El 18 de noviembre pasado, la Prensa Asociada (Associated Press o AP) publicó una nota interesante e inquietante, firmada por Daniel Shailer, que narra cómo algunos residentes del municipio de Ímuris en el estado de Sonora y zonas aledañas—quienes se resisten a la construcción de un tren que afectaría sus propiedades y recursos naturales—“enfrentan un muro de secrecía gubernamental”. En dicho reportaje se narran las potenciales afectaciones ambientales de una obra sobre la que no se conocía nada de forma oficial hasta hace unos días. Gracias a esta nota de AP, las autoridades federales y estatales se vieron obligadas a informar sobre una megaobra de infraestructura que ha venido avanzando en total secrecía y, según lo han reportado distintos medios, sin los estudios de impacto ambiental, ni los cambios pertinentes de uso de suelo que avalarían su desarrollo y pertinencia.

Dicha obra magna se construye en un ambiente de misterioso sigilo, y hoy por hoy quedan enormes dudas del porqué de este actuar por parte del Gobierno federal—que parece apoyado plenamente por el Gobierno sonorense, encabezado por Alfonso Durazo. De no haber sido por la nota de la Prensa Asociada, cuya información fue retomada y ampliada por diversos medios de comunicación a nivel federal y estatal—destacando el excelente espacio de información sonorense, Proyecto Puente—continuaríamos sin conocer sobre el tema. Después de una fuerte presión por parte de la opinión pública porque se esclarecieran los datos con respecto a una obra fantasmagórica que parecía avanzar a pasos acelerados, los ejecutivos estatal y federal se vieron obligados a explicar parte de lo que será un megaproyecto ferroviario—claro que obviando algunos datos fundamentales.

En medio de fuertes reclamos por transparencia con respecto a esta obra, Alfonso Durazo primero admite el desarrollo de la línea ferroviaria entre el puerto de Guaymas y la ciudad fronteriza de Nogales. Nos cuenta que “aún están en tiempo” para entregar los estudios de impacto ambiental, aunque los trabajos de la infraestructura ferroviaria avanzan de forma acelerada. Por su parte, el Ejecutivo federal informa parcialmente sobre la obra y publica un decreto que “establece que a las vías férreas concesionadas del territorio nacional se integrará el servicio de pasajeros, al tiempo en que se respetarán las actividades de carga”.

En ese contexto, y derivado de la fuerte presión ciudadana a partir de una cobertura extraordinaria sobre el tema, Presidencia nos informa por fin que esta es una extensión del Tren Maya, el cual ampliará su recorrido para llegar a distintos estados del país. Así se da a conocer que se construirá el “Tren del Norte, el cual llegará a Guadalajara, Sinaloa, Sonora y Nogales, y la otra vía a Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey y Nuevo Laredo”. Serán “siete rutas de trenes de pasajeros, adicionales al Tren Maya y al Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, las que se ‘reactivarán’ haciendo uso de las vías férreas concesionadas entre 1995 y 1999”. (Fuente: Radio Fórmula; https://www.radioformula.com.mx/nacional/2023/11/21/fotos-asi-sera-el-tren-maya-del-norte-estara-en-sonora-790867.html).

Según la información proporcionada por el Gobierno federal, Sonora “se prepara para ser [una] de las primeras siete rutas donde se implementarán los proyectos de trenes para pasajeros, por lo que ya inició la construcción de 63 kilómetros nuevos de vías, mismos que se conectarán con los 36 ya existentes”. La obra, al igual que el Tren Maya, está a cargo de la Sedena y, para este tramo sonorense, el Gobierno federal destinará una inversión inicial de siete mil millones de pesos (Fuente: Radio Fórmula).

