Lucía es enfermera desde hace 30 años y su vocación de ayuda al prójimo es lo que la sostiene frente a todas las experiencias de violencia que ha experimentado: tiroteos, motines y amenazas de narcomenudistas son parte de su trabajo diario en una clínica cercana al Reclusorio Norte de la Ciudad de México. A esto se suman la falta de materiales de curación y quirúrgico, así como medicinas y vacunas, lo que incrementa los riesgos sanitarios que, a diario, tiene que atender.

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- Era un  día más de trabajo para Lucía: una campaña de vacunación más que cubrir que, de manera inesperada, dio un vuelco peligroso. Alrededor del medio día, un tiroteo en medio de la calle complicaría la labor de la enfermera. La insistencia de una mujer que le gritó que entrará velozmente a su casa, fue lo único que distanció a Lucía y a su compañera de las balas. Las trabajadoras de la salud habían tenido que romper con la regla que les impide entrar a los domicilio de los pacientes, impuesta luego de supuestas acusaciones de robo lanzadas en contra de sus colegas.

“Estábamos en la calle vacunando de domicilio en domicilio y la señora con la que estábamos nos dijo: ‘¡Métanse, pero ya!’. Entramos a su domicilio que estaba en una avenida grande, en donde menos te imaginas que pueda haber ese tipo de situaciones. Tuvimos suerte de que estuviera abierta la casa y nos permitieran el acceso. En seguida comenzó el tiroteo. Estábamos exactamente atrás de la Subdelegación 21, allá por el Reclusorio Norte”, recuerda Lucía.

La Alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México y donde ella trabaja, es la tercera con mayor incidencia de delictiva de la capital del país. De enero a julio de 2018 registró 11 mil 208 indagatorias por el delito de homicidio. La cifra del Boletín Estadístico de Incidencia Delictiva de la CdMx la coloca detrás de las alcaldías de Iztapalapa (con 15 mil 524) y la de Cuauhtémoc (con 17 mil 691).

“Donde trabajamos hay mucha clandestinidad de combustibles, de drogas y enfrentamos un alto riesgo. Estamos en una zona marginada. Cuando ocurre algo se hacen las denuncias ante el Ministerio Público, para exigir más seguridad o que de plano se registren esas zonas para ir a trabajar, pero no nos dan respuesta. Tiro por viaje tanto a pasantes como a personal de salud nos han amagado y nos han asaltado. Tenemos servicio del ISSSTE [Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado] y recientemente nos institucionalizaron un seguro de vida; sin embargo seguimos luchando para que se nos reconozca el alto riesgo. Los internos pasantes corren mucho riesgo, ellos no tienen nada, no los amparan y no los aseguran de nada”, afirma.

A pesar de esto, el trabajo en campo es parte del ejercicio diario de las enfermeras del Centro de Salud de Primer Nivel en el que trabaja Lucía [quien pidió omitir sus apellidos por motivos de seguridad], donde tienen que desempeñar múltiples funciones sin contar con los instrumentos más básicos y necesarios como medicinas, uniformes, instrumental, materiales de curación y vacunas.

Lucía explica que llegó a la enfermería por accidente y necesidad. Muy joven se convirtió en madre y encontró en la enfermería una oportunidad de crecimiento que, poco a poco, le demostraría las virtudes de la ayuda al prójimo, lo que se ha convertido en su motivo para continuar cada día.

La clínica en la que labora se encuentra cerca del Reclusorio Norte, un área de alta marginalidad e incidencia del delito, en la que también proliferan enfermedades degenerativas. A diario entra en contacto con pacientes portadores del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y de tuberculosis, sin contar con los uniformes necesarios y sin tener las barreras de protección para prevenir enfermedades.

“La problemática más grande es el contacto con la población. Trabajamos con narcomenudistas, trabajamos en zonas con muchos perros, con mucho hacinamiento, donde hay mucha tuberculosis y VIH. A pesar de eso no contamos con guantes, cubrebocas y guantes desechables. Las enfermeras se encargan de dar el medicamento a pacientes con enfermedades de alto contagio y nosotros no contamos con uniformes, nos llevamos la tos del paciente a nuestras casas. Los uniformes que tenemos son deficientes, los zapatos que nos dan no son antiderrapantes y eso provoca que el nivel de los accidentes sea alto. La Ley General del Trabajo nos autoriza dos dotaciones de uniformes: para verano e invierno. Durante el verano morimos de calor por los materiales sintéticos con los que están hechas las prendas y los de invierno no tienen las condiciones para poder trabajar”, comenta la enfermera.

