El Edomex, Hidalgo, Nayarit y Sonora se suman hoy al resto de congresos estatales que dicen sí a la reforma.
Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- Los congresos locales de 17 estados ya avalaron la reforma constitucional, aprobada por el Congreso de la Unión, para que las Fuerzas Armadas participen en las en tareas de seguridad pública hasta el 2028.
Con la aprobación de Estado de México, Hidalgo, Nayarit y Sonora este jueves, el decreto pasó la última prueba al ser respaldado por el Constituyente Permanente, y sólo se esperaría su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Estas cuatro entidades se suman a los legislativos de Oaxaca, Ciudad de México, Sinaloa, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla, Quintana Roo, Baja California, Tlaxcala, Michoacán, Tamaulipas y Campeche.
Por lo que, al ser avalada por 17 congresos, la reforma logró su constitucionalidad para que, a partir del año 2023, los estados y municipios cuenten con recursos extraordinarios para fortalecer sus sistemas de seguridad pública con la colaboración de la Guardia Nacional.
Diputadas y diputados mexiquenses avalaron, con 58 votos a favor y 16 en contra, la Reforma Militar del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual estaba a sólo cuatro congresos estatales más para lograr su constitucionalidad.
En contra se manifestaron los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) quienes reiteraron su rechazo a una supuesta militarización en el país.
Morena, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), más el grupo sin partido, ya sumaban más de 50 votos cuando sólo se requería una mayoría simple de 38.
La #LXILegislaturaEdomex avaló la Minuta que reforma el Art. 5to transitorio del Decreto que modifica disposiciones de la Constitución federal en materia de #GuardiaNacional, enviada por @Mx_Diputados.
✔️Amplía la presencia de FFAA en tareas de seguridad pública hasta 2028. pic.twitter.com/XxX9w54Yhf
— Legislatura Edomex (@Legismex) October 27, 2022
Entre los motivos de la minuta, se expuso que en las reformas al Artículo 5 transitorio constitucional, se establece con claridad cómo será la participación las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, y se señala que su intervención debe ser extraordinaria, justificada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Además, justificaron que esto ayudaría a fortalecer a los cuerpos policíacos estatales y municipales, a través de capacitación y profesionalización, y las autoridades municipales y estatales correspondientes estarían obligadas a rendir informes trimestrales para evaluar el avance.
Sin embargo, los panistas y perredistas insistieron en que avalar la minuta significa estar de acuerdo con la militarización del país, que tiene un grave riesgo por extender las facultades del Ejército en tareas que deberían ser exclusivas del ámbito civil.
Incluso, el Diputado Francisco Santos del PAN urgió a votar con conciencia y no por consigna, pues acusó que existe un acuerdo entre el partido oficialista y el tricolor para dejar de perseguir al dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas.
En el #CongresoEdomex el Grupo Parlamentario del PAN en contra de la ampliación de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028.
(1/3) pic.twitter.com/m7G2iYoPMj— Enrique Vargas Del Villar (@EnriqueVargasdV) October 27, 2022
debemos enfrentar la inseguridad con policías estatales y municipales mejor capacitados, equipados y con una remuneración digna. (3/3)
— Enrique Vargas Del Villar (@EnriqueVargasdV) October 27, 2022
El lunes pasado, el Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, expresó su apoyo para que la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina continúen apoyando a los gobiernos locales en la lucha contra la criminalidad.
En la reforma aprobada se establece que en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