Llama mucho la atención que esta información haya sido proporcionada por las autoridades federales y estatales sólo hasta que fue inevitable hacerlo —dado el revuelo que provocó la nota publicada por una agencia de medios reconocidísima a nivel internacional. La nota de AP destaca la secrecía en lo que se relaciona a la construcción de la obra, así como los potenciales daños ambientales de la misma, entre los que resaltan las afectaciones al Río Cocóspera y a un Área Natural Protegida (el rancho Aribabi). Algunas comunidades y pobladores en lo individual también resultarían afectados. Según el Centro para la Diversidad Biológica, la obra, “además de perturbar la vida silvestre que depende del río, . . . también cortará un importante corredor de migración . . . para ocelotes, osos negros y jaguares” (Fuente: AP; https://apnews.com/world-news/general-news-0c6311d8b34a465c81e9e787d7d4f4d3).

Por otro lado, se afectaría el patrimonio de algunas familias. En el caso de Ímuris y los alrededores, “los lugareños dicen que la ruta pasa por encima de los canales de riego de sus granjas y amenaza el embalse que abastece de agua a los 12 mil 500 habitantes del municipio”. Al momento de publicarse la nota de AP, quienes se oponen al proyecto no habían podido obtener “ni siquiera la información más básica sobre el plan y ninguna autoridad federal, local o estatal [parecía estar] dispuesta a asumir la responsabilidad del proyecto de 350 millones de dólares para construir 63 kilómetros de líneas” (Fuente: AP).

En este contexto, y no obstante la información proporcionada a la fecha gracias a la presión de la prensa internacional y nacional, quedan aún muchas preguntas que inquietan y desconciertan. Nadie podría oponerse a un proyecto ferroviario de grandes magnitudes que implique desarrollo para México y oportunidades para los mexicanos. Lo que provoca enorme desconfianza es la secrecía y el aparente daño potencial al medio ambiente y a las comunidades. Más aún, desconcierta la falta de información sobre los beneficiarios principales del proyecto.

A raíz de lo que se ha comunicado a la fecha por parte de los gobiernos federal y sonorense, y en especial de lo que no se ha dicho, decidí entrevistar a Luis Ernesto Castillo, periodista mexicano que contribuyó al excelente reportaje de AP y que acudió personalmente al lugar donde se desarrollan las obras. Castillo recopiló testimonios de los vecinos afectados y cubrió para la agencia foto y video de la obra en cuestión. Luis es un gran periodista, un gran conocedor de la región y de su historia, y una persona con una gran conciencia social. Admiro su trabajo y agradezco siempre su apoyo para entender lo que sucede en el estado de Sonora.

En mi conversación con Luis—que sucedió antes de que las autoridades federales compartieran la información pertinente—me expresó su sorpresa ante la total secrecía de una obra que se vislumbra como magna y me compartió el sentir de muchos pobladores de Ímuris, quienes le relataban sus miedos a perder sus propiedades y su temor por la presencia del Ejército en su región. El periodista me comentó también que incluso el Presidente Municipal de Ímuris no tenía conocimiento hasta ese momento de ninguno de los detalles de la obra, incluso de dónde pasarían las vías del tren. A continuación, reproduzco algunos extractos de nuestra conversación que considero muy importantes:

Guadalupe Correa-Cabrera (GCC)— Luis, ¿qué fue lo que más te sorprendió sobre el trabajo que realizaste para la Prensa Asociada, más allá de la nota en sí? Me gustaría me compartieras los aspectos que más te llamaron la atención sobre los viajes que hiciste a Ímuris y sus alrededores.

Luis Castillo (LC)— Lo que más llamó mi atención es que aparentemente la obra se estaba construyendo en total secrecía. Van muy rápido, y ya se vislumbra una gran estructura. Por otro lado, noté a la gente—en particular a los opositores a la obra—muy presionados y asustados por la presencia de los militares. En las entrevistas que realicé se mencionó frecuentemente un nombre que causaba cierta inquietud entre los pobladores: un tal Mayor Casanova. Pronto conocí quién era supuestamente ese personaje.

