Las relaciones de Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de Presidente de la República, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como cabeza del Poder Judicial de la Federación, es, o debe ser, altamente preocupante en una perspectiva de futuro.

Actualmente ha corrido tinta sobre el tema, pero a mi modo de ver faltan algunos matices históricos y políticos de trascendencia.  

Está fuera de duda que López Obrador mintió en el modelo de relaciones que ofreció con este importante poder, garante del Estado de derecho. Dijo que jamás intervendría fuera de los cartabones que marca la Constitución. Pero se le puede catalogar como el que más ha tratado de influir en un poder del que está constitucionalmente separado. Y además lo ha hecho con altanería, en ocasiones de manera soez y hasta ofensivo.

Su talante autoritario se ha exhibido en este tema de manera sobrada y además amenazante, al proponer que haya elección popular y directa de jueces, magistrados y ministros. En apoyo de su propuesta ha recurrido a la historia de la República restaurada de Juárez durante la vigencia de la Constitución de 1857. 

Esta Constitución preveía una elección directa de segundo grado, nunca por el voto ciudadano en las urnas; y de acuerdo a los estudios más serios de la historia del Poder Judicial Federal, el mecanismo funcionó, particularmente porque los electores indirectos en esa época, mostraron su altura de miras y responsabilidad, designando magistrados de la Corte a hombres brillantes por su sapiencia, cultura, pericia jurídica, y sobre todo por la acrisolada independencia de figuras como José María Iglesias, José María Castillo Velasco, Ignacio Ramírez, Ignacio Altamirano, por citar a algunos. 

Por encima de estos argumentos, fueron hombres que surgieron a la vida política de la república en el espíritu de la libertad que prohijó la histórica Constitución del 57.

López Obrador se precia de conocer la historia de México de este periodo, y es muy probable que en los resúmenes que ha hecho de la obra de Daniel Cosío Villegas tenga noticia precisa del tema, pero en los hechos lejos está de emular el comportamiento tan alto de esas figuras, porque su intervención, por confesión propia, ha sido fallida en las propuestas que él hizo de Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Los desdeña, sobre todo a este último, porque se ha comportado independiente. El presidente desea magistrados del tipo de Yasmin Esquivel o Loretta Ortiz, que todo mundo sabe de su obediencia ciega a los dictados del presidente.

La ambición de control absoluto sobre la Corte se trasmina ahora que, con motivo de la renuncia de Arturo Zaldívar, el Ejecutivo envió una terna con los nombres de María Estela Ríos, su consejera jurídica; Bertha Alicia Alcalde Luján, funcionaria bajo su mando; y Lenia Batres. En esta terna, aparte de estar ausente la idea de la independencia judicial, está el nepotismo de la familia Alcalde Luján y de la familia Batres.

Esa propuesta, que seguramente no pasará en el Senado, lleva la pretensión de un control de la Corte con cinco votos para que no haya, como dice el mismo presidente, fallas ni errores propios de los “conservas”. Llama la atención que en esa terna no se encuentra ni una figura que haya hecho carrera judicial. Lo previsible es que al no pasar la primera criba en el Senado, el presidente tenga que hacer una propuesta diferente y a final de cuentas asumir su facultad de nombramiento.

Tendríamos una Suprema Corte controlada por Andrés Manuel López Obrador, luego de que termina su mandato, y eso es grave; más si nos hacemos cargo de lo que llamo el síndrome Zaldívar, de desmontar al tribunal constitucional, que es la Corte, para que no tenga contratiempos el que se supone camino impetuoso de la Cuarta Transformación en el poder. 

Aunque ya se halla trillado mucho el argumento, aparte de las cualidades y requisitos que se necesitan para ser ministro o ministra de la Corte, se requiere que quienes ocupen ese cargo sean, como lo catalogó Cosío Villegas, “fiera, altanera, soberbia, insensata, e irracionalmente independientes”, porque son parte de una república que se asume como libre y no de instituciones de caricatura, como las que se prefiguran en el escenario que tenemos a la vista.

Sostengo que López Obrador no quiere una Corte como la juarista, sino que su modelo es el del porfiriato.

Jaime García Chávez

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Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

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