Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).– La organización Human Rights Watch (HRW) denunció ayer en un amplio documento que, a un año de comenzar el mandato del Presidente Enrique Peña Nieto, su gobierno no ha mostrado avances en investigaciones sobre abusos del pasado y peor aún, continúan produciendo nuevas violaciones graves de derechos humanos con impunidad.
A través de una carta, José Miguel Vivanco, director de HRW México, dijo que hay casos donde muestran que militares y policías continúan cometiendo graves abusos de manera impune en lo que va de su sexenio.
“Desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas en estados en todo el país, perpetradas por miembros de todas las fuerzas de seguridad en el ámbito federal, estatal y municipal”, son los delitos que denuncia la organización.
A pesar de que hay evidencias que muestran la participación de agentes estatales, hasta el momento “ningún funcionario ha sido consignado”.
José Miguel Vivanco indica que la administración de Enrique Peña Nieto no ha definido un plan concreto sobre cómo reducir la violencia, pues al comienzo de su mandato, distintos miembros de su gabinete coincidieron que la estrategia del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa no lo consiguió y al contrario, aumentó dramáticamente las violaciones en derechos humanos.
“Su estrategia pareciera haber sido prácticamente indistinguible de la de su predecesor”, acusa.
La ONG ejemplifica con el caso de Michoacán.
Envió miles de soldados, que “se unen a miles de otros asignados a operativos contra el narcotráfico en todo el país, quienes no han recibido una misión clara (salvo una directiva imprecisa de restablecer la seguridad), no tienen plazos claros con respecto a cuándo deberán retirarse, y cuentan con una supervisión civil insuficiente”.
Human Rigths Watch también menciona otra similitud con el gobierno de Calderón Hinojosa:
“Referirse despectivamente a víctimas de violencia acusándolas de delincuentes, sin ninguna evidencia que lo demuestre”.
La carta indica que los comunicados que emite el gobierno de Peña Nieto sobre los asesinatos, señala a la mayoría de las víctimas como “presuntamente responsables de hechos ilícitos”.
“Ante la ausencia de investigaciones rigurosas y objetivas, esta calificación contraviene la presunción de inocencia”, sin embargo, no es así. Al contrarío, incluso puede transmite un mensaje que se entienda que los homicidios no merecen ser investigados, cuando es obligación del estado “prevenir y sancionar la violencia contra sus ciudadanos, independientemente de si pueden estar involucrados en hechos criminales”.
DESAPARICIONES, AÚN SIN RESPUESTA
En febrero de este año, HRW entregó el informe “Los desaparecidos en México” donde se documenta la participación de miembros de las fuerzas de seguridad en numerosos casos de desapariciones. Denunció que las autoridades no investigaban los casos ni buscaban a las personas desaparecidas.
Luego de esto, el gobierno reconoció la existencia de una lista de más de 26 mil personas denunciadas como desaparecidas o extraviadas, e incluso se creo una unidad dedicada a estos casos, sin embargo, hasta el momento no se ha publicado ninguna metodología para revisar dicha lista.
“En muchas regiones del país, las autoridades continúan demorando las investigaciones y búsquedas de personas desaparecidas, omiten pasos de investigación básicos y señalan sin ningún fundamento que las víctimas estaban vinculadas con la delincuencia organizada”.
HRW se ha reunido en cuatro ocasiones con representantes de la unidad y concluye que los casos avanzan con una lentitud alarmante, además de que hay graves omisiones en las medidas que adopta.
Finalmente, el director de HRW México indica que aún quedan cinco años de mandato y es un lapso de tiempo razonable para “revertir el curso, fomentar la justicia pro los abusos del pasado y demostrar un compromiso verdadero con la prevención de nuevos hechos”.