LC— En una segunda visita que hice al lugar donde se realizaban la mayor parte de los trabajos (para sacar fotos y videos) me sucedió un evento fuera de lo común. Al terminar las tomas decidí salir del lugar, y en ese momento se me acercó en una “camioneta del año”, el Ingeniero Narciso Aguilar, quien se presentó como el “encargado de la construcción del proyecto”. Se baja del carro muy mal encarado y me dice lo siguiente: “¿Sabes que está prohibido grabar o hacer fotografías aquí verdad?”. Yo le dije que no creía que eso estaba prohibido pues aquella era un área pública. Él me dice que ahí eso “estaba prohibido, porque la obra la trae la Sedena” y repite que él es el responsable del proyecto. Luego me pide una identificación y yo se la doy y le doy mi licencia de conducir también. Le digo que estoy haciendo un trabajo para AP y él toma foto de mis identificaciones.

LC— Después, él me advierte: “Tú ya estás reportado con el Mayor Casanova [¡el famoso Mayor Casanova!]. Casanova, según Narciso Aguilar, “es el único que le da información directa al Presidente de México, al Presidente López Obrador, de la obra que se está haciendo”. Y continúa diciendo que yo necesito “sacar un permiso con la Sedena” y me explica los múltiples pasos que ello conlleva [lo cual implicaría invertir mucho tiempo y hasta viajes a la Ciudad de México]. Entonces, yo le contesto que ya tenía las fotografías y el material. Aguilar responde del siguiente modo: “¿Ya tomaste las fotos verdad? Pues si sale al público, esto va a haber consecuencias”.

GCC— ¿Y no tuviste miedo?

LC— Pues no sé qué pensar, pero aquí viene lo más interesante. Ante su amenaza, yo le contesto: “Aquí no hay un letrero que diga que tomar fotos está prohibido; no sé por qué tendría que haber consecuencias, pero la agencia para la que trabajo sabrá cómo responder si deciden ellos publicar esto”. Y Narciso Aguilar prosigue con una revelación enfática: “Si sale esto a la luz ahora, puede afectar mucho la reputación del Presidente, puede afectar a Claudia Sheinbaum y puede afectar a todo el proyecto de la 4T. Esta obra, después del Tren Maya, será la segunda obra más grande que va a tener el Presidente Lopez Obrador”.

GCC— Pues me alegra que estuvieras haciendo un trabajo para AP, pues si trabajaras por tu cuenta o colaboraras para un medio local, quizás hubieras tenido problemas. En México, luego a los que trabajan para los grandes medios de comunicación internacionales los tratan de manera diferenciada, con mayor respeto. ¿Y qué más viste?

LC— Que la obra sí se ve que va a ser grandiosa. Construir esa obra en la sierra, por donde parece que va, es muy atrevido. Y no tenemos absolutamente nada de información sobre una obra tan importante. Me llama la atención lo del cambio de uso de suelo. Son treinta metros de derecho de vía a todo lo largo del proyecto, por un lado y por otro; 30 metros a la izquierda y 30 metros a la derecha, es decir, 60 metros de terreno federal a lo largo de toda la nueva vía del tren (derecho de vía federal del tren). Aguilar me comentó que ya tenían todo el derecho de vía en la zona cuando le pregunté. Yo no sé si sea cierto, pero sí sé que aún están negociando con los rancheros de ahí; aunque también puedo pensar que enfrentan algunos problemas por el tema del área natural protegida y el agua.

GCC— ¿Qué es lo que más te preocupa de la obra?