Los uniformes son sólo una de las preocupaciones de los trabajadores de este centro de salud, quienes subsisten a pesar de las largas hora de trabajo, las deficiencias que las mantienen sin protección, así como la mala mala planeación que muchas veces representa jornadas dobles y repetitivas.

 FALTA DE SUMNISTROS, UNA CONSTANTE

En el Centro de Salud donde trabaja Lucía, las enfermas no se limitan a un solo servicio. Además de trabajar en la atención de los enfermos en clínica, las jornadas incluyen la atención de presos al interior del Reclusorio Norte y largas campañas de vacunación en campo.

El trabajo de campo se caracteriza por largas horas de caminata, en la que las profesionales de la salud tienen que cargar termos de varios kilos de peso, en medio de terrenos montañosos que deben subir y bajar en varias ocasiones. Para poder cumplir con su trabajo, no se les ofrece un vehículo y apenas si se cubren sus gastos de transporte público. El gasto algunas veces va por su cuenta, porque “primero se va y después se les paga”, por lo que el pequeño presupuesto muchas veces no alcanza a cubrir ese gasto.

Como resultado de estas campañas, Lucía tiene una lesión en la columna: una hernia discal para la que tiene cubrir altos costos de terapia, por lo que, comenta, su sueldo ya no es suficiente. A título personal, la enfermera plantea que el trabajo en campo –específicamente las campañas de vacunación–, no son más que una muestra de la falta de insumos. Un riesgo sanitario que podría evitarse si se contara con las vacunas necesarias.

“La escasez provoca que se pierdan los esquemas, corriendo el riesgo de ocasionar epidemias. Ha ocurrido que cuando no tenemos unas vacunas, cuando comienzan los cercos epidemiológicos, tenemos que salir a vacunar 46 cuadras a la redonda. Ahí se desvían más recursos por la negligencia del sistema y esto representa más trabajo y más gasto porque tenemos que revacunar a muchos pacientes. Se gasta el doble, no se previenen las epidemias”, añade.

El Presupuesto de Egresos de 2018 destinó 1 millón 996 mil pesos para vacunación. Sin embargo, de acuerdo con la investigación “Salud Deteriorada: Opacidad y Negligencia en el Sistema Público de Salud”, realizada por Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, la cobertura nacional de vacunación podría estar entre 60.1 por ciento en niños menores de un año y 82.1 por ciento en niños mayores a un año, a pesar de que las cifras oficiales –sin sustento verificable– reportan 90.7 por ciento y 96.7, respectivamente.

El mismo reporte revela que los datos del Programa de Cartilla Electrónica de la Secretaría de Salud federal (SS) reconocen que la cobertura completa en niños de un año alcanza únicamente 21.9 por ciento. También con base en esos datos se reporta que 31 mil 353 niños que recibieron la primera dosis de vacuna pentavalente, 22.9 por ciento no recibió la tercera y 45 por ciento se quedó sin la cuarta. Asimismo, los datos del Instituto Nacional de Pediatría (INP) advierten que 48.8 por ciento de los casos de tosferina presentados en menores de un año se presentan en niños que no tiene los esquemas de vacunación completos.

Junto a la falta de vacunas, también está la ausencia de material de curación, jeringas y medicinas, como el paracetamol. Estas deficiencias afectan directamente a las enfermeras que lidian dando explicaciones sobre estas problemáticas.

“Los días son difíciles cuando hacemos nuestro trabajo. Nos hacen falta gasas, autoclaves, paracetamol, antirrábico canino –muy solicitado por mordeduras de perros callejeros– material quirúrgico para colocar dispositivos y prevenir embarazos no planeados, de los que después se nos responsabiliza. El trabajo se complica aún más cuando el paciente se pone difícil porque no hay medicamentos y así nos dicen: ‘¿A qué vengo si no tienen nada?’. Y tiene razón: finalmente el Estado somos todos y todos aportamos y debería haber una cantidad de dinero adecuada para que no hubiera carencias”, reflexiona Lucía.

