Algunos laboratorios privados cobran por hacer pruebas de COVID-19 sin corroborar del todo que el paciente lo requiera. Esto es contrario a lo que las autoridades de salud pública recomiendan para eficientar tiempo y recursos, generar acciones adecuadas y reducir riesgos para la población mexicana.
Ciudad de México, 28 de mayo (SinEmbargo).- Las pruebas de laboratorio son más accesibles que nunca. Muchas de ellas no requieren receta o indicación médica. Basta con que una persona se presente en condiciones adecuadas y pague. Pero en situaciones de emergencia sanitaria, en que las pruebas sirven para generar información epidemiológica de calidad, la discrecionalidad de los laboratorios puede suponer gastos innecesarios, además de fallas en los procedimientos avalados por las autoridades de salud pública.
“Hay una gran discusión sobre las pruebas, en general, de los laboratorio clínicos. De haber sido una herramienta para la práctica de la medicina, se han convertido en un instrumento comercial porque se abrió el acceso para que la gente vaya directamente a hacerse pruebas de lo que quiera sin requisitos médicos”, dijo a SinEmbargo el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez.
Para el especialista en microbiología y parasitología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo anterior tiene “implicaciones importantes” que van desde el costo, hasta la falta de procedimientos homologados entre los sectores público y privado, que pudiera dificultar la obtención de resultados clínicos confiables.
“¿Quién pide esas pruebas? ¿Por qué las pide y qué hará con los resultados? Ese es el tema de fondo en este asunto. Cuando tú pides una prueba de COVID-19, más allá de saber exactamente si tu paciente tiene eso o no, el resultado de la prueba debe de incluir varias acciones de salud pública”.
De acuerdo con el Lineamiento Estandarizado para la Vigilancia Epidemiológica y por Laboratorio de la Enfermedad Respiratoria Viral actualizado a mayo de 2020, el proceso de detección y seguimiento de casos sospechosos inicia con un procedimiento de identificación; es decir, que la persona tenga signos y síntomas relacionados con la enfermedad.
En términos técnicos, una persona que podría portar COVID-19 es aquella que en los últimos siete días presentó dos de tres síntomas principales (tos, fiebre y cefalea) acompañados de al menos uno de los siguientes signos: disnea (dato de gravedad), artralgias, mialgias, odinofagia o ardor faríngeo, rinorrea, conjuntivitis y dolor torácico.
Cuando un paciente está bajo sospecha, las autoridades públicas sugieren “establecer diagnóstico a través de consulta médica rutinaria”; y una vez hecho el diagnóstico, “elaborar el estudio epidemiológico de caso sospechoso para Enfermedad Respiratoria Viral”, que incluye la toma de muestra por parte de personal capacitado.
Muchos laboratorios privados cumplen con este proceso de diagnóstico previo, ya sea solicitando receta o indicación médica, o haciendo valoraciones antes de tomar la prueba. Empero, existen casos en que no exigen indicaciones médicas y en que no hay un proceso de valoración.
SinEmbargo llamó a 10 laboratorios que están o dicen estar avalados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE). Sólo dos de ellos solicitaron llevar receta médica. Del resto, dos mencionaron la realización de una valoración clínica previa, dos más refirieron la aplicación de un cuestionario, uno solicitó la presencia de síntomas, además de tres que sólo pidieron concertar una cita y el pago de la prueba de coronavirus.
“Hay dos maneras para poder solicitar una muestra COVID-19. Una es de manera institucional y otra es de manera particular”, dijo a este medio digital una doctora de la Secretaría de Salud capitalina que solicitó mantener su anonimato.
Para la especialista en gestión de hospitales y salud pública, mientras que las instituciones de gobierno solicitan “forzosamente” la existencia de sintomatología para realizar las pruebas de laboratorio, en el sector privado no siempre sucede así.
Al igual que el doctor Rodríguez Álvarez de la UNAM, la médico explicó que la falta de aplicación de requisitos previos, aunque no es grave y responde a la disponibilidad de recursos, pudiera indicar que no se están tomando en consideración todas las disposiciones legales y/o avaladas por las autoridades sanitarias y que, como consecuencia, no existe garantía de cumplimiento de procedimientos en toda la cadena de detección de casos.
