Juan Collado Mocelo es uno de los abogados más reconocidos y prestigiosos del país. Entre su lista de clientes están Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, el exgobernador Mario Villanueva Madrid y Enrique Peña Nieto. Desde el 9 de julio de 2019 está preso, por lo que busca obtener su libertad.
Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo).– El abogado Juan Collado Mocelo negocia un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para salir de prisión a cambio de denunciar por extorsión y lavado de dinero a presuntos allegados a Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el empresario que denunció al litigante por despojarlo del edificio sede de Caja Libertad, Sergio Hugo Bustamante Figueroa, se opone rotundamente.
“Me opongo de forma terminante a que se le otorgue cualquier beneficio hasta en tanto no me sea reparado el daño, es decir, me regresen mi propiedad que, de manera ilegal, se apropiaron”, dice a Sin Embargo el empresario Bustamante Figueroa, quien en junio de 2019 presentó la denuncia que dio origen al encarcelamiento de Collado y otros implicados.
Esta denuncia penal del empresario despojado del edificio en Querétaro de Libertad Servicios Financieros, conocida como Caja Libertad, originó la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) porque presuntamente los verdaderos propietarios de ese negocio son los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, así como Francisco Domínguez Servién, exgobernador panista de Querétaro.
El de Collado Mocelo, abogado de prominentes figuras como Salinas, Peña Nieto y Carlos Romero Deschamps, es uno de los casos emblemáticos del Gobierno de López Obrador contra la alta corrupción ante la FGR, señalada de lentitud e ineficacia.
Bustamante Figueroa exige a la FGR que no deje en libertad a Collado Mocelo mientras no le devuelva su propiedad en Querétaro, porque pese a haberle ganado el juicio y de haber firmado un convenio judicial, que contempla la devolución del edificio, los abogados de Libertad Servicios Financieros han incumplido promoviendo diversas argucias.
“¿Por qué lo hacen? Supongo que por venganza, por haberlos denunciado penalmente. Impunidad y corrupción”, enfatiza el empresario, quien también acusa a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), encargada de supervisar el correcto funcionamiento de organismos financieros, de solapar a Libertad Servicios Financieros, negocio de Collado Mocelo que sigue manejando desde prisión.
Y es que el empresario queretano fue quien inició el litigio que llevó a prisión a Collado --quien ahora negocia su libertad con la FGR acusando de una supuesta “extorsión de Estado” a Scherer Ibarra y abogados vinculados a él, según el diario Reforma-- con la denuncia penal de junio de 2019, en la que asegura que el director general de Libertad Servicios Financieros, Jesús Beltrán González, le informó que Salinas, Peña, Domínguez y el casinero Rodríguez Borgio son los verdaderos dueños de la sociedad financiera.
Ante la FGR, el empresario declaró: “Esta persona (Beltrán), como lo mencioné en alguna parte de mi denuncia, de viva voz me comentó (en ese entonces me unía una amistad con él) que él había elaborado los contratos privados que acreditaban la participación accionaria (propiedad disfrazada) de varias personas en Libertad Servicios Financieros. Me mencionó a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servién, José Antonio Rico Rico, Juan Ramón Collado Mocelo, Javier Rodríguez Borgio”.
En otra parte de su denuncia, Bustamante Figueroa expone: “Tuve conocimiento por diversos conductos (llamadas telefónicas y mensajes personales) que no le buscara tres pies al gato dado que, atrás de Rico Rico y Collado, estaba gente muy pesada que, en realidad eran los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros, refiriéndose en particular y mencionándolos por su nombre a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servién, Mauricio Kuri, sorpresivamente miembro del Consejo de Libertad Servicios Financieros".
Respecto a la reciente publicación en algunos medios, señalo categóricamente que durante mi gestión al frente de la #UIF no se cerraron expedientes vs ninguna persona. De hecho, institucionalmente presenté dos denuncias contra Juan Collado una el 04/07/19 y la otra el 03/09/20.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) February 27, 2022
Aunque el exgobernador Domíguez Servién y su sucesor, Mauricio Kuri González, rechazaron toda sociedad con Collado, en tanto que los expresidentes priistas guardaron silencio, las investigaciones contra del litigante continuaron a raíz de la denuncia del empresario ante la FGR, que a su vez solicitó información a la UIF que encabezaba Santiago Nieto Castillo.
Así, conforme a sus hallazgos, la UIF presentó dos denuncias ante la FGR: la primera por el uso de recursos de procedencia ilícita, presentada el 4 de julio de 2019, y la otra el 3 de septiembre de 2020, como lo dio a conocer Nieto Castillo en un mensaje este domingo a través de su cuenta de Twitter.
“Respecto a la reciente publicación en algunos medios, señalo categóricamente que durante mi gestión al frente de la UIF no se cerraron expedientes vs. ninguna persona. De hecho, institucionalmente presenté dos denuncias contra Juan Collado una el 04/07/19 y la otra el 03/09/20”, escribió el exfuncionario tras la difusión de un presunto acuerdo que negocia Collado y la FGR.
Según la información publicada por el diario Reforma, Collado acusa de extorsión, asociación delictuosa, lavado y tráfico de influencias a los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández e Isaac Pérez Rodríguez, así como David Gómez Arnau, financiero y representante de Grupo Afirme, todos presuntamente vinculados a Scherer Ibarra.
