeroespacial, agroindustrial y de la construcción, y la necesidad de mantener activa la industria ante la entrada en vigencia del renegociado Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Finalmente, el 14 de mayo del 2020, el Diario Oficial anunció la incorporación de la minería dentro del grupo de las actividades esenciales, argumentando su relevante rol en la reactivación económica y por su importancia en la cadena de suministros de metales para diversas industrias.
MINERAS GENERAN GANANCIAS
El informe detalla que la declaratoria de crisis económica mundial, lejos de generar una crisis en el sector minero, generó un beneficio, pues se fortaleció la especulación de metales preciosos como el oro y la plata. Además, el precio de minerales como el cobre incrementó a pesar de la crisis, lo que generó ganancias históricas en varios casos.
En México, las principales explotadoras de oro en México reportaron ganancias millonarias en 2020, algunas inclusive récord. Fresnillo plc reportó ganancias netas de 375.6 millones de dólares, un aumento del 82.5 por ciento respecto a 2019.
Fresnillo Plc, el mayor productor mundial de plata primaria de México y el segundo mayor productor de oro fue una de las mineras beneficiadas por el incremento en el precios de los metales, cotizando con ganancias en la Bolsa de Valores de Londres y la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo FRES.
Las acciones de la minera, que forma parte del conglomerado Grupo Bal, propiedad de Alejandro Baillères, tuvieron un rendimiento de 4.20 por ciento del 25 de febrero al 31 de marzo pasados, cotizando ese día en 210.5 pesos cada una.
Las mineras canadienses Agnico Eagles Mines, Torex Gold, y Alamos Gold también reportaron ganancias históricas en 2020. En el caso de Alamos Gold, esta empresa participó en un programa especial de subsidios federales en Canadá, creado durante la pandemia logrando pagar dividendos más altos a sus accionistas, quienes fueron los reales beneficiarios de este subsidio.
En el caso de Torex Gold, apenas el pasado 5 de mayo anunció una inversión de 850 millones de dólares a través de su subsidiaria Minera Media Luna para la construcción y puesta en operación del proyecto homónimo en su Complejo Morelos, en Guerrero.
Torex Gold es un productor de oro intermedio con sede en Canadá que se dedica a la exploración, desarrollo y operación de su Propiedad Morelos, un área de 29 mil hectáreas en el “altamente prospectivo” Cinturón de Oro de Guerrero ubicado a 180 kilómetros al suroeste de la Ciudad de México, explicó la compañía.
El principal activo de la compañía es el Complejo Morelos, que incluye el Complejo Minero El Limón Guajes (“ELG”), el Proyecto Media Luna, la planta de procesamiento y la infraestructura relacionada. La producción comercial del Complejo Morelos comenzó el 1 de abril de 2016.
En su Informe Anual 2021, CAMIMEX reportó que, a pesar de una caída de 1.3 por ciento en la producción minera del país, comparado con 2019, en el 2020 el valor de producción minero-metalúrgico creció a su punto más alto desde 2010, subiendo 42.5 por ciento comparado con el crecimiento del 2019 para un total de 13 mil 095 millones de dólares.
LOS CONFLICTOS CON MINERAS
Las mineras, en especial las de origen canadiense, tienen un largo historial de abusos cometidos en contra de comunidades mexicanas que se encuentran en las inmediaciones de donde desarrollan sus proyectos.
De acuerdo con el Sistema Integral sobre Economía Minera (SINEM), de la Secretaría de Economía, en México hay un total de 242 empresas con proyectos mineros en el país, de los cuales, 160 corresponden a mineras canadienses; mientras que un informe del Instituto Fraser indica que el 74 por ciento de las concesiones para exploración minera son otorgadas a empresas de Canadá.
La Ley Minera decretada en 1992 durante el sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari, en paralelo al proceso de negociación del otrora Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), permite que capitales transnacionales obtuvieran concesiones para realizar actividades mineras en el país.
De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, México encabeza la lista de países con el mayor número de conflictos mineros en América Latina, con un total de 58 casos, de los cuales, 29 pertenecen a proyectos de minas canadienses.
La mayoría de estos conflictos están relacionados con despojos de tierras, violaciones laborales de mineros, afectaciones a los recursos naturales de las comunidades y hasta asesinatos.
PANDEMIA AFECTÓ A COMUNIDADES
El informe detalla que el confinamiento debido a la pandemia y políticas como el “quédate en casa” imposibilitaron a decenas de comunidades a pausar por varios meses la defensa del territorio y las exigencias por la rendición de cuentas por daños mineros.
“En general, las medidas restrictivas para contener los contagios tuvieron el efecto de contener las luchas sociales, quienes aún se dirimen desde varios enfoques y efectos sobre, por ejemplo, si participarán de forma presencial en protestas, reuniones, talleres, denuncias, etcétera, o si pierden movilidad, organización y presencia social a causa de las restricciones sanitarias relacionadas al COVID-19”, menciona el documento.
Los denunciantes explicaron que durante estos meses de confinamiento, las grandes empresas mineras, continuaron con sus labores sin restricciones, amenazando e invadiendo territorios sin ningún tipo de consecuencia.
Tampoco se ha movido un dedo para romper la impunidad de que gozan las empresas y los gobernantes para responsabilizar quienes han generado tantos daños al agua, tierra, la salud y la vida en los territorios afectados por la minería u otros megaproyectos.