LC— La gran pregunta es quién es el beneficiario de la construcción de este tren. Es un tren de carga en principio y quien tiene la concesión es Grupo México de Germán Larrea (empresa anteriormente conocida como Ferromex). No entiendo yo por qué estamos construyendo, con dinero público, una obra que beneficiará a un particular. Hay una concesión para un particular, pero las nuevas vías del tren las estamos pagando todos, es decir, el Pueblo de México. Yo veo que la obra de construcción la está llevando a cabo la Sedena, es decir, el Ejército mexicano, exactamente igual como lo hicieron con el Tren Maya. Ahora bien, si es una obra pública, porque no tenemos los datos los mexicanos: ¿Quién la está construyendo? ¿Quién se va a beneficiar? ¿Cuánto va a costar? ¿En cuánto tiempo va a estar lista? [NOTA: hasta este momento las autoridades mexicanas, misteriosamente, no habían informado nada sobre el tren].

LC— No tenemos estudios de impacto ambiental, no tenemos absolutamente nada de información sobre una obra tan importante aparentemente. Están construyendo una obra ferroviaria que va en dirección de norte a sur (desde la frontera hacia el sur) que está dejando abierta una zona de conflicto cuyo desenlace es incierto. Hablo de Ímuris, donde hay una carretera internacional, y si se ponen beligerantes los vecinos y desean bloquear la carretera, ¡imagínate! 

GCC— Pero están los militares, Luis. Ese es un problema pues cualquier conato de resistencia social se desinflaría. Tú mismo me dijiste que los pobladores estaban nerviosos por la presencia del Ejército en la región. Pero, ¿qué es lo que más preocupa? ¿Qué percibes que en la región sean las principales inquietudes de la sociedad en general?

LC— Que no sabemos nada a ciencia cierta. Nadie sabe nada, ni el Presidente Municipal, ni los propietarios de las tierras. Hay una total secrecía. Las autoridades no quieren decir nada; ya ves a mí lo que me dijeron (recuerda mi encuentro con Narciso Aguilar). Antes de AP llegaron un par de medios, pero no pasó nada; no hubo respuesta con información precisa de las autoridades sobre la obra. Con este reportaje de AP se armó tal revuelo entre la opinión pública, que el Gobierno se vio obligado a darnos una respuesta al Pueblo de México.

LC— Tengo entendido, como dije antes, que no existen los estudios de impacto ambiental. Con cualquier obra de este tipo que quieras hacer, primero haces los estudios de impacto ambiental y después vienen los permisos. Se tiene que presentar primero el proyecto, luego se hacen los estudios, y una vez que están los permisos ambientales, entonces es cuando tienes que empezar a construir. Eso es lo que tengo entendido. Y aquí no está sucediendo así. A menos que esté ocurriendo algo que no nos están diciendo. Ya empezaron a construir y después van a presentar los estudios de impacto ambiental. Eso lo hicieron con el Tren Maya. En estos casos, parece que los proyectos los realizan por su santa voluntad, aunque se afecte al ecosistema.

LC— La gente en Sonora dice: “No nos oponemos al desarrollo”; por supuesto que no. Pero debe haber una combinación entre desarrollo y sustentabilidad; y en este caso, parece no haberla.

GCC— ¿Qué puede pensarse del papel de Grupo México? Algunos creen que la obra se está realizando para beneficiar a Grupo México. ¿Qué piensas de esto?

LC— Es claro que Grupo México se beneficiará de este proyecto, es decir, de los cambios en lo destinos de las vías del tren, pero yo no sé si ellos están poniendo dinero, punto número uno. Punto número dos, ¿por qué no lo han hecho público, si el dinero es público, si es de los mexicanos? Es un proyecto que lleva a cabo la Sedena; y en la región ya operan los militares, quienes andan en carros de civiles; andan en carros del año y andan vestidos de civiles. Ellos están a cargo de un proyecto para extender una ruta ferroviaria que está beneficiando a Grupo México. Hay algo que no me queda claro. Además, ¿no te parece extraño que en las últimas cinco semanas se ha hablado sobre el derrame del Río Sonora? Es sintomático y un poco extraño que se haya retomado el tema en la "mañanera". Parece que se está dando un acercamiento entre Gobierno federal y Grupo México.