FALLAS Y RIESGOS
La especificidad del diagnóstico clínico está determinada por los resultados de laboratorio. Por eso, cuando uno solicita una prueba de COVID-19 en instituciones privadas, lo más importante es revisar que éstas estén avaladas por el InDRE, ya que dicho aval “hace que la muestra sea, para fines médico-legales, confiable según los criterios de calidad de la Dirección General de Epidemiología”, explicaron los doctores consultados.
Los lineamientos de dicha Dirección indican que “la vigilancia epidemiológica de la Enfermedad Respiratoria Viral debe enfocarse principalmente en la detección inmediata de casos importados o autóctonos, con la finalidad de prevenir la propagación del virus en la población mexicana”.
Para lograr éste objetivo “es necesario establecer un sistema altamente sensible que detecte los casos sospechosos de Enfermedad Respiratoria Viral que cumplan con la definición operacional en cualquier unidad de salud (pública o privada), con la finalidad de detonar las acciones de vigilancia epidemiológica y por laboratorio, atención, prevención y control correspondientes, dirigidas a eliminar los riesgos de transmisión del padecimiento”.
Con falta de sintomatología o diagnóstico previo a las pruebas de laboratorio, hay gente que asume gastos que van de 3 a 8 mil pesos en instituciones privadas. Pruebas que consumen tiempo y que en muchos lugares, implica romper con la sana distancia y el aislamiento, ya que algunos de los laboratorios no cuentan con servicio a domicilio u otras formas de tomar muestras sin hacer que la gente vaya a sentarse en salas de espera, sea con cita previa o sin ella.
“Nosotros solamente se realiza la prueba, y hay que llenar un formato otorgando un consentimiento para informar al InDRE en caso de que sea positivo”, dijo una de las operadoras de un laboratorio al que llamó SinEmbargo, cuando fue increpada sobre los requisitos para solicitar una prueba de COVID-19.
Además del gasto y el riesgo de contagio en una sala de espera, la falta de requisitos previos a la prueba de laboratorio implica que no se están cumpliendo los mismos protocolos en los sectores público y privado. Esto supone la posibilidad de fallas de rigor en el cumplimiento de procedimientos avalados por las autoridades de salud pública en tiempos de emergencia sanitaria, y genera dudas con respecto a la cadena de valoración para detectar casos y evitar la propagación de la enfermedad.
En ese sentido, los médicos consultados dijeron que la falta de aplicación de protocolos técnicos y administrativos del InDRE podría generar errores que resulten, en última instancia, en diagnósticos equivocados.
“Hay muchos falsos positivos y hay muchos falsos negativos. Entonces, por eso es muy importante que te cerciores, primero, que el lugar donde te tomes la muestra esté avalado por el InDRE. Segundo, que te tomen bien la muestra. Y tercero, que los resultados salgan en tiempo y forma; o sea, de tres a cinco días, porque a veces en las instituciones, por ejemplo ahorita en el Seguro Social, […] se están tardando hasta dos semanas en entregarte el resultado”, explicó la médico anónima de la Secretaría de Salud capitalina.
Un riesgo coligado a esta situación es que los laboratorios, sin querer por no aplicar los parámetros avalados, “podrían estar dando resultados que hagan que la gente tome decisiones equivocadas. Porque si a ti te dicen que eres negativo pero en realidad eres positivo, te vas a comportar de una manera distinta”, explicó el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión UNAM para la Atención de la Emergencia de Coronavirus.
SEGUIMIENTO DE PRUEBAS
Existe otra situación ligada a la falta de controles más estrictos por parte de las autoridades sanitarias, a los laboratorios privados. Aunque cualquiera que pueda pagar debería poder hacerse las pruebas que quiera, en situaciones de pandemia, el proceso no inicia y termina con las pruebas, sino que involucra a todo un sistema de medidas para confirmar y asilar casos.
