El confinamiento provocó impactos en el mercado laboral, hubo pérdida de ingresos e interrupción de las cadenas de suministro de alimentos, en algunas zonas, afectando el acceso a alimentos frescos y saludables.
Por Kenia Velázquez
Ciudad de México, 27 de noviembre (POPLab).- Aprovechando la pandemia, las industrias de bebidas y alimentos ultraprocesados implementaron agresivas campañas de marketing para mostrar “acciones de solidaridad”, tendientes a posicionar sus productos como “esenciales” y obviar la abundante evidencia de su efecto negativo en las condiciones de salud, a la vez que ejercían presión activa contra las políticas de alimentación saludable en todo el mundo.
Así lo reveló la organización Global Health Advocacy Incubator (GHAI) en su informe Facing Two Pandemics. How Big Food Undermined Public Health in the Era of COVID-19, que de marzo a julio de 2020 recopiló en 18 países más de 280 ejemplos de acciones de la industria con “potencial de interferir en el desarrollo e implementación de políticas alimentarias saludables”.
Dada la falta de transparencia, sólo se pudo saber que en 27 de los donativos el valor ascendió a 19 millones de dólares por las 528 toneladas de alimentos y 34 millones de comidas regaladas por las empresas. La mayoría de éstos no especifican qué productos incluyen, las empresas de bebidas azucaradas indicaron que estaban entregando agua y “otras bebidas”.
La organización detectó que las estrategias de marketing de la gran industria de alimentos y bebidas “apelaron a la vulnerabilidad de los consumidores durante la cuarentena para promover la comida chatarra como un elixir para tiempos difíciles”. Pero además, asoció “seguridad de los alimentos” con sus productos. Mostrándose como empresas socialmente responsables al hacer donativos lograron crear alianzas con entidades públicas y de la sociedad civil, con las que directa o indirectamente promovieron sus intereses.
En el documento se muestran ejemplos de marketing y tácticas que las industrias llevaron a cabo en América Latina, China, Japón, Reino Unido y EU, algunas de las estrategias consistieron en lanzar mensajes vinculados a las emociones, por ejemplo, en China, Mondelez había sufrido una baja en sus ventas, por lo que emprendieron una campaña en la que alentaba a las personas a hornear con Oreos en casa, para “compartir un refrigerio con sus hijos” y así convivir y generar momentos de paz.
Burger King y McDonald’s apoyaron la iniciativa “quédate en casa” a la vez que ofrecían sus productos para llevar, PepsiCo alentó a los consumidores a “tener momentos de disfrute durante este encierro” comiendo bocadillos.
El marketing dirigido a infantes con promociones de comida chatarra se incrementaron, especialmente en las plataformas digitales aprovechando que niños y niñas pasaban más tiempo frente a las pantallas que lo habitual. Muchas plataformas educativas fueron financiadas por la industria de alimentos y bebidas. En EU la plataforma utilizada por los escolares incluía publicidad de comida chatarra; pero lo mismo pasó en Jamaica.
Promovieron la solidaridad consumiendo productos no saludables, en EU Coca-Cola se asoció con Uber Eats para donar una comida a Feeding America por cada pedido que incluyera una bebida azucarada. En Brasil, Burger King anunció que donaría parte de las ventas al sistema hospitalario público de ese país; en Colombia, el “Menú solidario” invitaba a pedir comidas con Coca-Cola para ser entregadas a personas vulnerables en Bogotá… y así cientos de eventos solidarios a lo largo del mundo.
Si bien hay suficiente evidencia científica sobre la necesidad de adoptar dietas saludables para enfrentar al Sars-Cov-2, la COVID-19 fue una oportunidad para la industria de prosperar en países de ingresos bajos a medios, señala el informe. A medida la pandemia se extendió por el mundo fue evidente que las personas con obesidad y enfermedades relacionadas con una mala dieta eran más susceptibles a mayores complicaciones e incluso la muerte.
El consumo y la disponibilidad de la llamada comida chatarra ha aumentado en un 43 por ciento entre 2000 y 2013 en el mundo, mientras que en América Latina el crecimiento fue de 48 por ciento. Estos productos contienen un valor nutricional bajo y son altos en azúcar, sodio y grasas. Están asociados con mayores probabilidades de obesidad, enfermedad cardiovascular y mayor mortalidad por todas las causas. El sobrepeso se ha triplicado mundialmente desde 1975 a la fecha, en la mayoría de los países mueren más personas por obesidad que por bajo peso.
