Ciudad de México, 28 de mayo (SinEmbargo).– Human Rights Watch pidió al gobierno de México llevar a cabo una investigación "oportuna, exhaustiva e imparcial" sobre el enfrentamiento ocurrido en Tanhuato y Ecuandurero, Michoacán, en donde perdieron la vida 42 presuntos criminales y un elemento de la Policía Federal. Consideró que el hecho de que "las fuerzas de seguridad hayan sufrido una sola baja genera serias dudas sobre si el uso de la fuerza fue proporcional y lícito".
“Debido a los pésimos antecedentes en materia de derechos humanos de las fuerzas de seguridad mexicanas, es crucial que se lleve a cabo una investigación rigurosa y transparente para determinar si efectivamente el empleo de la fuerza fue proporcional durante el enfrentamiento y si se produjeron ejecuciones extrajudiciales”, expresó Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas de Human Rights Watch.
De acuerdo con la organización internacional, la Procuraduría General de la República (PGR) debería adoptar medidas inmediatas para asegurar que estos delitos se investiguen "sin las demoras y la negligencia que caracterizaron la investigación de los asesinatos ocurridos en Tlatlaya en junio pasado”.
Human Rights Watch refirió cómo la agencia de noticias Associated Press y medios locales informaron que, según familiares de algunos de los fallecidos, uno de los cuerpos tenía un tiro en la parte superior de la cabeza, otro presentaba golpes en el rostro y había perdido un ojo, y un tercero tenía la dentadura hundida hacia adentro.
Este día, se dio a conocer que, de acuerdo con los primeros resultados de las necropsias realizadas tras el enfrentamiento, no hubo tiros a quemarropa ni de gracia. Se informó que los estudios son realizados por peritos y forenses de las procuradurías General de la República y de Michoacán.
No obstante, Wilkinson dijo que "para no repetir el fiasco de la investigación sobre el caso Tlatlaya, la Procuradora general de la República [Arely Gómez González] debería convocar inmediatamente a expertos forenses independientes y rigurosos que puedan otorgarle credibilidad a su investigación sobre los asesinatos”.
La organización recordó que funcionarios del gobierno mexicano, incluidos los comisionados Enrique Galindo Ceballos y Monte Alejandro Rubido García, negaron expresamente que los policías hubieran cometido ejecuciones extrajudiciales.
Agregó que el Procurador General de Michoacán, José Martín Godoy, declaró a periodistas que el caso estaba siendo integrado por la PGR, pero que su procuraduría estaba practicando las primeras diligencias. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también está investigando lo sucedido.
PRENSA EXTRANJERA RECHAZA VERSIÓN OFICIAL
Desde el fin de semana, The Associated Press (AP), la Agence France-Presse (AFP), así como el sitio norteamericanoThe Daily Beast y el medio británico The DailyMail cuestionaron la versión oficial del gobierno mexicano. Posteriormente lo hizo The Wall Street Journal.
“El asimétrico número de muertos despertó sospechas, al igual que el hecho de que todos los civiles en el rancho, con la excepción de los tres detenidos, murieron y ningún [atacante] resultó herido”, cuestionó The Daily Beast en un artículo que firma Jason McGaham. El medio indicó que varias horas antes del primer comentario del gobierno mexicano, las fotografías tomadas en el lugar comenzaron a circular en las redes sociales.
“Éstas mostraron los cadáveres de jóvenes extendidos en el porche de una casa de campo o en los campos de los alrededores de un rancho privado denominado Rancho El Sol. Al menos una de las víctimas habían perecido sin tiempo para ponerse los zapatos. Otro murió en su ropa interior”, dijo el medio. Y agregó:
Para una ciudadanía mexicana que aprendió de la sobreexposición a la violencia a examinar los espeluznantes detalles de las escenas del crimen, las armas y municiones fotografiados cerca de los cuerpos parecían haber sido plantados después del hecho. El cadáver de un joven en una de esas fotos se encuentra boca arriba, un rifle de alta potencia asalto descansando horizontalmente a través de su torso desnudo. En una foto [...] otra víctima sin vida yace sobre su espalda con un cinturón de cartuchos para munición bajo su mano izquierda; en una foto distinta del mismo cadáver, la cartuchera no está por ningún lado.
