“Haiga sido como haiga sido”, el empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda y el candidato presidencial de derecha Ricardo Anaya Cortés habrían ganado dinero en una operación de compra-venta de un terreno y una nave industrial, plantea la información disponible en medios de circulación nacional.
Cada vez hay más pruebas -un video y testimonios- que relacionan a Barreiro y Anaya, lo que no es pecado. No obstante, Barreiro es investigado por lavado de dinero; y si la PGR prueba que Anaya estuvo involucrado en el supuesto entramado de recursos de procedencia incierta, el denominado “chico maravilla” se vería en serios apuros. Hasta ahora, Anaya tiene una larga lista de señalamientos en su contra -incluidos tres casos de supuesta triangulación de recursos-. Ninguno probado o meritorio de acción penal… aún.
Este miércoles, un Juez federal levantó la suspensión que tenía la PGR para llevar ante un Juez de Control su investigación contra el empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda, señalado de lavado de dinero, trama en la que estaría implicado el candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés. Con esa determinación, la Procuraduría ya no tiene impedimento para consignar su carpeta de investigación contra Barreiro, y, en su caso, puede solicitar una orden de aprehensión en su contra.
Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo).- Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente” de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), hoy en día es señalado, aún sin pruebas contundentes en su contra, de estar involucrado en una triangulación millonaria de recursos de dudosa procedencia.
No es la primera vez que Anaya es ligado a presuntos casos de corrupción y enriquecimiento deshonesto. Sin embargo, al menos en lo legal, ha librado todos los señalamientos que pesan sobre él.
Desde el año pasado, una noticia persigue al panista queretano: entre 2014 y 2016, compró y vendió un terreno en su estado natal. Lo adquirió por poco más de 10 millones de pesos y a los dos años de la compra, construyó siete mil metros cuadrados de una nave industrial que vendió en 54 millones de pesos.
Hoy, le es cuestionada la cantidad de dinero que genera y que no esclarece -a cabalidad- de dónde sale; también su presunta liga y “amistad” con Manuel Barreiro Castañeda, empresario investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por lavar dinero a través de empresas fantasma, quien junto con Anaya habría hecho tejes y manejes para enriquecerse a partir de “inflar avalúos”, señala el testimonio de personas ligadas al caso.
A lo largo de esta semana, Ricardo Anaya Cortés se presentó en las instalaciones de la PGR para rendir su declaración ministerial. No habló ante las autoridades, aunque sí entregó un documento dirigido al titular de la dependencia, Alberto Elías Beltrán, donde exige que le sea revelado si la Procuraduría cuenta con pruebas para acusarlo en materia penal.
“Dolosamente, omitieron señalar que a quien están investigando es a otra persona [quien es Barreiro] y no a mí. La PGR se ha prestado a la guerra sucia del PRI”, le dijo Anaya a medios de comunicación que lo esperaban afuera de la PGR. “Este gobierno federal priista usa a la PGR para dañar a quienes somos sus opositores” y para “confundir a la opinión pública”, acusó también.
El aspirante presidencial aseveró que “todo lo que yo he hecho ha sido legal y sobre todo cien por ciento transparente”. Algo cuestionable a ojos del escrutinio público, ya que Anaya, pruebas o no en su contra, no ha logrado transparentar sus finanzas con toda claridad. Pero tampoco ha podido deslindarse de los señalamientos, mismos que no han parado de salir en los últimos años.
Un ejemplo de su falta de transparencia fue dado a conocer por la revista Proceso en 2015, cuando refirió que Ricardo Anaya Cortés “mintió” en su última declaración de bienes ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), ocurrida en 2011.
Proceso documentó que, en dicha declaración, el panista no mencionó ser accionista de la empresa Cintla de S. de R.L. de C.V. En cambio, en su declaración 3de3 de 2015, el político queretano dijo ser accionista de dos empresas del sector inmobiliario [Cintla y JuniSerra S. de R.L. de C.V.] desde “hace cuatro años”. Es decir, desde 2011.
Como lo apuntó Proceso, “esa omisión podría ser violatoria de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y, quizá, pudo incurrir también en falsedad de declaración ante autoridad distinta a la judicial”.
LOS TRAPOS SUCIOS DE ANAYA
Cuando fue secretario particular del ex Gobernador de Querétaro Francisco Garrido Patrón [2003-2009], por ejemplo, a Ricardo Anaya le fue encomendado el manejo del Programa de Acción Comunitaria (PAC), a través del cual son repartidos materiales de construcción e insumos de mejoramiento urbano.