De acuerdo con el diario, que dijo tener acceso a la denuncia, Scherer Ibarra ofreció a Collado excarcelarlo a través de un acuerdo reparatorio y simultáneamente un grupo de abogados, quienes fueron socios del exfuncionario en un despacho, le pedía vender Caja Libertad a Banco Afirme, de Julio César Villarreal Guajardo, empresario que según el testimonio de Collado es amigo de Scherer, de acuerdo con lo que le aseguraron esos mismos abogados.
“Realizaron hechos que tenían como fin utilizar al Estado mexicano y sus respectivas instituciones, a efecto de que les entregara diversas cantidades de dinero y otros bienes de mi propiedad [...] crearon una red de complicidades para obtener beneficios económicos”, establece la denuncia del abogado.
De acuerdo con Reforma, la denuncia es la base del caso con el que la FGR pretende que sean vinculados a proceso, aunque precisa que Scherer Ibarra es el único contra quien la FGR no judicializó el caso, pese a que, según su relato, éste ofreció a Collado promover su excarcelación a cambio de dos mil millones de pesos como reparación de daño, lo que cancelaría las acusaciones de delincuencia organizada y lavado que lo llevaron a la cárcel.
Según la denuncia de Collado, pagó a los abogados encabezados por Araujo 10 millones de pesos a cambio de que la UIF cerrara una investigación en su contra.
Además, los abogados le pidieron tres millones de dólares, de los cuales, pagó la mitad para defenderlo desde su captura en julio de 2019. “Me dijeron que el pago era el único camino a la libertad”.
Sin embargo, Julio Scherer Ibarra desmintió ayer que haya participado en una supuesta extorsión al abogado de destacados políticos. “En relación al reportaje publicado el día de hoy en el periódico Reforma, en el que se hacen señalamientos sobre mi persona, hago las siguientes aclaraciones […]. En efecto, recibí a los hijos del señor Collado a solicitud expresa de ellos”, confirmó.
Pero aclaró que turnó el asunto “a la Fiscalía General de la República, por ser de su competencia”. En un hilo a través de su cuenta de Twitter, señaló: “No conozco personalmente al señor Collado, ni estoy enterado de las conversaciones de éste con sus abogados”. “Todo lo demás, son inferencias de mala fe”, concluyó.
En relación al reportaje publicado el día de hoy en el periódico Reforma, en el que se hacen señalamientos sobre mi persona, hago las siguientes aclaraciones:
— Julio Scherer (@JScherer_Ibarra) February 27, 2022
La denuncia de Collado, que busca un “criterio de oportunidad” para salir libre, la presentó el 19 de octubre del año pasado y Scherer Ibarra renunció como consejero jurídico 10 días después, el 2 de septiembre, con elogios del Presidente López Obrador: “Julio es como mi hermano”.
El origen del encarcelamiento de Collado es la denuncia del empresario queretano Bustamante Figueroa, registrada en la carpeta de investigación FED/SEIDF/ UNAI-CDMX/0000949/2019, en la que afirma que el abogado participó en una red de empresarios que fingían la adquisición legal de inmuebles, entre ellos una propiedad suya, sede de Caja Libertad, y posteriormente distribuían los recursos obtenidos a través de cuentas personales.
En la integración de la carpeta de investigación se especifica que Bustamante Figueroa fue accionista de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro S.A. DE C.V., desde abril de 2010, con el 50 por ciento de las acciones y el otro 50 por ciento era propiedad de José Antonio Rico Rico.
La operadora adquirió un inmueble en la zona comercial centro sur en Querétaro, con una superficie de tres mil 877.17 metros cuadrados, donde se edificó un centro comercial de seis niveles y con seis niveles de estacionamiento con un valor actual de 700 millones de pesos.
Según la UIF y las declaraciones del empresario, en 2013 el socio de éste vende las acciones de la empresa a José de Jesús Alberto Cárdenas Rico y Fanny Gabriela Frías Cantú, y posteriormente, en 2015, José Antonio Vargas Hernández vende en 56 millones de pesos el centro comercial y se hace un depositó a favor del presidente del Consejo de Administración, Juan Collado, por 24 millones de pesos.
3.- No conozco personalmente al señor Collado, ni estoy enterado de las conversaciones de éste con sus abogados.
Todo lo demás, son inferencias de mala fe.
— Julio Scherer (@JScherer_Ibarra) February 27, 2022
La UIF detectó otra trasferencia bancaria por 70 millones de pesos, el 8 de abril de 2015, a la empresa Administradora Arios S.A. DE C.V., otros dos traspasos por 25 y 750 millones de pesos el 30 de marzo de 2015, a la empresa con RFC AAR100302JM6.
Otro traspaso por mil 291 millones a la empresa Despacho Integral de Inmuebles, y uno más por 493 mdp a la empresa con RFC MRI110214BJA el mismo día.
Estas investigaciones de la UIF son las que dieron lugar a los cargos contra Collado Mocelo por el uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, y que lo mantienen el prisión desde el 9 de julio de 2019, cuando fue detenido en el restaurante Morton's, cuando comía con el líder sindical Carlos Romero Deschamps.
