Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).– Los estados carecen de instrumentos para combatir el lavado de dinero que pudieran ayudar a desmantelar las redes financieras de la delincuencia, lo que abre la puerta para que al año se laven miles de millones de pesos, advirtió el el ex Subprocurador General de la República, Jorge Lara Rivera, quien recordó que desde 2008 se aprobó a nivel federal una ley en la materia que ha sido útil en el desmontaje de las estructuras financieras de la delincuencia, pero aún es insuficiente.
El tema de la falta de instrumentos contra el lavado de dinero es de tal gravedad que mientras México no se actualice en el tema equivale se mantendrán la ausencia de Estado, dice por su parte el asesor internacional en delincuencia organizada, Edgardo Buscaglia.
Eso explica por qué cuando se detiene a un líder del crimen organizado, no se disminuyen los delitos económicos, la razón es porque no se desmantelan las estructuras de lavado de dinero. Eso podría ocurrir con la reciente detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, dice el autor del libro Vacíos de poder en México.
“Eso preocupa porque lo ideal es que la detención tenga consecuencias pero si el Estado adolece de vacíos no las tendrá. Yo quiero que se traduzca en el desmantelamiento de la infraestructura de transporte y del almacenamiento de droga sintética, dónde están esas empresas. Esa gente de las unidades de investigación patrimonial está entrenada para vincular esos activos fijos. Es ahí donde la Secretaria de Hacienda no tiene nada que ver, además no tiene atribuciones (por ser sólo de carácter financiero). Lo que quiero decir es que la Unidad de Hacienda y la PGR (Procuraduría General de la República) son pequeñas, no se dan abasto. La de la PGR tendría que dedicarse por meses y meses sólo a Guzmán Loera para que pueda trabajar”, lamenta.
Sobre si México está en pañales en el tema, el especialista considera que sí, pero el país debe colaborar a través de la fiscalía con unidades de otras naciones. Le preocupa que existan vacíos de Estado: “Éste es uno de los problemas más grandes que me preocupan y que intento explicar para que hagan de la detención [del ‘Chapo’] algo más consecuente porque lo que importa al hombre y mujer de a pie es que disminuyan los secuestros, las extorsiones y la compra-venta de sus hijos”.
EL LAVADO DE DINERO
El nivel del lavado de dinero en México es de tal magnitud que, de acuerdo con la compañía de inteligencia financiera Stratford, cada año se lavan hasta 39 mil millones de dólares, equivalentes a 517 mil 530 millones de pesos, un poco más de 10 veces el monto de lo que el gobierno federal destinará para rescatar a Michoacán, 45 mil 500 millones de pesos.
En contraste, los decomisos por extinción de dominio, apenas llegan a los dos mil millones de pesos. La extinción de dominio es el medio jurídico por medio del cual se logra la pérdida del derecho de una propiedad sobre los bienes que directa o indirectamente sean instrumento, objeto o producto del delito.
Gracias a la ley federal aprobada en 2008 fue que se pudo armar el caso de lavado de dinero contra la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, presa desde el 26 de febrero del año pasado.
Pero a nivel estatal, menos de la mitad de las entidades de México tienen una ley que penalice el lavado, sólo 14 cuentan con dicho instrumento legal, cuya utilidad está a la vista con el caso del ex Gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, acusado de lavado de dinero en su propia entidad, ya que allá sí hay una ley penal contra el lavado.
El contraste viene con Michoacán, entidad asolada por el crimen organizado, lo que dio pie al surgimiento de los grupos de autodefensas. Fue ahí donde a partir de enero del presente año se ha montado un operativo federal para combatir a la delincuencia. Sin ley penal contra el lavado de dinero, apenas y se han tocado las estructuras financieras de los grupos delincuenciales.
De ahí la petición por parte del comisionado federal enviado al estado, Alfredo Castillo Cervantes, a los diputados priistas de la entidad para que formulen una ley sobre el tema, con el objetivo de asfixiar financieramente a las organizaciones criminales. Lara reprocha que ni durante el gobierno del perredista Leonel Godoy Rangel, ni en el del actual mandatario estatal, el priista Fausto Vallejo Figueroa, se haya legislado previamente.
El ex Subprocurador explica que el desinterés de parte de los gobiernos estatales tiene que ver con que una ley de lavado de dinero autorizaría a cruzar datos sobre registros públicos de la propiedad, licencias vehiculares, declaraciones patrimoniales de funcionarios y cuentas de partidos políticos que ayudarían a descubrir anomalías en propiedades de personajes de distintos estratos sociales.
Otro instrumento útil para el combate del lavado de dinero son las unidades financieras. Existe una conformada a nivel federal, pero en los estados se registran pocos avances.
Michoacán no es la única entidad en esa situación.
Sólo el Distrito Federal, Estado de México, Coahuila, Zacatecas, Querétaro y Sonora tienen su unidad. La mayor parte de las unidades están en la fase de conformación. Asimismo, con excepción de la del DF, cuyas investigaciones han ayudado a desarticular redes de trata de personas, en las restantes falta una normativa para que tengan acceso a distintos datos.