Aún cuando agencias de la ONU han pedido que se donen alimentos frescos y naturales en especial a las poblaciones más vulnerables, las empresas donaron productos empaquetados no saludables y bebidas azucaradas e incluso promovieron leche en polvo para bebés, en una violación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna dado que desalienta la lactancia y afecta la nutrición de la primera infancia. Las empresas de fórmulas explotaron la pandemia para posicionarse como expertas en salud pública y promover sus productos como más seguros que la leche materna.
GHAI considera que durante la pandemia medidas como el etiquetado frontal de advertencia, la alimentación escolar saludable, restricciones a la comercialización e impuestos sobre comida chatarra y bebidas azucaradas, podrían haber ayudado a los consumidores a elegir alimentos más saludables.
Y pone el dedo en la llaga: “los débiles protocolos de conflicto de intereses y la falta de regulaciones de alimentación saludable en algunos países dejaron la puerta abierta para que la industria menoscabará los avances en la política pública de alimentación”.
También se aprovecharon del miedo a los contagios por medio de los alimentos y utilizaron mucho la frase “seguridad alimentaria”, además, algunos anuncios destacaban productos promocionados como buenos para el sistema inmunológico. A esta campaña se sumó el polémico Instituto Internacional de Ciencias de la Vida – vinculado a Coca Cola- instancia que posicionó alimentos procesados como seguros durante la pandemia, pues “fueron fabricados utilizando medidas para reducir el riesgo de contaminación química y física, y así preservar la salud de la población”. Yogures en Colombia y Japón se promocionaron como un refuerzo para el sistema inmunológico; lo mismo un jugo artificial en Jamaica.
A los analistas les preocupa “la narrativa de la industria que sugiere que la compra de frutas frescas y las verduras pueden conllevar riesgos de contaminación o enfermedades”. Por ejemplo, el director ejecutivo de Danone declaró que comprar alimentos a los agricultores en los mercados conllevan algunos “riesgos de seguridad alimentaria”. Así los alimentos y bebidas ultraprocesados son mostrados como esenciales, y más seguros para el consumo doméstico, al tiempo que socava el valor de alimentos naturales y frescos.
Y mientras tanto, la industria utilizaba su mejor estrategia: el cabildeo, a la par que promueve públicamente una narrativa centrada en salud y bienestar ha dirigido esfuerzos para influir en la legislación y buscar regulaciones que le sean favorables, como su solicitud de retrasar el etiquetado en alimentos en México. En Colombia logró frenar las iniciativas para gravar las bebidas azucaradas y debilitó el proyecto de ley de etiquetado de advertencia.
Su estrategia fue mostrarse como parte de la canasta alimentaria familiar y así ser considerados “esenciales” y no parar durante el confinamiento. “Su llamado a la acción se centró en mantener el suministro de alimentos, sugiriendo que sus productos ayudarían a los más vulnerables a través del acceso a alimentos nutritivos y asequibles, y sería parte de un programa sostenible y resiliente”.
Mientras buscaban la influencia del Gobierno, las empresas donaron alimentos y otros artículos a comunidades necesitadas, trabajadores esenciales, bancos de alimentos y pequeñas empresas. El problema fue la donación de comida chatarra y bebidas azucaradas a poblaciones vulnerables dentro de programas de ayuda gubernamentales. “La mayoría de los países no tienen protocolos de donación o restricciones sobre donaciones de daño o productos no saludables. Las crecientes tasas de inseguridad alimentaria solo generarán más oportunidades para donaciones de alimentos, por lo que los gobiernos deberían considerar la adopción de protocolos de donación”, dice la organización.
De Sudáfrica a Brasil, pasando por Filipinas e India, empresas como Coca-Cola, Danone, Nestlé y KFC donaron toneladas de productos con un alto contenido de azúcar y sal. Las donaciones de alimentos se dieron mediante alianzas con organizaciones tan respetables como la Cruz Roja, Media Luna Roja, Save the Children, Feeding America, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU y el National Urban League, entre otros.
Pero el problema es que mientras “la industria de alimentos y bebidas continuó posicionando sus productos como esenciales para niños, personas de bajos ingresos y pacientes, los gobiernos en gran medida no desafiaron este mensaje”, se reprocha en el documento.
