En Tamaulipas el narcotráfico gobierna y la violencia se cruzó al otro lado de la frontera. Celerino Castillo, un ex agente de la DEA, dijo a SinEmbargo que narcotraficantes que residen en Texas han desplazado a los antiguos propietarios de zonas exclusivas. Desde su óptica no es el crimen organizado el mayor peligro para ambos países divididos por la línea fronteriza, sino la dependencia de ingresos económicos que éste ha generado con una gran diversidad de negocios.
Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).– El narcotráfico ha minado las instituciones en Tamaulipas. O así lo sostiene Celerino Castillo, un ex agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas inglés), quien ha visto cómo los capos del país vecino han acrecentado su influencia en la frontera.
“Por ejemplo, hay un residencial entre Mission y McAllen [ciudades de Texas], que se llama Cimarron Country Club, donde habían puros gringos y ahora los cárteles compraron todas las casas. Los que estaban antes se están saliendo, porque ya llegó la violencia a Estados Unidos”, explicó el agente.
De acuerdo con una solicitud de información vía transparencia a la Procuraduría General de la República (PGR), en Tamaulipas operan ocho células del narcotráfico.
Para el Cártel del Golfo trabajan los Metros en Reynosa, los Rojos en Matamoros, el Grupo Dragones en Tampico, los Fresitas y los Ciclones; mientras que para Los Zetas, operan otras tres células: el Grupo Operativo Los Zetas, Grupo Operativo Zetas y las Fuerzas Especiales Zetas.
Castillo afirmó que una amplia serie de negocios se han desarrollado en la frontera, desde ventas de armas hasta bancos.
“El problema que tienen los Estados Unidos no es tanto el tráfico de drogas, sino su adicción al dinero del tráfico”, dijo.
Del 2010 al 2012 ingresaron al país por la frontera norte 253 mil armas que se utilizaron para el mercado ilícito.
Un monto que se tradujo en ganancias de 127 millones de dólares (unos 2 mil 400 millones de pesos) para la industria estadounidense de las armas, de acuerdo con un estudio de la Universidad de San Diego.
Sin embargo, muchas de estas armas que llegan de Estados Unidos al Ejército mexicano terminan en manos del crimen organizado, alertó Castillo.
“El Ejército está trabajando con los narcos desde hace tiempo. Conozco mucha gente del otro lado metidos en el tráfico, y se la pasan comprando ‘juguetes’ a los generales. Es muy simple. Cuando hay detenciones en ocasiones [se encuentran] granadas [calibre] 40 mm, que sirven para lanzadores de granadas. Esas nomás el Ejército las tiene, tú no puedes ir a una tienda a comprar eso”, detalló.
Sin el visto bueno de las autoridades, estos negocios no podrían ser posibles, coinciden especialistas.
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El 22 de noviembre, la PGR ofreció una recompensa de hasta 15 millones de pesos a cambio de información que ayude a la localización y detención del ex Gobernador de Tamaulipas (entre el 1999 y el 2004), por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Tomás Yarrington Ruvalcaba.
La recompensa llega cuatro años después de que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud (UEIDCS), de la PGR, inició una investigación al ex mandatario por delitos contra la salud (narcotráfico).
Con Yarrington se instauró el terror del Cártel del Golfo en Tamaulipas, dijo el profesor Guillermo Garduño Valero de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), cuyo legado continuó con los siguientes gobernadores.
“Eugenio Hernández [Gobernador entre el 2005 y 2010] definitivamente es impuesto por el propio Yarrington y no pretendió desprenderse. Desde Hernández inició la salida de la gente de sus comunidades por la amenaza del crimen organizado”, expuso Garduño.
Hernández es perseguido por las autoridades de los Estados Unidos por el presunto lavado de 30 millones de dólares que provendrían del cártel de Los Zetas. El cargo le fue asentado en la localidad de Corpus Christi, en Texas.
Durante el último año de Hernández, y el primero de su sucesor, también priísta, Egidio Torre Cantú, ocurrieron las dos masacres de migrantes en el municipio de San Fernando (en los años 2010 y 2011).
“En el 2010 se dispara la violencia, entra en los cuerpos del estado y obviamente empieza una cacería de cabezas, y eso provoca una fragmentación del crimen. Ya no tenemos guerras entre Zetas y Cártel del Golfo, sino ahora una serie de grupos”, dijo la profesora Guadalupe Correa-Cabrera, de la Universidad de Texas.
Francisco Chavira Martínez, ex candidato independiente por Tamaulipas, acusó recientemente a Cantú de habitar en una mansión de 340 millones de pesos en el municipio San Pedro Garza García, Nuevo León.
El Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca del Partido Acción Nacional, quien tomó posesión el 1 de octubre, ha preferido guardar silencio tanto sobre este escándalo, como en el de la recompensa de la PGR por Yarrington.
Marco Arelllano Toledo, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó que una de las razones por las cuales la ciudadanía no demanda al Gobernador García Cabeza de Vaca que persiga a sus antecesores es la infiltración del crimen organizado en la política.
“Tamaulipas está tan permeado por el crimen con la élite. Pareciera que la denuncia no es necesaria porque el ecosistema mismo florece en cualquiera de las trincheras partidista”, dijo Arellano Toledo.
INSEGURIDAD EN TAMAULIPAS
En los primeros ocho meses del año hubo 499 averiguaciones previas por homicidio doloso en Tamaulipas; un aumento del 9 por ciento en relación al mismo periodo del año pasado, de acuerdo a datos oficiales.
García Cabeza de Vaca asume el cargo en una entidad aquejada por los robos patrimoniales, que en los primeros ocho meses del año sumaron 3 mil 909 averiguaciones previas, un aumento del 46 por ciento en relación al mismo periodo del año 2015.
En medio de la violencia, Cabeza de Vaca prometió acabar con la inseguridad en un año y medio. Un plazo necesario puesto que la violencia no se puede erradicar de la “noche a la mañana”, argumentó en un evento en Altamira.
Sin embargo, sus propuestas parecen no ser los suficientemente contundentes, consideró Correa-Cabrera: “Creo que no ha llegado con la fuerza suficiente para tomar acciones, ni ha dicho cuál es su política de seguridad que creo que es fundamental”.
