El llamado Plan B, en realidad un decreto del Presidente que contiene reformas a varias leyes en materia electoral, fue suspendido recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).  Esa resolución constituye la segunda derrota del obradorismo, pues antes había fracasado el intento de concretar una Reforma Constitucional propuesta por el régimen para cambiar de raíz nuestro marco jurídico electoral. Cero y van dos. Se habla ahora de un plan C por parte del Presidente, el cual entrañaría colocar a personas simpatizantes de la causa obradorista como Consejeros Electorales. Más allá de si esto prosperará, por lo pronto la reformas a la Leyes secundarias propuestas por el Gobierno están naufragando.

En efecto, el pasado 24 de marzo, la SCJN anunció que había realizado tres acciones que, sin duda, contribuyen a afianzar el orden democrático, republicano y liberal de nuestro país.

En primer lugar, el Ministro Javier Laynez Potisek admitió la controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el decreto presidencial que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de tres leyes electorales y expide una nueva Ley relacionada con medios de impugnación en materia electoral.

En segundo lugar, el mismo juzgador solicitó a las dos autoridades demandadas – el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo – que den respuesta dentro del plazo legal a la referida controversia. En cuanto eso ocurra la Suprema Corte de Justicia, estará en camino de emitir una resolución de fondo.

Finalmente, la Suprema Corte concedió la suspensión solicitada por el INE de todos los artículos impugnados del Decreto referido. Esto quiere decir que, por lo pronto, el orden jurídico anterior al Decreto se mantiene vigente en tanto se agota el procedimiento. Esta suspensión se concedió porque las disposiciones del llamado Plan B podrían atentar contra los derechos humanos de manera irreparable, en este caso, de los derechos electorales de ciudadanos y ciudadanas.

Lo anunciado por la Suprema Corte se funda indudablemente en los principios constitucionales, liberales y republicanos de nuestra Carta Magna. Lo valioso de ello es que la separación de poderes, que es la columna vertebral de nuestro orden republicano, se mantiene robusta a pesar de los continuos ataques del titular del Ejecutivo. 

Mención aparte merece la sociedad civil organizada que mostró su músculo el pasado 26 de febrero en una gran demostración de fuerza cívica. Como sabemos esa reunión multitudinaria en decenas de ciudades estuvo pensada para respaldar la independencia del Poder Judicial ante los continuos amagues del Jefe del Ejecutivo y de cara a que deba resolver graves asuntos para la vigencia del sistema democrático.

Lo que viene ahora es, sin duda, el intento de las dos partes demandadas – los poderes Legislativo y Ejecutivo – de justificar legalmente ante la Corte el paquete de reformas contenidos en el decreto, popularmente conocido como el Plan B. 

Todo lo cual es perfectamente legítimo y es celebrable que, al menos por ahora, las cosas se estén decidiendo de acuerdo al proceso jurídico avalado por la Constitución y previsto en la legislación especializada. México sigue siendo una República. 

Gustavo de Hoyos Walther

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Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

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