LC— En la región hay dos minas que bien podrían conectarse mejor con el nuevo proyecto ferroviario: una relativamente nueva, la mina El Pilar y la mina Buenavista del Cobre en Cananea, ambas de Grupo México. Tenemos las nuevas vías del tren y las dos minas. Entonces vemos muchas conexiones con Grupo México. Hay gato encerrado ahí. No necesitas mucha inteligencia para entender que los principales beneficiarios parecen ser de Grupo México y lo que duele es que la inversión la parecen estar haciendo con el dinero de todos los mexicanos para que mueva sus mercancías Germán Larrea. Pueden ser suposiciones sí, pero el Gobierno no ha hecho nada, absolutamente nada para comunicar sobre el proyecto.

GCC— ¿Y qué dicen del otro lado de la frontera?

LC— Esto ya creció. En Estados Unidos va a haber oposición. Esto ya agarró vuelo. Hay un área reservada. Es el mismo desierto, pero también son las mismas áreas verdes. En el otro lado, la gente se va a oponer, pues perciben se van a afectar sus ríos. El agua es un factor clave aquí. Grupo México no se caracteriza por ser muy cuidadoso aquí en arrojar sus desechos, sobre todo en el agua. Esta vez sí les afectaría a ellos. Entonces creo yo que va a haber oposición del lado gringo por parte de los activistas ambientales, y no sé si de políticos o de quien más, pero de que va a haber oposición del lado gringo la va a haber. Esto es muy importante porque allá les hacen un poquito más de caso.

LC— Yo sabía que cuando la nota de AP se publicara, se haría una revolución porque es una empresa muy seria, de mucho prestigio. El problema es la gran cantidad de huecos, de vacíos informativos y quizás legales que involucran, por supuesto, al Gobierno federal (a la Sedena), al Gobierno del estado y quizás a Grupo México. Y no entiendo bien los procesos de negociación. ¿Cómo negocia con las comunidades [cómo lo hacen ahora, según testimonios] la gente del Gobierno del estado algo que es federal? ¿Puede estar negociando sobre este tema con las comunidades la gente del Gobierno de Alfonso Durazo?

LC— El Gobernador acaba justamente de decir que van muy avanzados los estudios de impacto ambiental, pero creo que no los tienen o no les importa y va a pasar como siempre: estudios amañados, falsos, que van a meter en serios problemas a la gente que vive ahí, que son los usuarios de ese hábitat y que sí les interesa que se esté haciendo algo por el medio ambiente. La parte ambiental no parece entenderla el Presidente de México. Pero a diferencia de lo que pasó en el sureste mexicano con lo del Tren Maya, creo que en Sonora la gente no se va a dejar. Creo que va a haber una confrontación muy fuerte entre sonorenses y el Gobierno federal. El sonorense, a diferencia de otros lugares, no se deja.

Sobre este último punto de Luis Castillo en la entrevista, tengo algo importante qué decir. Aunque el “sonorense no se deje”, cuando hablamos de la Sedena y de la capacidad que tienen los militares para reprnimir movimientos sociales, la ecuación cambia radicalmente. Los que nos oponemos, en un país subdesarrollado (o un país del Sur Global como lo llaman ahora) a la ampliación del poder militar, entendemos su papel en la represión potencial a movilizaciones sociales o movimientos de resistencia a proyectos operados por el Estado o que beneficia al gran capital. La militarización o la extensión de las capacidades de las Fuerzas Armadas funciona, aquí y en China, antes y ahora, como un instrumento de control social cuando resulte necesario.

No obstante que la entrevista con Luis Castillo ocurrió antes que el Ejecutivo federal informara algunos detalles sobre el Tren del Norte como extensión del Tren Maya, en la modalidad de tren de pasajeros, aún se mantienen algunas de las preguntas clave del entrevistado. Es cierto que el proyecto ferroviario, con la nueva información—que ahora sí nos proporcionan como resultado de la nota de AP—podría recaer en el esquema de proyectos de importancia para la “seguridad nacional”. Para dichos proyectos no es necesario presentar un estudio de impacto ambiental hasta un año después de iniciada la construcción pertinente.

