Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).– Organizaciones civiles de distintos municipios del Estado de México se unieron para denunciar el “despojo” y el “robo” de tierra, agua y la destrucción biocultural para favorecer los megaproyectos en los cuales participan Grupo Higa, Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Constructora Teya, Consorcio Desarrollador Internacional, Ingeniería Electrónica Especializada, entre otros.
Pobladores aseguraron que el gobierno encabezado por el priista Eruviel Ávila Villegas “ha mantenido un discurso de progreso”, pero a la fecha no ha realizado ninguna consulta popular, ni ha dimensionado las afectaciones que se podrían ocasionar por las llamadas megaobras que se han desarrollado a lo largo de su administración.
Incluso, dijeron, ha usado la fuerza policiaca para desalojos, los cuales tienen un mismo modus operandi: llega un supuesto dueño del terreno con unas escrituras, se pide el desalojo, los habitantes inician un proceso legal, después se opera el desalojo por parte de autoridades municipales y estatales y, finalmente, cientos de familias pierden su patrimonio y son desplazadas.
Bárbara Vargas Bartolo, de Cahuacán Unido por los Derechos Humanos AC, explicó que en ese municipio las empresas Consorcio Desarrollador Internacional S.A de C.V., Ingeniería Electrónica Especializada S.A de C.V., los “despojaron” de al menos 800 hectáreas de tierra para construir un desarrollo industrial. La activista agregó que esa zona es estratégica por los mantos acuíferos que abastecen varias regiones habitadas.
“En un principio van a afectar a 17 mil personas, quieren destruir 400 hectáreas de bosque, además de las parcelas de varias personas, tierras de cultivo, que son el sustento de muchas comunidades. […] Hablamos de dos afectaciones principales: quieren acaparar el agua y talar el bosque”, dijo Vargas.
DESPOJOS A INDÍGENAS
Ciudadanos otomíes de las montañas del Bosque Mexica en San Lorenzo Huitzizilapán, también informaron que se oponen a la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan, a cargo de “la empresa favorita del Gobierno federal: Grupo Higa”, y denunciaron que fueron obligados a vender por parte de la Procuraduría Agraria, la cual “nos amenazó con expropiarnos”.
“Nosotros vamos a defender a nuestro pueblo indígena, nuestra cultura y nuestros derechos ante las acciones de las autoridades que han actuado en contubernio, para disfrazar proyectos, dizque en beneficio y el desarrollo de nuestras propias comunidades y en realidad es completamente lo contrario”, informó uno de los representantes otomíes.
El pasado 19 de marzo, cerca de 450 casas de la colonia Brisas del Lago en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, fueron demolidas. Cientos de familias fueron desalojadas por la fuerza sin que las autoridades mostraran la documentación correspondiente. La razón, es que a pesar que los habitantes compraron esos terrenos desde hace décadas, hasta apenas surgió un presunto nuevo dueño; sin embargo, los pobladores acusaron violación de derechos humanos y despojo, hechos en los que aseguran, están involucradas las autoridades y supuestamente Banorte, informó SinEmbargo el pasado 7 de abril.
Pobladores de los municipios de Apaxco, Huehuetoca y Coyotepec denunciaron la mafia que existe en torno a los tiraderos y el manejo en la recolección y traslado de basura, en especial de residuos industriales, cuyas concesiones han sido otorgadas por los municipios por medio de un convenio llamado Sistema Intermunicipal de Gestión Integral de Residuos del Valle de México.
Javier Euroza, de la organización Apaxco: Urbanización Salvaje, Basura y Contaminación Ambiental, detalló que esos municipios carecen de servicios públicos y se han visto afectados por los basureros de residuos tóxicos, a tal grado que Huehuetoca se ha convertido en “una ciudad fantasma” y guarida de grupos delictivos.
“Ya no sólo hablamos de personas que serán despojadas, sino de personas que ya sufren este modelo que llaman desarrollo, que no es un desarrollo para todos, es una plataforma que viola todos los derechos humanos: a la educación, al medio ambiente, a una vivienda digan y también derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos. Es el caso de Apaxco y Coyotepec que colindan con una ciudad bicentenario, Huehuetoca, la cual ha colapsado y tiene 10 mil casas abandonadas”, expuso Euroza.
Finalmente, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco (FPDT), informó que siguen firmes en su oposición a la construcción del proyecto llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), el cual, dijo, “dejará muerte” en la biodiversidad y en la cultura.
Desde el anuncio del proyecto, en el cual participan empresas de Carlos Slim como ICA y Constructora Teya, de Grupo Higa, el FPDT, junto con expertos de diferentes áreas han mostrado evidencias sobre los daños que podría provocar a nivel ambiental, cultural, social, entre otros.
La obra, considerada como el gran proyecto del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, tendrá un costo de 169 mil millones de pesos, el diseño estará a cargo de los arquitectos Norman Foster y Fernando Romero. En 2009, bajo la administración del entonces Presidente Vicente Fox Quesada y de Enrique Peña Nieto, como Gobernador del Estado de México, se propuso este proyecto; sin embargo, se canceló debido a las fuertes protestas de los pobladores del municipio mexiquense de San Salvador Atenco.
Ante los megarpoyectos iniciados y que están por arrancar en el Edomex, decenas de organizaciones civiles realizarán una caravana del 15 días, la cual llevará en nombre del Fuego de la Digna Resistencia, que se llevará a cabo del 29 de abril al 15 de mayo y recorrerá los municipios de Tecamac, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chicoloapan, Los Reyes, Toluca, entre otros, para hermanar a “pueblos despojados” y hacer más fuerte su frente en defensa del agua, la tierra y la vida.
