Pertenezco a una generación que nunca ha vivido unas elecciones limpias en México: caída del sistema, amigos de Fox, Hildebrando, Monexgate… A pesar de tener las instituciones más caras a nivel electoral, no conozco la certeza en las urnas.

Tampoco conozco una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que favorezca algunos asuntos decisivos para mi; al contrario, me he sentido avergonzada por los desenlaces, en casos como el de Lydia Cacho, Guardería ABC o Florence Cassez…

Sin ser jurista ni abogada, mucho menos especialista constitucionalista, pienso que las pifias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son históricas y se deben particularmente a un error de origen: su falta de independencia ante el poder Ejecutivo.

Y es que el gran salario de los ministros más bien parece un cohecho, como en el caso de los magistrados del IFE. Y la pregunta es obligada: ¿Cuándo, un magistrado o un ministro le va a decir que “no” a los deseos, órdenes o solicitudes, del Presidente en turno?

Percibir casi un millón de pesos al mes, con sueldo y prestaciones, ha obligado a algunos ilustres ministros a someterse al poder del partido que gobierna. Algunos ministros han dejado claro, con sus polémicas decisiones, que no pueden o no quieren morder la mano de quien les proporciona semejante prosperidad personal.

Las decisiones del miércoles pasado, nos han dejado claro que México no podrá avanzar en ningún ámbito con la estructura salarial del IFE ni de la SCJN; ambas instituciones carecen de independencia. No conozco ningún país en el mundo donde un ministro perciba un sueldo mayor que el del Presidente de la República. El presidente ministro de la SCJN devengaba hace dos años, 491 mil 64 pesos al mes, mientras que el mandatario del país percibía 253 mil 849 pesos y el resto de ministros 333 mil 284 pesos al mes. Y otro dato ilustrativo: mientras el presidente del IFE gana 3 millones 33 mil 617 anuales, los secretarios de Estado, reciben 2 millones 375 mil 502 pesos.

A la vista de estos números, está claro cuáles son las prioridades del gobierno. Coincido en que jueces, magistrados y ministros tengan buenos salarios para evitar la corrupción, pero no con esa desigualdad: cinco dólares diarios gana un obrero, mientras 915 devenga un magistrado. ¿Estamos evitando la corrupción o propiciando la falta de independencia?

Y el asunto cobra importancia por la última pifia de la SCJN. Me refiero al caso Florence Cassez. Hasta la saciedad sabemos que el mayor responsable de las irregularidades de este caso fue Genaro García Luna y su montaje con Televisa, y hemos ido conociendo las violaciones al debido proceso: falta de llamada consular inmediata, dilación de poner a disposición de las autoridades a la detenida y las contradicciones de los testigos que fueron “influidos” por el montaje televisivo.

¿Hubo un elemento corruptor en todo el proceso? La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se excedió en sus atribuciones. La revisión del amparo directo coloca límites a la SCJN, ya que este recurso es sólo para los asuntos de constitucionalidad. La propia máxima casa de justicia rompió sus reglas. ¿El mensaje a la sociedad es que ellos pueden hacer eso y lo que quieran, siempre y cuando exista línea directa desde Los Pinos?

¿Por qué entonces la SCJN no liberó a la francesa durante el gobierno de Felipe Calderón y sí con Enrique Peña Nieto? ¿Qué cambió en tan sólo unos meses?… Únicamente el inquilino de Los Pinos. Efectivamente, algo cambió: el señor que se sienta en la Silla del Águila. ¿Por qué antes no y ahora sí? Obviamente, la razón de estado se impuso a la justicia.

Los únicos ministros congruentes fueron José Ramón Cossío y Jorge Mario Pardo Rebolledo. La sentencia de 60 años era cuestión del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal. Los ministros Arturo Zaldívar Lelo De Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la ministra Olga Sánchez Cordero votaron a favor de la libertad de Cassez.

Se conocía el voto de cada uno, pero claro, un nuevo peón del ajedrez de la justicia “independiente” había llegado. Se trata del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, aceptado “casualmente” en el gobierno de Enrique Peña Nieto y quien finalmente inclinó la balanza hacia la puesta en libertad de Cassez. Vaya un estreno. Su independencia nos remite a la previa reunión Peña Nieto-Françoise Hollande.

Después de haber visto lo visto: ¿A alguien le queda duda de la falta de independencia de la SCJN?… A pocos, según el último sondeo un 83 por ciento de la población no estuvo de acuerdo con su decisión. La población no parece haberse quedado con la percepción de justicia. Y no parece ser sólo “un puñado de gente”, como dijo erróneamente Cassez. Aplicar la verdad jurídica por encima de la verdad lisa y llana, no siempre convence a los ciudadanos. Y si no convence, es que algo anda mal. Como bien, dijo Platón: “La peor forma de injusticia es la justicia simulada”.

En México cada hora secuestran a tres personas. En el 90 por ciento de los casos existe una connivencia de las policías, fuerzas armadas o ex miembros de los mismos cuerpos de seguridad. El nivel de impunidad es del 100 por ciento. El secuestrador cuenta con un 98 por ciento a su favor. Sólo uno de cada 100 casos será denunciado, mientras seis de cada de 10 secuestros terminaran con desenlace fatal. La boyante industria del secuestro va en aumento. Son cifras del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos.

He recibido duras críticas, insultos y hostigamiento por mi postura en defensa y apoyo a las víctimas de Florence Cassez y del resto de la banda de secuestradores. Desde mi labor periodística, he trabajado con víctimas desde hace más de 25 años para darles voz. Conozco su sufrimiento, su dolor. Querer “eliminarlas” para enviar a la ciudadana francesa en primera clase a París, y esperar no tener un costo social frente a la opinión pública, fue un error. De hecho, en general, muchas víctimas de secuestro se sienten defraudadas, lastimadas con la decisión de la SCJN. Y con razón. El Estado ha vuelto a fallarles. Las víctimas no fueron atendidas, ni escuchadas. No se les tomó en cuenta.

Otros miles de mexicanos en las cárceles, sin debido proceso siguen esperando la misma tutela y reparación aplicada a Cassez. ¿Por qué unos sí y otros no? Esa es la gran pregunta. Y allí estriba la sospecha en torno a la independencia de las instituciones de justicia.

Yo seguiré apoyando a las víctimas. Lo seguiré haciendo a pesar de las críticas, insultos y amenazas. Ya se sabe, como bien dice mi amiga Alicia Leal: “Ser congruente en México, es más peligroso que ser narcotraficante”. O, en este caso, que ser secuestrador.

Sanjuana Martínez

https://www.sinembargo.mx/author/sanjuanamartinez

Es periodista especializada en cobertura de crimen organizado.

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.

#EnVivo ¬ #LosPeriodistas ¬ La conjura Piña, "Alito" y Carrancá