En tres de los 10 laboratorios contactados por SinEmbargo, las operadores dijeron que la institución no reportaba los casos positivos al InDRE; y en un caso más, la asesora telefónica mencionó no tener información al respecto.
Los laboratorios privados están obligados a reportar las pruebas positivas de COVID-19. De acuerdo con los lineamientos de la Dirección General de Epidemiología, “los resultados emitidos por laboratorios con reconocimiento a la competencia técnica por parte del InDRE, podrán ser registrados a la plataforma del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER), siempre y cuando estén incluidos como casos sospechosos en dicha plataforma”.
Los doctores consultados por este medio indicaron que cuando hay pruebas positivas, se tiene que hacer un estudio de caso que incluye buscar, contactar y advertir a las personas que estuvieron en contacto con el paciente infectado.
Bajo circunstancias ordinarias, el médico tratante debe de dar seguimiento al caso y hacer la búsqueda de contactos. Pero en una situación como la actual, los especialistas dijeron que además de haber seguimiento por parte de quien haya pedido la prueba, y además de los reportes de los laboratorios a las autoridades sanitarias, tendría que haber un acuerdo de cooperación más amplio entre los sectores público y privado, para dar acompañamiento a la gente y evitar que la pandemia se salga de control.
Hoy en día, si las autoridades sanitarias refieren a un paciente con alguna institución de salud privada, ésta última tiene el deber de atender el caso, si y sólo si previamente, avaló un acuerdo con el Gobierno federal para aumentar la capacidad de atención del Sistema de Salud Pública.
Más allá de esta situación, por lo general, los pacientes están por su cuenta. Todos los laboratorios contactados por SinEmbargo explicaron que en caso de resultar positivo, la atención de la salud queda a cuenta del paciente y de su médico tratante, además de mencionar que no existe un proceso de enlace directo con las autoridades sanitarias.
“Nosotros lo reportamos [al InDRE] y ya el seguimiento del paciente es por su cuenta. […] La hospitalización se requiere en caso de una enfermedad avanzada. Lo primero es que usted tenga un médico con el que esté llevando esta situación. […] Una vez que reciba su resultado, su médico será el indicado [para decir] si le va a dar un tratamiento en casa, si necesita estudios adicionales o si tiene que ser hospitalizado o no”, dijo una de las operadoras.
“Ellos [las autoridades sanitarias] no se ponen en contacto con uno, sino que el reporte nada más es informativo”, dijo otro telefonista.
“Nosotros, en caso de que saliera positivo, allí el médico tendría que ver si el tratamiento lo puede seguir en casa, o si se tendría que hospitalizar. Si se tiene que hospitalizar, nosotros aquí le asignaríamos una habitación, pero los gastos los tendrían que liquidar ustedes, a menos de que tuvieran seguro de gastos médicos y tuviéramos convenio con ese seguro”, afirmó un representante más de los laboratorios consultados.
“Los resultados de la prueba están en 2 a 3 días. Entonces, de acuerdo a sus condiciones en esta valoración, los médicos le van a indicar si se puede ir a casa y allí esperar el resultado con sus respectivas indicaciones; o si fuera necesario su hospitalización, con nosotros ya no hay lugar. Tendría que buscar otro hospital”, explicó un integrantes de uno de los servicios de laboratorio hospitalario.
Para el doctor Rodríguez Álvarez, “no es correcto” que una vez detectado un caso positivo, el seguimiento práctico del caso quede a cuenta del paciente y de su médico tratante, sin que las autoridades estén al tanto.
“¿Cómo vamos a detectar las acciones [de vigilancia epidemiológica], si lo único que te van a mandar es un resultado por correo electrónico?”, cuestionó. “El riesgo más alto [para la salud de los mexicanos] es que se involucren intereses económicos” en momentos de pandemia. Lamentablemente, reconoció el médico, las pruebas no solucionan todo, hay deficiencias en el sistema de salud y los laboratorios privados terminan siendo, al fin y al cabo, un negocio que no embona y que no está coordinado con el Sistema de Salud Pública.