UN PROBLEMA GLOBAL
México no es el único país que tiene problemas de lavado de dinero. Casos con resonancia internacional son los del yerno del Rey de España, Iñaki Undargarín, acusado de lavado de dinero vía defraudación fiscal y a través de recibos falsos, cuya fachada era una organización no gubernamental que ya le costó a la familia real española ver sentada en el banquillo de los acusados a uno de sus miembros, la Infanta Cristina.
En Argentina, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha sido acusada de lavado de dinero, algo que ha sido calificado por el gobierno de una trama conspirativa.
En México, el caso más reciente es el del empresario Gastón Azcárraga Andrade, ex propietario de la extinta aerolínea Mexicana de Aviación, acusado por la Procuraduría General de la República por lavado de dinero.
Lara recuerda que la ley en materia de lavado aprobada en 2008 –durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa– reúne los estándares internacionales requeridos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).
La regulación del lavado involucra a nivel federal en especial al sistema financiero, pero también delitos del fuero común.
“Es un delito que involucra a mucha gente que por desconocimiento o por tener buena fe luego tiene severos problemas para enfrentar a la justicia. Es una complementación del crimen organizado, de carácter federal por involucrar al sistema financiero y otra en el orden común. Hay que recordar que sólo 14 estados cuentan con el tipo penal de lavado, la persecución eficaz en el ámbito estatal es muy baja, ahí se tienen que hacer esfuerzos no solo por parte de la Federación sino de los gobiernos estatales de crear unidades de inteligencia.
“Hay que hacer una comparación de los recursos ilícitos que se generan a nivel federal y estatal contra los niveles de decomisos y estos son muy bajos o insignificantes en comparación con las proporciones del lavado y eso nos deja muy mal parados. En la medida que los decomisos o las ejecuciones de dominio se den al equivalente a los fraudes corporativos detectados, las bandas de trata, los secuestros, entonces podremos estar tranquilos, Mientras no haya extinciones de dominio la delincuencia se sale con la suya.
“Se queda con las ganancias y entonces pasa a ser un dato secundario si atrapan a uno que se sustituye por otro y les permite disfrutar el dinero y financiar otros delitos. Es necesario incrementar de manera sensible los niveles de decomiso y de extinción de dominio”, propone.
Recuerda que la extinción de dominio fue un tema que desde la Procuraduría General de la República buscaron impulsar en el anterior gobierno pero en seis años apenas y se avanzó, lo que fue una “irresponsabilidad de los estados”, afirma.
“Estamos en la inopia [inflexiones] y en ceros en el combate a la faceta económica de la delincuencia, debe impulsarse o de lo contrario la economía mexicana será expuesta a la acción criminal en una economía criminalizada”, alerta.
Cuestionado sobre si hay desinterés de los gobiernos para evitar que se vean obligados los funcionarios a mostrar posibles propiedades o recursos obtenidos de manera ilícita, dice que es desconocimiento de las implicaciones del lavado.
“No se ha aquilatado la importancia de estas figuras para devolver la tranquilidad. Sobre la corrupción todo acto que implique una generación de recursos se hace al margen de la ley, es un delito y esos recursos deben ser blanqueados, lavados y ser sujetos de investigación. Hay que verlo como un todo integral, el énfasis en declaraciones patrimoniales son un elemento fundamental en la inteligencia. Es un elemento de información, aunque hay estados donde no todos aparecen como sujetos obligados, si se llega a triangular sobre los bienes no acreditados hay la posibilidad de lavado de dinero”, explica.
También expone que un caso de funcionarios que podrían lavar dinero son los supervisores de alcohol estatales, ya que en algunos estados no están obligados a declarar su patrimonio.
La tardanza de las investigaciones es un elemento que no permite ver de manera inmediata la utilidad de la investigación por lavado de dinero, que además ayuda a desmontar otros delitos como la extorsión o el robo de hidrocarburos.
“La normatividad federal ha avanzado mucho, hay que darle tiempo a las autoridades para darle la consolidación a los procesos de trabajo, dotar de mayor eficacia a la extinción de dominio y hay que perfeccionar las leyes, los pasos importantes ya se han dado a nivel federal, son casos complicados y costosos en cuanto a la integración y la configuración y por ello es necesario aplicar esfuerzos de manera más vertical y generar mecanismos de disuasión”, concluye.
FORMAS DE LAVADO DE DINERO
- Existen 3 mil modalidades.
- Algunas son por robo de hidrocarburos, la venta de metales y joyas.
- El lavado ha evolucionado y pasó de ser con instituciones bancarias a la ordeña de ductos o la compra de caballos pura sangre, como hacían Los Zetas.
- De 5 a 15 años de prisión es la pena por lavado de dinero, no admite caución ni suspensión por amparo. La situación podría cambiar con la discusión de un nuevo Código de Procedimientos Penales y los acusados dejarían de alcanzar la prisión preventiva al no ser un delito violento, como lo contempla la Constitución.
- Si se hace de manera organizada se puede volver delincuencia organizada. Si se presenta así se dan más facultades investigativas y se permite la intervención de comunicaciones y hasta testigos protegidos, agentes infiltrados.
- La extinción de dominio sirve para que los bienes ilícitos puedan pasar a la economía formal y purgar su vicio.
- Cinco años puede tardar en ser armado un caso de lavado de dinero.
