Un tribunal alemán falló el pasado día 21 condenando a Heckler & Koch a una multa de 3.7 millones de euros y a dos exempleados de esta empresa a sendas penas de libertad condiciona por la venta de 4 mil 700 fusiles de asalto a ciertas regiones de México.
En la apertura del juicio el pasado 15 de mayo, el fiscal Karlheinz Erkert dijo que los acusados vendieron entre 2006 y 2009 alrededor de 4 mil 700 fusiles, así como ametralladores y munición destinadas a zonas en México con problemas de violencia, armamento para el que no existía permiso de exportación.
Berlín, Alemania, 28n de febrero (EFE).- El caso de la venta ilegal de armas alemanas a México, sentenciado la semana pasada con una multa para la empresa Heckler & Koch, se revisará en el Tribunal Supremo alemán después de los recursos presentados por los exempleados condenados, el fabricante y la fiscalía.
La Audiencia Provincial de Stuttgart informó este jueves en un comunicado de que elevará al Supremo este caso por la venta de unos 4 mil 700 fusiles de asalto G36 y sus componentes a ciertas regiones de México, algo ilegal según la ley alemana, que prohíbe las exportaciones de armamento a zonas de conflicto.
Este tribunal falló el pasado día 21 condenando a Heckler & Koch a una multa de 3.7 millones de euros y a dos exempleados de esta empresa a sendas penas de libertad condicional (mientras que otros tres antiguos trabajadores fueron absueltos).
La propia empresa no estaba acusada, pero aun así fue sentenciada a pagar esa multa, equivalente a la cantidad ingresada por la venta del material bélico.
En su escrito inicial, la fiscalía había pedido para tres de los cinco acusados penas de entre 22 y 33 meses de cárcel y para los otros dos, la absolución, y el pago por la empresa de una multa de 4.1 millones de euros.
En la apertura del juicio el pasado 15 de mayo, el fiscal Karlheinz Erkert dijo que los acusados vendieron entre 2006 y 2009 alrededor de 4 mil 700 fusiles, así como ametralladores y munición destinadas a zonas en México con problemas de violencia, armamento para el que no existía permiso de exportación.
La defensa argumentó que era el Ministerio de Defensa mexicano el encargado último de distribuir las armas en el país y que la parte mexicana había firmado un certificado de usuario final, por lo que los fusiles de asalto G36 no deberían haber llegado a esas áreas problemáticas.