Según las versiones del actual Gobernador de la entidad, Francisco Domínguez Servién, y de la Diputada panista Raquel Jiménez Cerrillo, hay indicios para pensar que Anaya incurrió en actos ilícitos al manejar un presupuesto cercano a los mil millones de pesos.
Desde intercambio de predios por permisos, hasta el testimonio de Javier Bosque Urquiza, quien en 2011 fue detenido por defraudar al Gobierno queretano y quien aseguró que Anaya participó del timo al aportar ocho millones de pesos como inversionista de Grupo Boss -la empresa fraudulenta utilizada por Bosque Urquiza-, las acusaciones contra Ricardo Anaya ensombrecen su figura.
Sin embargo, el ahora candidato presidencial ha dicho que, las aportaciones, salieron de su patrimonio personal y no del dinero del erario público.
Algo parecido sucedió en 2010. Anaya fue señalado de triangular un millón 650 mil pesos que el empresario Abraham Jaik Villarreal, dueño de JV Construcciones Civiles, le donó a su “Fundación por más Humanismo”, creada en 2009 con el objetivo de “fortalecer la conciencia democrática de los queretanos y su formación cívico-política”.
De acuerdo con la revista Proceso, Anaya usó ese dinero para adquirir un terreno donde construyó un edificio que, en 2016, vendió en 7 millones 854 mil pesos a la empresa Agacel Agregados y Asfaltos, copropiedad de Lorena Jiménez Salcedo, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Querétaro y ex secretaria particular del Gobernador panista Francisco Domínguez Servién.
Al final del negocio, Anaya habría pagado 6 millones 559 mil pesos a la empresa JV Construcciones Civiles, misma que se quedó sólo con tres millones 209 mil pesos. Los tres millones 350 mil pesos restantes los transfirió, con dos depósitos, a la compañía DG Diseño y Construcciones, propiedad de Eduardo de la Guardia Herrera, quien es vocal de la “Fundación por más Humanismo”, presidida por Anaya.
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Unos años después de su paso por el Gobierno de Querétaro, salió a la luz otro escándalo en el que Anaya figuró.
En agosto de 2014, circuló en la internet un audio en el que el político queretano -ya en calidad de presidente del PAN- y Miguel Ángel Yunes Linares -entonces aspirante a Diputado federal- negociaban “entregar números” e “incrementar porcentajes para entregar”.
A ojos del escrutinio público, esa fue una negociación para llevar recursos del gobierno de Veracruz a las arcas del partido blanquiazul. Sin embargo, de acuerdo con Fernando Rodríguez Doval, vocero panista, el escándalo se basó en una “grabación editada, tal y como prueba el peritaje realizado por Alejandro Corral Serrano, perito en criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales”.
El caso fue enterrado. Anaya y Yunes no fueron acusados de manera formal y no hubo cargos en su contra.
Las acusaciones en detrimento de Ricardo Anaya Cortés inclusive han manado de las cúpulas panistas. En noviembre de 2016, Ricardo Alemán aseveró en Milenio que durante varios meses, legisladores y líderes del PAN denunciaron la presunta desviación de recursos públicos desde la dirigencia del partido -presidida por Anaya- para el supuesto financiamiento de su candidatura presidencial en 2018.
El periodista detalló que los testimonios, incluido el de un ex presidente del PAN, acusaban a Anaya de desviar dinero del denominado “Ramo 23” -que comprende fondos específicos del Gobierno federal para apoyar a los estados y los municipios con recursos adicionales-.
Según las fuentes consultadas por Alemán, estas acciones implicaron que desde la dirigencia panista se manejara una bolsa de dinero público no etiquetado y tampoco auditado de poco más de dos mil 100 millones de pesos.
Sin embargo, explicó, “cabe aclarar que ‘los moches’ no son exclusivos del PAN y menos de Ricardo Anaya. Esa práctica la llevan a cabo todos los partidos -incluidos PRD y Morena-, que se sirven del dinero público a manos llenas, en montos determinados por el número de diputados de cada partido” (sic).
¿Cómo le hizo Anaya para obtener recursos de esta manera? Alemán sostiene que como el PAN controla las partidas del Ramo 23, los alcaldes y diputados deben de pasar a las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del blanquiazul, en la Ciudad de México, para negociar la asignación del dinero. “De esa forma, la lealtad a Ricardo Anaya se compra a cambio de millones de pesos”, mencionó el periodista.