Por lo anterior, la construcción de las nuevas vías para operar el Tren del Norte, en el tema del estudio de impacto ambiental, recaería dentro del marco legal (que decidió así, la actual administración). Entonces, ¿por qué la secrecía? ¿Por qué nadie sabía nada hasta que se publicó el reportaje de AP, y hasta que se generó un gran revuelo en medios y la opinión pública comenzó a presionar? ¿Por qué Narciso Aguilar dijo lo que dijo a nuestro amigo Luis Castillo? ¿Qué quiere o quería ocultar el Gobierno federal, apoyado por el Gobierno del estado de Sonora? ¿Quién se va a beneficiar, además del pueblo de México que es quien paga por el proyecto operado por la Sedena? ¿Cuál será el papel aquí de Grupo México y cuáles serán sus beneficios? ¿Habrá otros beneficiarios de origen extranjero?

Demasiadas preguntas aún sin respuesta. El tema de los megaproyectos en Sonora, incluido el también fantasmagórico Plan Sonora—cacareado en distintos foros internacionales o con presencia de actores internacionales, que parece ser hasta ahora únicamente una presentación de PowerPoint sin detalles operativos o financieros de relevancia, y carente de transparencia en sus aspectos más básicos—deja mucho que pensar y cuestionar. La falta de transparencia del Gobierno de Sonora y del Gobierno federal en lo que respecta a proyectos estratégicos en ese mismo estado parece ser preocupante.

La secrecía parece ser la marca del Gobierno actual en esa entidad, aunque también hay que considerar otros intereses extranjeros en el tema de la minería (incluyendo el litio en particular), las energías renovables, el agua y la seguridad. Es interesante analizar actores que llegaron a cubrir el tema del tren con agendas aparentemente ambientalistas, pero que podrían representar también otros intereses igualmente capitalistas que se quedarían fuera de la ecuación calculada por el actual Gobierno federal mexicano [que quizás no se guían únicamente por un tema de protección ambiental o beneficio social]. No todo es blanco o negro y hay bastantes intereses operando aparentemente al mismo tiempo. Se valoraría entonces una mayor transparencia por parte del Gobierno de México. O quizás ello no es posible dada la protección a intereses específicos bajo el esquema que desean operar.

En este complicado contexto de secrecía e intereses de grandes capitales en el estado de Sonora, México, el “gorila de las 800 libras” es, sin lugar a dudas, la potencial construcción de la megadesalinizadora en Puerto Peñasco para proveer de agua al estado estadounidense de Arizona. Ahora resulta que, según Ariel Monge Martínez, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua—y después de presentarse el Plan Hídrico de Sonora, “el Gobierno de México y el Gobierno de Sonora “estarían abiertos al proyecto de desalinizar agua en el estado y llevarla a Arizona”. Monge asegura también que “con la tecnología existente, no se dañaría el medio ambiente” (entrevista con Luis Alberto Medina de Proyecto Puente: https://x.com/elalbertomedina/status/1727707017438011601?s=20).

Después de tantos estudios serios que plantean lo contrario . . . “ahora resulta” que la desalinizadora no afectaría al ecosistema marino del Alto Golfo de California. Esperemos no nos den un “madruguete” como fue en el caso de los trenes y la nueva Ley Minera. Ya basta de secrecía, acuerdos en lo obscurito y beneficios cuantiosísimos a grandes intereses capitalistas. Los sonorenses y el Pueblo de México merecen conocer hacia dónde van sus impuestos y quién se beneficia de sus vías de transporte y sus recursos naturales estratégicos.

Guadalupe Correa-Cabrera

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Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Autora de Los Zetas Inc.

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