El Gobierno de la 4T aún tiene que “pasar del discurso a la acción” y resolver las “graves violaciones” a derechos humanos que se vive en México. Para Amnistía Internacional, urge replantear las políticas públicas y fortalecer la estrategia para poder revertir la militarización del país (a través de la Guardia Nacional) y acabar con la violencia de género, las restricciones impuestas a la migración y al derecho de manifestación, así como el ambiente “hostil” contra periodistas y defensores.
Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tiene interés en resolver la crisis de derechos humanos en México. Pero a casi un año de administración, hay “pocos avances sustanciales” por problemas en el diseño e implementación de políticas públicas, de acuerdo con Amnistía Internacional (AI).
La continuidad de una estrategia de seguridad pública militarizada, la implementación de leyes que atentan en contra del derecho a la libre manifestación, el rechazo a las críticas, así como el uso de la Guardia Nacional para controlar el flujo de migrantes en la frontera sur de México son algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno de AMLO, que minan el desarrollo de los derechos humanos en el país.
En contraste, AI reconoció que la actual administración tuvo buenas iniciativas. Tal es el caso del asilo a migrantes a principios de 2019 y la política de amnistía para mujeres que abortaron.
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Sin embargo, integrantes de la organización dijeron que aún existe “una incongruencia abismal entre lo que el Gobierno dice y lo que luego hace”.
Como ejemplos refirieron el compromiso ante la ONU —que no se ha cumplido—para revisar las comunicaciones sobre casos individuales de desaparición forzada, la promesa de dar un trato más humano a migrantes —que ahora son perseguidas por la Guardia Nacional— y el compromiso de proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, estos últimos, muchas veces desacreditados públicamente por el Presidente de la República.
“Los altísimos niveles de violencia que atentan contra el derecho a la vida, la tortura que aún es generalizada, los alarmantes índices de violencia contra las mujeres, y una estrategia de seguridad militarizada más viva que nunca, son una muestra de la trágica realidad en México”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
“Es preocupante que las violaciones de derechos humanos sigan siendo la regla en México y no la excepción”, añadió Guevara durante la presentación del informe “Cuando las Palabras No Bastan”.
Para poder lograr un “cambio sustancial” en derechos humanos, AI recomienda que el Gobierno deje de culpar a las administraciones anteriores por la situación y se haga responsable de lo que sucede, busque soluciones y cumpla con sus obligaciones.
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Algunas de las recomendaciones de AI al Gobierno del Presidente AMLO incluyen desmilitarizar la Guardia Nacional, desarrollar una política pública integral de prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas con un enfoque colectivo y comunitario, poner fin a las prácticas “ilegales” de devolución de migrantes en “situación irregular” para garantizar el acceso al asilo a personas con riesgo de vida, además de llevar al cabo investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre los asesinatos de mujeres por motivos de género.
Entre otros temas, AI urgió al Gobierno federal que aborde los derechos de los pueblos indígenas y la protección de sus territorios, así como la situación de violencia que enfrentan las personas LGBTI, el acceso a derechos sexuales y reproductivos, como también el ejercicio de derechos sociales y económicos.
“El Gobierno del Presidente López Obrador tiene un mandato robusto y una oportunidad histórica para cambiar el rumbo del país.
Le urgimos a asumir el reto de establecer una nueva etapa en la historia del país de respeto para los derechos humanos de todas las personas”, dijo la directora ejecutiva de AI, Tania Reneaum Panszi.
Sin embargo, los ponentes dijeron que hasta el momento “no hay ninguna transformación de ningún tipo, sino una repetición de políticas”, aún cuando AMLO se comprometió a que su administración no sería “más de lo mismo”.
También recordaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha dado los resultados que debería de dar y que su autonomía es un elemento de “suma importancia” para garantizar los derechos “a la no repetición” de violaciones.
En ese sentido, recalcaron la necesidad de fortalecer los contrapesos en el Congreso de la Unión para garantizar imparcialidad en la designación de altos cargos gubernamentales, así como en su papel legislativo, sobre todo en materia presupuestaria.
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Algunas de las medidas adoptadas en materia de derechos humanos por el Gobierno de AMLO deben de ser replanteadas o dar marcha atrás, de acuerdo con AI.
Entre ellas está la implementación de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que además de regular a la Guardia Nacional, “no se apega al derecho internacional de los derechos humanos, regula equivocada e insuficientemente el armamento permitido” y no establece “con claridad” que el uso de la fuerza siempre debe de ser el último de los recursos.
La aplicación de esta Ley, aunque tiene beneficios, en su estado actual es insuficiente para prevenir casos de desaparición forzada, detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos.
Asimismo, el informe de AI refiere que durante el primer año del Gobierno de AMLO “se aprobaron dos leyes que restringen indebidamente y ponen
en riesgo el ejercicio de la libertad de reunión pacífica”.