“Según testimonios de diputados, alcaldes y gobernadores del PAN, en el CEN partidista les piden entre 17 y 20 por ciento de comisión por ‘el palomeo’ de recursos, al tiempo que las obras son asignadas a contratistas que determina la dirigencia nacional del partido” (sic), refiere el artículo de Alemán en Milenio. Y todo esto sucedió con el aval de Ricardo Anaya Cortés, puntualizó el autor.
Más allá de estos señalamientos, que no han sido probados ni han implicado cargos penales en contra del candidato presidencial, Ricardo Anaya ha sido cuestionado por el lujoso estilo de vida que tienen él y su familia.
Según sus propias declaraciones públicas, entre él y su esposa -y gracias a sus inversiones también- tienen ingresos anuales por 4.8 millones de pesos. En contraste, ha reconocido que mantener a su familia en Atlanta, Estados Unidos, le supone un gasto aproximado de 2.5 millones de pesos al año. Y nada de esto queda claro en la versión pública de sus declaraciones patrimoniales.
Además, en agosto de 2017, una investigación de El Universal dio a conocer que, en los últimos 14 años, Ricardo Anaya y su familia política, encabezada por sus suegros Donino Ángel Martínez Diez y Maribel Natalia Franco, ampliaron su imperio empresarial al pasar de cuatro a 17 empresas.
En ese periodo, también el número y el valor de sus propiedades aumentaron. Las seis propiedades que tenían en 2003, valuadas en 21.9 millones de pesos, se convirtieron en 33 para 2017, con un valor de 308 millones de pesos.
Aunque la familia de Ricardo Anaya Cortés posee o es accionista de 17 empresas, Anaya dice ser socio de dos. Y en sus declaraciones de conflicto de interés no hace mención del resto de las compañías. Tampoco si recibe beneficios de alguno de estos negocios o si ha participado en algún sentido.
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LA NAVE DE ANAYA
Entre 2003 y 2009, cuando Ricardo Anaya Cortés se desempeñó como secretario particular y coordinador de Desarrollo Social durante la administración del ex Gobernador panista de Querétaro Francisco Garrido Patrón, en la entidad fue aprobada una reforma legal que permitió la enajenación de un predio ubicado en la localidad de La Machorra, en el municipio de El Marqués.
En los años venideros a la aplicación de la reforma, en la zona fueron erigidas diferentes naves industriales administradas por la empresa Park Development. Y de la mano de la desarrolladora inmobiliaria Advance Real Estate, nació el parque industrial tecnológico Innovación Querétaro.
El 19 de mayo de 2014, Anaya Cortés compró un lote baldío de 13 mil metros cuadrados en La Machorra, valuado en 10 millones 714 mil 644 pesos, a través de una empresa familiar a nombre de su suegro Donino Ángel Martínez Diez [JuniSerra S. de R.L. de C.V.].
Según el candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, compró el terreno a Park Development. Sin embargo, la información de diversos medios de circulación a nivel nacional refiere que el lote se lo compró a Manuel Barreiro Castañeda -empresario local investigado por la PGR por el presunto delito de lavado de dinero-.
Empero, la información difundida también señala que Barreiro trabajó para Advance Real Estate, además de hacerlo para otras empresas del ramo inmobiliario -llámese Aston Capital Partners, Hines, etcétera-.
Tan involucrado están Barreiro y Advance Real Estate, que entre enero y febrero de este año la compañía presentó una serie de amparos para impugnar el congelamiento de las cuentas de Barreiro por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Para mayo de 2016, dijo Ricardo Anaya de manera pública, su empresa familiar ya había construido una nave industrial [con seis bodegas] de “siete mil metros cuadrados techados”.
Ese mismo año, JuniSerra vendió el predio y la construcción por un monto de 54 millones de pesos a la empresa Manhattan Master Plan Development S. de R.L. de C.V., misma que aparece en la lista del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como “contribuyente con operaciones presuntamente inexistentes”.
Según Anaya, el pago de Manhattan Master Plan Development lo recibió en tres transacciones provenientes del Banco del Bajío (Banbajío).
El panista también aseguró que el dinero de la inversión inicial provino de tres fuentes principales: de un crédito hipotecario a través de Banamex -en su declaración de intereses 3de3 aparece un crédito hipotecario con Banamex, que data de abril de 2015, por cinco millones 576 mil 505 pesos-; de un crédito autorizado por Park Development; y del dinero de sus ahorros personales.
El 26 de octubre de 2017, luego de una denuncia penal presentada ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, las autoridades iniciaron una investigación formal del caso por el presunto delito de lavado de dinero.
