Por Pedro Matías
OAXACA, Oax., 27 de junio (apro).- Autoridades agrarias e integrantes del Consejo de Administración de San Miguel Chimalapa exigieron al Instituto Federal Electoral (IFE) y a la Secretaría de Gobernación (Segob) suspender las elecciones de concejales en el municipio de Belisario Domínguez, pues de lo contrario –dijeron– se alterará la paz y estabilidad social en la zona de conflicto con Chiapas.
Además, señalaron que la presencia de más de 600 elementos de la policía antimotines del estado vecino en los ejidos Gustavo Díaz Ordaz y Rudolfo Figueroa no sólo violenta el territorio municipal y agrario, sino que viola los derechos del pueblo zoque-chimalapa y pisotea la soberanía del estado de Oaxaca, por lo que solicitaron se garantice la presencia del Ejército Mexicano.
En un documento dirigido al presidente Felipe Calderón y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, solicitaron al IFE que intervenga de manera inmediata y con carácter de urgente para que se suspendan las elecciones de concejales municipales, como lo tienen programado las autoridades de Chiapas.
De lo contrario, mencionaron, “estarían consintiendo actos de provocación y violencia en la zona, que alteran la paz y estabilidad social para las próximas elecciones, ya que no existen condiciones para su desarrollo”.
Tras ello, solicitaron la presencia del presidente del Consejo Local del IFE, Roberto Heycher, el próximo jueves 28 –en la comunidad de Benito Juárez, perteneciente al municipio de San Miguel Chimalapa–, para sostener una reunión donde se trate el tema de la suspensión de elecciones en el lugar referido.
Recordaron que el gobierno de Chiapas nunca cumplió los acuerdos de distensión firmados en la Secretaría de Gobernación, pues con la creación del “ilegal” municipio en territorio Chimalapa violentó la paz y tranquilidad de la zona.
Aunado a ello, añadieron, el gobierno de Juan Sabines Guerrero ordenó construir diversas obras de infraestructura en localidades que cuentan con la clave del municipio del estado de Oaxaca y con la toma de agua potable en el área de conservación comunitaria certificada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Ello, dijeron, sin contar los actos de invasión en algunos puntos de los bienes comunales, como Agua Fría, El Quebrachal y La Hondonada, donde pretenden reprimir a los comuneros.
En su documento, que también dirigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los representantes zoques se manifestaron preocupados por que “la Secretaría de Gobernación le ha permitido y le sigue permitiendo (al gobierno de Juan Sabines) su actuación represiva y su política de invasión sobre nuestros bienes naturales comunes para que extienda sus negocios verdes, pretendiendo despojar a nuestra comunidad de sus tierras, de la que de manera ancestral, legal y legítima somos propietarios”.