Otro caso que destaca la enfermera es la ausencia de material quirúrgico para poner dispositivos ultra interinos. El aumento de embarazos no planeados se atribuye a las enfermeras, acusándolas de no ofrecer el uso del anticonceptivo.

 “Se nos presiona porque tenemos que cumplir una meta de instalar dispositivos y métodos de planificación familiar, porque en nuestra población hay un incremento de chicas embarazas menores de edad, adolescentes. Pero no tenemos los equipos para inserción de dispositivos, sólo contamos con cinco y son seis consultorios y a veces no tenemos ese material. A nosotras se nos responsabiliza de que no se hace la promoción, de que no se están cubriendo las metas, cuando a veces no tenemos espejos vaginales para hacer las pruebas y a veces nos ponen muchos requisitos para tomar determinadas muestras”, agrega.

La carencia recae sobre los pacientes, pero también sobre las enfermeras que se ven obligadas a pedir los utensilios a los familiares de los enfermos y reciben malos tratos por parte de los derechohabientes a los que atienden sin que existan instrumentos legales que las protejan.

ACOSO CONTRA LAS ENFERMERAS

Las amenazas por parte de compradores de combustibles y narcomenudistas, además de asaltos, balaceras y motines, no son las únicas experiencias violentas que ha enfrentado Lucía. El acoso y el maltrato por parte de los pacientes y sus compañeros de trabajo también es una contante.

“Se les hizo poco creíble, porque soy una mujer de 50 años”, comenta Lucía cuando habla de una experiencia reciente en la que uno los pacientes la obligaba a esperarlo hasta tres horas después de terminado su turno, creyendo que ya no habría nadie en el centro de salud, para acosarla con el pretexto de que debía administrarle su medicamento. La enfermera no podía negarse a esperarlo porque su padecimientos –tubérculos y sida– le obligaba a brindar el servicio a la hora que el paciente lo necesitara.

Al sentirse vulnerable, Lucía intentó denunciar frente al Ministerio Público, pero antes de que lo hiciera le designaron su paciente a otro enfermero.

“Hay compañeras que han sufrido del acoso por parte de pacientes y de algunos compañeros que también son acosadores. Yo soy de armas tomar y por eso me dejan con esos médicos, porque ellos se “cuadran conmigo”, pero sí lo padecen tanto compañeras enfermeras como pasantes. Sobre todo mujeres” (…) Otras amenazas también vienen de los pacientes. A mí no me ha tocado, pero a algunas compañeras hasta las han golpeado los pacientes cuando no alcanzan fichas”, afirma.

 

Las denuncias de las agresiones se llevan al director de la Clínica, quien sin tener la posibilidad de resolver los asuntos a fondo rota a los trabajadores en las áreas de mayor conflicto.

No existen cifras que demuestren y logren recoger las experiencias de acoso por parte de los trabajadores de salud. Sin embargo, experiencias como la del grupo “Yo Soy Médico 17” o #YoSoy17 –un movimiento médico que desde 2014 defiende a los trabajadores del sector– han recogido los testimonios de estos tratos con la intención de generar un alto a la criminalización médica.

En el estudio “Violencia en la Práctica Médica en México: un caso de Ambivalencia Sociológica”, realizado por el Colegio de México (Colmex), se ubica que existen dos tipos de violencia a la que se encuentran sujetos médicos, enfermeras, estudiantes de medicina, especialistas, entre otros: la pertenencia de los actores al campo médico, que puede dividirse en interna y externa, y la resistencia con las relaciones de poder características del campo médico.

La violencia provocada por agentes externos al campo médico, incluye asaltos, secuestro, asesinatos y acciones hostiles que cuestionan la acción de los médicos a través de campo jurídico; la  interna se refiere a todo lo que ocurre entre el personal de salud, los actos de personal hacia los pacientes y viceversa, además de la que aplican los médicos superiores a sus subalternos.