El 2022 rompió el récord de agresiones contra la prensa, con un ataque documentado cada 13 horas; México se posicionó como el país más letal para ejercer el periodismo en el continente, incluso con cifras similares a las de países en guerra.
Ciudad de México, 28 de marzo (SinEmbargo).- Artículo 19 presentó su informe anual “Voces contra la Indiferencia” sobre la violencia contra la prensa, libertad de expresión, acceso a la información y respeto de derechos humanos en México.
Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, señaló que en los últimos cuatro años del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador el panorama de la libertad de expresión se sigue deteriorando y se ha reducido el derecho a la información, además de que los ataques contra la prensa han constado, mayoritariamente, de amenazas, intimidación y acoso.
En el último año, en al menos 176 ocasiones el Ejecutivo vertió comentarios estigmatizantes a medios de comunicación, periodistas e, incluso, organizaciones de la sociedad civil. De estos 176 hechos, 44 se configuraron como ataques contra la prensa, de los cuales 33 fueron cometidos directamente por el titular del Ejecutivo federal.
En el 2022 se registraron 696 ataques contra la prensa, convirtiéndose así, en el año más violento para la labor periodística desde que la organización inició el registro de agresiones en 2007, además de que los doce asesinatos registrados el año pasado lo convirtieron en el año más letal para la prensa junto con 2017.
Las agresiones contra periodistas alcanzan una frecuencia de una cada 13 horas, donde la mayoría son cometidas por autoridades; de los casos documentados, 296 (42.53 por ciento) fueron perpetrados directamente por actores del Estado. Los cinco estados con más casos de ataques contra la prensa en 2022 fueron la Ciudad de México, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz.
LA VIOLENCIA NO SE DETIENE
Maldonado recordó el casi nulo avance institucional en temas de seguridad y justicia, donde el informe revela un déficit importante en la respuesta en defensa de víctimas. Desde enero de 2020 hasta diciembre de 2022, se registraron 1504 personas en el padrón local de víctimas de la Ciudad de México, de las cuales solamente 186 han recibido apoyo con recursos económicos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral capitalino.
En mayo del año pasado, el país llegó a la cifra de 100 mil 000 personas desaparecidas, mientras que entre 2019 y 2022 se han registrado más de 30 mil 000 de estos casos y se estima que, debido al alza y continuidad de la violencia, al finalizar el sexenio podrían ser de más de 60 mil 000 los casos.
MILITARIZACIÓN Y ESPIONAJE
El informe también da cuenta de las preocupaciones sobre la militarización del país y la opacidad que ronda a las fuerzas armadas, particularmente en torno a acciones de espionaje como herramienta de intimidación y amenaza en contra de periodistas y defensores de derechos humanos que han sido reveladas en meses pasados por grupos hacktivistas.
Estas filtraciones confirman que las instituciones castrenses consideran como enemigos a quienes investigan, denuncian y exponen casos de violación a derechos humanos, sin que la respuesta del gobierno federal haya sido satisfactoria; incluso se destinaron recursos públicos para implementar una campaña desde sitios digitales oficiales con la finalidad de desmentir el uso de malware.
El hackeo a la Secretaría de la Defensa (SEDENA) ha sido utilizado como pretexto para impulsar leyes de ciberseguridad restrictivas de los derechos humanos e inhibitorias de la libertad de expresión.
INSTITUCIONES SIN RUMBO
El reporte también señala que la creciente militarización del país se ha dado a costa de un nulo avance institucional, donde destaca que la procuración de justicia tampoco avanza a los niveles y al ritmo esperados.
Conforme a los datos proporcionados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), desde 2010, año de su creación, hasta diciembre de 2022, de un total de 1592 indagatorias por crímenes contra periodistas, se han obtenido únicamente 32 sentencias (contando las cuatro logradas el año pasado).
Durante 2022 la mayor parte de las designaciones de titulares de diversos organismos públicos quedó pendiente. El año cerró con 23 procesos inconclusos, de cara a este año existe un acumulado de 16 procesos pendientes, incluidos los del Instituto Nacional Electoral (INE) o los del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Artículo 19 señala la utilización facciosa de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ya que en lo que va de la administración de Rosario Piedra, 17 de las 28 recomendaciones dirigidas a la Sedena, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (Semar) se refieren a hechos ocurridos antes del 1 de diciembre de 2018.
Asimismo, señala que la CNDH ha demostrado una preocupante parcialidad y falta de autonomía durante el sexenio actual, esto después de que se negara a presentar una acción de inconstitucionalidad frente a las reformas que convirtieron a la GN en un cuerpo castrense y respaldó las propuestas para reformar el INE en línea con el discurso oficial.