Una es la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza que “abre la posibilidad a que la policía pueda determinar si el propósito de una asamblea es legítimo y, sobre esa base, decidir si utiliza o no la fuerza”; y otra es la reforma de julio al código penal de Tabasco, “para permitir la sanción penal de reuniones pacíficas en que las personas manifiesten su oposición al desarrollo o construcción de una obra pública o privada”.
Entre los cambios necesarios, el informe de AI menciona las políticas implementadas en materia de aborto y del uso de la Guardia Nacional para detener el flujo de migrantes en la frontera sur de México.
Acerca del primer punto, la organización indicó que a pesar de que el Gobierno “tomó un paso positivo” para garantizar los derechos de las mujeres cuando presentó una iniciativa de ley que preveía una amnistía para mujeres que hubieran abortado, “esta medida, de ser adoptada, tendría la desventaja de que aplica solamente a casos juzgados ante tribunales federales y la mayoría de los casos están ante tribunales de los estados”.
Por ello, AI llamó a las autoridades a derogar el delito de aborto en todas las jurisdicciones de México.
Sobre la migración, la organización explicó que, no obstante el apoyo otorgado a personas que solicitan asilo, “las medidas humanitarias fueron rápidamente abandonadas a favor de medidas de restricción y endurecimiento de la gestión migratoria”.
En ese sentido, AI hizo hincapié en el “descenso abrupto” en el número de visas humanitarias (14 mil 174) otorgadas entre enero y febrero de 2019, por el acuerdo de control migratorio entre México y Estados Unidos, entre ellos el despliegue de seis mil elementos de la nueva Guardia Nacional en la frontera sur de México.
“El uso de la Guardia Nacional para el control de la migración fue destacado como un peligro de acciones discriminatorias por el Comité de las Naciones Unidas contra la Discriminación Racial”, se lee en el informe de AI.
La información disponible indica que para finales de septiembre, las autoridades federales de migración habían detenido a 158 mil 200 migrantes “en situación irregular”, incluyendo 46 mil 476 niños, niñas y adolescentes.
Para la organización, “las condiciones de detención de estas personas han sido inadecuadas, siendo común el hacinamiento en estaciones migratorias y centros de detención provisional”. Asimismo refiere que en lo que va del año, “por lo menos tres personas murieron en custodia del Instituto Nacional de Migración, incluyendo una niña de 10 años”.
OTROS GRANDES RETOS
Durante la presentación del informe “Cuando las Palabras No Bastan”, además de la urgencia de acabar con la militarización en el país, las restricciones contra migrantes y contra el derecho de libre manifestación, los panelistas hicieron un llamado a revertir la violencia contra las mujeres, así como en contra de periodistas y defensores de derechos humanos.
Para AI, “la violencia por motivos de género contra las mujeres y las niñas sigue siendo generalizada en el país”.
Sus datos indican que en México dos tercios de las niñas y mujeres de 15 años o más han sufrido violencia de género al menos una vez en su vida. Esto además de los casos de feminicidios, cuya tasa de incidencia “se triplicó” entre 2007 y 2017, de acuerdo con un análisis de cifras oficiales.
“En los últimos años México ha avanzado en la tipificación del feminicidio como un delito en los códigos penales, pero aún hay insuficiencias en las definiciones legales usadas. Las autoridades mexicanas no producen aún estadísticas confiables sobre el feminicidio y sobre otras formas de violencia de género; aun así, entre enero y septiembre de 2019, las fiscalías habían registrado 748 víctimas de feminicidio. El año anterior, según datos oficiales, al menos 3 mil 548 mujeres habrían sufrido muertes violentas, que incluyen tanto homicidios como feminicidios”, se lee en el informe de AI.
En el caso de los periodistas y defensores de derechos humanos, los integrantes de la organización lamentaron que México continúe siendo “un lugar hostil” para ejercer ambas actividades.
De acuerdo con sus cifras, “durante el primer año de este nuevo Gobierno, según cifras del propio Gobierno, al menos 23 personas defensoras y 15 periodistas y otros trabajadores de medios de comunicación han sido asesinados”.
En este contexto, los ponentes se mostraron preocupados de que el Presidente AMLO “haya utilizado sus conferencias de prensa para denostar la labor de la sociedad civil organizada y para señalar a periodistas y medios de comunicación que han criticado sus políticas”.
AI explicó que “estas declaraciones podrían suponer un rechazo del Gobierno federal a la crítica y al disenso y, en los hechos, contribuyen a crear un ambiente hostil en contra de estas personas y organizaciones”.
Aunque los integrantes de la organización perciben una “mayor disposición” de las autoridades federales para reaccionar ante amenazas y ataques a personas defensoras de derechos humanos, reconocieron que “aún es necesario que estas respuestas se institucionalicen y funcionen en todos los casos en que sean necesarias y, particularmente, que se desarrollen e implementen estrategias integrales de prevención de ataques contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos”.
