El Presidente criticó al Ministro Laynez Postisek, quien concedió la suspensión del Plan B de la Reforma Electoral, sin embargo, señaló que buscará impulsar cambios en el Instituto Nacional Electoral (INE) con el Plan C.
Ciudad de México, 28 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió esta mañana en contra del Ministro Javier Laynez Potisek, quien concedió la suspensión del Plan B de la Reforma Electoral, al llamarlo “alteza serenísima” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Ya ahora tenemos en los hechos, o quieren que prevalezca, que impere en México una especie de ‘Supremo Poder Conservador’, y este Ministro [Javier] Laynez ya es como su alteza serenísima“, dijo en su conferencia de prensa matutina.
“Esta Ley fue cancelada por un Ministro, es interesante porque la aprobaron diputados y senadores, el Poder Legislativo, que es el poder más cercano a la soberanía popular, y de repente un Ministro que no es electo por el pueblo, ni siquiera la Suprema Corte, sino un Ministro, la cancela, es un hecho, yo pienso, inédito y desde luego injusto, arbitrario”, agregó.
Asimismo, el mandatario mexicano consideró que la suspensión del Plan B “no es un asunto jurídico”, sino un “asunto político y mercantil”, pues, según dijo, “lo que no quieren no es ni siquiera que se apruebe la Ley o que se declare constitucional la Ley Electoral, lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE”.
El pasado 24 de marzo, el Ministro Laynez Potisek concedió al INE una suspensión a la entrada en vigor del Plan B electoral, por lo que podrá seguir operando como lo hacia antes de la reforma impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
También otorgó la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del Decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma.
El Ministro de la SCJN aseguró que entregó la suspensión “para evitar la posible disminución de la capacidad operativa del órgano y con ello salvaguardar el sistema democrático nacional“.
Según el acuerdo de la suspensión que fue publicado el pasado lunes 27 de marzo, “el sistema democrático nacional tiene como garantía orgánica la adecuada capacidad operativa del INE”, sin embargo, alertó que “el decreto reclamado [el del Plan B] produce una modificación sustancial en la organización, estructura y funcionamiento del propio órgano, al grado que es posible que se pueda comprometer su regular funcionamiento en los términos que venía operando”.
Laynez Potisek también advirtió que “de no concederse la suspensión, el Instituto actor quedaría afecto a la aplicación del nuevo esquema orgánico dispuesto por el legislador, con las consecuentes adecuaciones presupuestarias, lo cual traería como consecuencia la desaparición de plazas y la remoción de diversos servidores públicos y, por tanto, la necesaria afectación irreversible a la capacidad del Instituto para cumplir las funciones constitucionales que tiene encomendadas frente a la ciudadanía”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la demanda presentada por el @INEMexico en contra de las reformas legales que modifican tanto su estructura como sus procedimientos y concedió la suspensión solicitada.
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— Suprema Corte (@SCJN) March 25, 2023
El pasado domingo 26 de marzo, en un comunicado titulado “Para conceder suspensión, Ministro Laynez arrancó hojas a la Constitución”, el Poder Ejecutivo federal acusó que en contra de lo que prevé expresamente la norma fundamental, “Laynez Potisek decidió admitir a trámite la controversia constitucional presentada por el INE y conceder una suspensión total para que no surta efectos el decreto expedido por el Congreso de la Unión que modifica diversas leyes en materia electoral, “cuyo objeto es reducir los costos burocráticos de las elecciones y afianzar los principios democráticos para que los derechos político-electorales de la ciudadanía sean verdaderamente respetados y no ocurran más fraudes, como en el pasado”.
De acuerdo con la Presidencia de la República, “se trata de régimen de excepción que modifica los precedentes jurisprudenciales en la materia y anula por completo la presunción de validez constitucional que toda norma general posee, ya que la Ley constituye la expresión de la voluntad popular a través de sus representantes electos democráticamente”.
Por último, reiteró que no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano y dio a conocer que “solicitará al pleno de la SCJN revocar el acuerdo que admite a trámite dicha controversia, así como la medida suspensiva, al resultar contrarias a los principios fundamentales del Estado de Derecho que nos rige”.