A cuatro meses de iniciada la investigación no hay resultados contundentes, hechos públicos, por la PGR. Sin embargo, el 29 de enero de 2018, Daniel Rodríguez Velasco y David Alberto Aarón Galindo González, ambos identificados por las autoridades como asesores legales y diseñadores de una supuesta red de triangulación de recursos, declararon haber participado de un entramado para lavar dinero a favor de Ricardo Anaya Cortés y Manuel Barreiro Castañeda.
Mientras que Anaya es señalado de enriquecerse de manera opaca, Berreiro es investigado por utilizar recursos de dudosa procedencia.
Según los testimonios de Rodríguez Velasco y Galindo González, desde diciembre de 2015, Barreiro los contrató para crear “un esquema de colocación de fondos”. La finalidad fue comprarle a Anaya el terreno y sus bodegas, a través de “operaciones simuladas” que les ahorraran dinero y sin aparente vínculo entre las partes involucradas.
“Manhattan Master Plan Development compró el terreno al mayor precio posible de mercado con la intención de obtener el mayor costo fiscal posible”, refirió Galindo, quien también admitió haber sido parte de una “estrategia fiscal” para que, a través de un avalúo de “mejoras inexistentes al terreno”, Anaya pudiera vender el predio y las bodegas a un precio inflado, “a efecto de tener el menor pago de impuestos posible”.
Según Velasco, si Barreiro ayudó a Anaya fue “por la gran relación de amistad que guardan Manuel Barreiro y Ricardo Anaya desde hace muchos años”.
Anaya quizá compró su propiedad a un precio justo, según se puede apreciar en algunos sitios de bienes raíces como Propiedades.com. En cuanto al precio de venta se refiere, en el sitio de Inmuebles24.com aparece listada una nave industrial de tres mil 232 metros cuadrados en un terreno de seis mil 877 metros cuadrados, valuado en 35 millones de pesos.
Inflado o no, la controversia radica en la falta de transparencia y rendición de cuentas. A Ricardo Anaya le es cuestionada la falta de claridad con que se maneja y algunos detalles sobre las transacciones que no concuerdan. Hasta el momento no se sabe con exactitud si estuvo o qué tan involucrado estuvo con las operaciones para inflar avalúos.
Ejemplo de estas posibles inconsistencias es que, mientras Anaya sostiene que la compañía Manhattan Master Plan Development es propiedad del arquitecto Juan Carlos Reyes García, testimonios como el del Senador panista Javier Lozano Alarcón indican que en las escrituras públicas del estado de Querétaro aparece como propiedad de Luis Alberto López López, identificado como el supuesto chofer de Manuel Berreiro; y de María Amada Ramírez Vega, también empleada por Barreiro.
Manuel Barreiro, por su parte, es investigado por la supuesta simulación de empresas, inflar avalúos con el fin de pagar cantidades extraordinarias por una propiedad, además de ocultar el verdadero origen del dinero.
De acuerdo con una investigación de El Universal, de los 54 millones que la presunta empresa de Barreiro pagó a Anaya -y de los que no se sabe el origen-, 16 millones salieron de México a Gibraltar y regresaron a nuestro país a través de la compañía fantasma Tesorem, que a su vez, los traspasó a la empresa Manhattan Master Plan Development. Ambas compañías habrían sido creadas para este propósito -esconder el origen del dinero-.
El resto de los recursos, asimismo, habrían pasado de una empresa de Barreiro a un empresa canadiense con cuenta en Suiza. De ahí, esos 38 millones habrían sido mandados a las islas Turcas y Caicos -paraísos fiscales al sureste de las Bahamas-, para luego regresar a Canadá y de ahí a México, a través de Tesorem con destino final a Manhattan Master Plan Development.
Inclusive algunas versiones periodísticas como la de La Razón, por ejemplo, reproducen que la empresa familiar de Ricardo Anaya regresó 23.5 millones de pesos a Manuel Barreiro para comprar otro terreno. Un caso similar al de la “Fundación por más Humanismo”, develado por la revista Proceso.
Falta que la PGR pueda probar las ligas entre la red de lavado de dinero y Ricardo Anaya Cortés.
Mientras tanto, Manuel Barreiro -además de otras cuatro personas involucradas- seguirá siendo investigado por la PGR. El miércoles de esta semana, un juez de distrito negó la suspensión definitiva que el empresario queretano interpuso el 14 de febrero de este año.
Sin dicho recurso legal, en cualquier momento la Procuraduría podrá solicitar una orden de aprehensión en contra de Barreiro y consignarlo ante un juez.
