A casi 5 semanas de inicio de la cuarentena y de que algunas instituciones entre ellas las de actividad jurisdiccional y cuasijurisdiccional comunicaran la suspensión o modificación de sus actividades, algunas conversaciones dentro del movimiento de derechos humanos han ido en torno a la necesidad de cambios estructurales que permitan a toda la población tener la posibilidad de tomar decisiones en casos extremos como los que estamos viviendo.

La pandemia nos ha puesto de frente a la desigualdad que se vive en nuestro país. Sin reconocer el estado de pobreza en el que se encuentra casi la mitad de la población mexicana, existen quienes exigen medidas similares a las de los países más ricos manteniendo la invisibilidad histórica de aquellas personas cuyos derechos han sido históricamente vulnerados. Hay quienes reniegan de los que no se quedan en casa sin tratar de entender las razones que hay detrás y llegan, incluso, a exigir al gobierno que se les reprima. Hay gobiernos – no solo en México-, que por mostrar autoridad han sido parte de esas medidas extremas de las cuales se han tenido que retractar al reconocer la incapacidad económica para sufragar el hambre. En algunos casos, estas medidas han resultado contraproducentes exacerbando el descontento social. En otros, las medidas más duras han derivado en el incremento de la criminalidad y la violencia.

En los últimos días nos han informado que la tasa de mortandad por COVID 19 en México va por encima de la media mundial y tampoco nos preguntamos ¿por qué? La simplicidad del análisis conviene solamente a los que no quieren ver; a quienes les gusta la idea de regresar a la “normalidad”.

Esa normalidad por ejemplo, que asume que la garantía de los derechos al agua, a la salud, a Internet y a la información dependen del código postal, de la lengua o del color de piel. La normalidad para instituciones como las del Sistema Nacional de Transparencia es aquella en la que se asume que el acceso a la información es solamente un acto administrativo que puede suspenderse sin mecanismos alternativos que garanticen que la información llegue a la gente, principalmente a la más vulnerable. No se ve ni se reconoce la esencialidad de la información en un contexto de crisis. También la normalidad es aquella que inhibe la capacidad creativa e innovadora del servicio público, de lo más altos funcionarios, para promover el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de información en lugar de estigmatizarlo o criminalizarlo.

El Instituto Nacional de Transparencia recibió una carta de más de 50 organizaciones con recomendaciones y observaciones puntuales de lo que consideramos que debiera impulsar de manera inequívoca en este contexto. En particular se pidió al INAI fijar directrices claras para los sujetos obligados para acercar información a la gente de las poblaciones más vulnerables y generar alianzas con actores clave que pueden hacer la diferencia en explicar la situación y lo que viene (por ejemplo con radios comunitarias). No obstante, hasta el momento no hay propuestas claras sobre el compromiso o las acciones que se llevarán a cabo para lograrlo, tampoco estoy segura de que lo quieran hacer y que el INAI quiera ver el sistema de derecho a la información más allá de una solicitud, una respuesta, un recurso, una resolución y un portal. Tampoco lo estoy de que quieran dar cuenta de las brechas lingüisticas, educativas, de pobreza y digitales que inhiben el ejercicio pleno del derecho a la información, esto significaría mucho trabajo. Vamos a ver.

Por su parte, el Presidente una vez más arremetió en contra de la prensa y señaló que en México no había periodismo independiente, que había buenos y malos y señaló algunos nombres. Como en otras ocasiones, él toma su palabra como un arma en contra de aquellos que buscan ganar el debate público, que contradicen o cuestionan sus políticas o su forma de gobierno bajo el estandarte del derecho de réplica convirtiendo al mensajero en el mensaje. Esto sin considerar que, hoy más que nunca, necesitamos que el periodismo separe a los ciudadanos de las campañas de desinformación que buscan generar miedo, paranoia y caos. Es cierto, también el periodismo mexicano tiene que cambiar y tiene que mirar por sus audiencias y promover una base ética, pero mientras la vara con la que se mide el “buen” o “mal” periodismo dependa de amiguismos, será difícil que los medios de comunicación no busquen empatizar con algún funcionario público en turno.

Hay muchas personas que creemos que esto debe de cambiar, pero si las instituciones encargadas de garantizar el acceso al derecho a la información y la libertad de expresión no lo creen, si no generan mecanismos eficientes para acercar información lingüistica y culturalmente relevante a todas las personas y si no se reconoce la escensialidad del periodismo y de la información en un contexto como este, los que perdemos somos nosotros, la sociedad. La falta de información profundiza las desigualdades y las brechas siempre, pero lo hace de forma aún más significativa en una situación de emergencia en donde las acciones que se tomen de manera individual y colectiva marcarán el futuro de las comunidades.

Ana Cristina Ruelas

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Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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