Empresas multinacionales y nacionales de alimentos y bebidas en Brasil, Colombia, Jamaica, Malasia, México, Pakistán, Sudáfrica y Estados Unidos se asociaron activamente con las secretarías de Salud, Educación o Trabajo, municipios y otras autoridades públicas para apoyar la ayuda esfuerzos. Estas asociaciones, que se extendieron por todo el mundo, incluían efectivo o donaciones en especie de bebidas azucaradas, agua embotellada, equipo médico y suministros.
“Si bien no hay duda de que estas donaciones, especialmente aquellas suministros médicos, eran muy necesarios, estas acciones permitieron a las empresas mejorar su imagen y fortalecer sus marcas. También les ayudó a construir alianzas con tomadores de decisiones y posicionar a sus empresas como aliados cruciales para el Gobierno”. La investigación encontró que autoridades de Brasil, Colombia y México reconocieron públicamente a la industria por su apoyo.
Sacaron provecho de la urgente necesidad de socializar las medidas preventivas y recomendaciones frente a la COVID-19, a través de una iniciativa con los Ministerios de Salud, Coca Cola ofreció sus espacios en redes sociales para difundir estos mensajes. Así, los logotipos de las autoridades sanitarias estaban junto con el logo de la refresquera que fue visto por unos 24 millones de personas en Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá.
En Estados Unidos Pepsi estableció sitios de prueba de COVID-19 en colaboración directa con gobiernos o autoridades sanitarias. “Estas iniciativas público-privadas son ejemplos de captura corporativa del Gobierno, donde la industria asume las obligaciones de los gobiernos y permite conflictos de intereses del sector privado para interferir en la toma de decisiones gubernamentales”.
Los esfuerzos para presentar una imagen “buena onda” distrajeron a los consumidores de los vínculos entre sus productos no saludables con la obesidad, enfermedades crónicas y muerte en un momento de crisis sanitaria.
Las empresas de alimentos y bebidas se presentaron como parte de la solución a la crisis actual de salud y como aliados del Gobierno. “Este es un caso claro de conflicto de intereses con el riesgo de que la influencia privada triunfe sobre la evidencia en las decisiones políticas. La industria no debe ser escuchada ni consultada sobre la implementación procesos y plazos, no deberían estar definiendo políticas de salud pública”.
A pesar de las recomendaciones de la OMS y la OPS, muchos países no han adoptado medidas de política alimentaria que aborden las epidemias actuales de obesidad y enfermedades relacionadas con la dieta. En respuesta a prácticas de marketing engañosas, los gobiernos pueden proteger a todos los consumidores, pero especialmente los niños y adolescentes, de las prácticas de manipulación.
El Relator Especial de la ONU sobre el derecho a Salud ha hecho un llamado urgente a la acción global para alentar a los gobiernos a adoptar políticas alimentarias saludables para todos. El informe recomienda que se diseñen políticas de alimentación y nutrición saludables y estos procesos deben ser transparentes y estar libre de conflictos de interés. Pide que se regulen los programas de asistencia alimentaria para poblaciones vulnerables, incluidas las donaciones durante las crisis de salud, y así proporcionar alimentos nutritivos y evitar empeorar las condiciones de salud existentes.
Incorporar el derecho humano al acceso a alimentos que nutren, implementar políticas basados en evidencia para abordar las epidemias actuales y futuras de enfermedades relacionadas con la dieta, adoptar marcos legales para frenar a la industria cuando haya conflictos de intereses que afectan negativamente las políticas de salud.
El confinamiento provocó impactos en el mercado laboral, hubo pérdida de ingresos e interrupción de las cadenas de suministro de alimentos, en algunas zonas, afectando el acceso a alimentos frescos y saludables. Especialistas prevén el aumento en la inseguridad alimentaria, malnutrición, cambios hacia dietas ultraprocesadas, lo que a la larga provocará obesidad e inflamación, lo que dificulta que el cuerpo combata las enfermedades, entre ellas la COVID-19.
La pandemia de COVID-19 ha destacado la urgente necesidad de políticas y reglamentos basados en evidencia para promover entornos saludables y el derecho a la alimentación sana, “sin tales regulaciones, la industria de alimentos y bebidas ultraprocesados tiene rienda suelta para desarrollar estrategias de marketing agresivas para sus productos nocivos para la salud y aprovechar la pandemia para promover su negocio a expensas de la salud pública”.