En tanto, The Dailymail refirió:
El gobierno mexicano es acusado de un encubrimiento después de que 42 presuntos miembros del cártel y un policía murieron en un feroz tiroteo de tres horas que estalló en un rancho en el oeste de México. Testigos presenciales describen un escenario de absoluta carnicería, con cadáveres de hombres sin camisas y algunos sin zapatos esparcidos por el rancho. Pero a medida que los investigadores y funcionarios de derechos humanos continuaron trabajando en el lugar el sábado, algunas preguntas se están planteando sobre la versión del gobierno de los acontecimientos.
Por su parte, la agencia estadounidense AP mencionó que “a pesar de la versión oficial, la escasa cifra de bajas federales ha suscitado dudas debido a un caso similar sucedido el 30 de junio en el Estado de México, donde el Ejército dijo que 22 presuntos delincuentes murieron en un tiroteo con soldados, en el que sólo un efectivo resultó herido”.
El experto en seguridad Alejandro Hope dijo a la agencia que es “extraña” la versión del gobierno sobre lo sucedido en la finca. Cuestionó el que hubiera más muertos que armas recuperadas.
“Todavía hay muchísimas piezas oscuras de información”, declaró Hope, quien trabajó antes para la agencia nacional de inteligencia de México. En tanto, familiares de los 42 presuntos criminales abatidos el viernes pasado dijeron a AP que luego de ver en la morgue cómo quedaron los cuerpos de sus hermanos, esposos o hijos no creen que se haya tratado de un enfrentamiento.
Los familiares de los fallecidos dijeron al medio bajo condición de anonimato que acudieron a Rancho El Sol por trabajo. La agencia menciona el caso de Juan Enrique Romero Caudillo, de 34 años, quien de acuerdo con un familiar “había conseguido una chamba para dar mantenimiento a un rancho”. Sobre Mario Alberto Valencia Vázquez, de 22 años, un pariente refirió que “le ofrecieron trabajo en el rancho y se vino”.
En una entrevista para AFP, Víctor Hugo, cuyo hermano Luis Alberto estaba entre los muertos el viernes, dijo que “no fue un enfrentamiento, fue una masacre”. El reporte de la agencia francesa refiere que los familiares de los occisos dudan del enfrentamiento.
La mayoría de las familias que acudieron este domingo al Servicio Médico Forense de Morelia son provenientes de Ocotlán, Jalisco, y dijeron a la agencia que muchos de los hombres que fueron asesinados eran agricultores que habían ido a Michoacán para encontrar trabajo.
Reynoso dijo que su hermano era “tranquilo” y quería estudiar, pero “fue a trabajar” después de que no pudo conseguir acceder a alguna universidad. ”Quienquiera que eran, o la manera en que murieron, no es ninguna razón para que pasemos por esto”, dijo. También afirmó que los cuerpos en la morgue fueron tratados “como animales”.
“Nos dijeron que no había refrigeración, pero sólo hay espacio para 11 personas. Los otros están allí tumbados, en descomposición”, dijo una mujer a la AFP, quien quiere el cuerpo de su hijo.
Para The Daily Beast, lo ocurrido en Ecuandureo “es parte de una tendencia nacional en la que, cada vez más, las fuerzas de seguridad mexicanas están causando los mayores recuentos de víctimas”.
“De hecho, dos de los actos más sensacionales de la violencia en el último año en México no han tenido lugar a partir de la lucha entre dos bandas de narcotraficantes, sino más bien de las autoridades masacrando a un gran número de presuntos delincuentes”, dice el medio, el cual menciona lo ocurrido en Tlatlaya el pasado 30 de junio y lo sucedido en Apatzingán en enero de este año.
