El 24 de octubre, la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida coloquialmente como Comisión de Venecia, publicó una opinión sobre la iniciativa de reformas constitucionales concernientes al sistema electoral promovida por el Presidente de la República y Morena. Esta Comisión es un órgano del Consejo de Europa –un organismo internacional que integra a todos los países europeos que cumplen con estándares democráticos con independencia de si forman parte o no de la Unión Europea–, donde participan también quince países no europeos preocupados por el desarrollo de la democracia, entre ellos México.

La opinión de la Comisión de Venecia sobre la propuesta de Reforma Electoral no es, así, un acto de injerencia, pues México es uno de sus integrantes y fue elaborada a petición del Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova. Las conclusiones adoptadas son el resultado de un reporte presentado por cuatro integrantes de la Comisión después del análisis de la iniciativa y de una visita a México donde se entrevistaron con representantes del Poder Legislativo de distintos partidos, del INE, del Tribunal Electoral, de la sociedad civil y de la academia. Se trata de un documento prudente, que evalúa la propuesta a la luz del Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral y otros documentos y resoluciones desarrollados por la propia Comisión de la que, es importante insistir, México es integrante.

La opinión reconoce el carácter perfectible de todo sistema electoral, siempre y cuando las reformas se hagan con el mayor consenso posible de las distintas fuerzas políticas, con transparencia y sin mengua de la imparcialidad y la certeza de las elecciones. Como se trata de un informe elaborado a petición del Presidente del INE, el énfasis está puesto en los cambios propuestos en el órgano encargado de la organización de los comicios –el INEC que sustituiría al INE– y en los cambios al cuerpo jurisdiccional de resolución de controversias, el Tribunal Electoral, aunque también aborda contextualmente la propuesta de reforma del sistema de representación, que eliminaría los distritos de mayoría relativa y las circunscripciones de representación proporcional para crear 32 circunscripciones plurinominales, una por cada entidad federativa, para la elección de diputados, con una reducción de 200 escaños y el cambio de fórmula de elección del Senado, para hacerla proporcional con sistema de cociente simple y resto mayor y también con una sustantiva reducción de sus integrantes a 96.

Respecto a la representación, el documento cuestiona la reducción de escaños y la posibilidad de que se acentúe la sobrerrepresentación de los partidos más grandes, por lo que considera indispensable que se analicen los posibles escenarios derivados de elecciones recientes y de encuestas prospectivas, para garantizar que no afecte la pluralidad de la representación. Según la Opinión, el sistema mixto que ha existido desde finales de la década de los setenta en México ha funcionado razonablemente para garantizar la representación de mayoría y minorías. 

El eje del documento es el análisis de las reformas propuestas para la integración del que sería el nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y del Tribunal Electoral. Ahí se centran las principales señales de alarma sobre el carácter regresivo de la iniciativa, pues considera que la elección popular de consejeros electorales y magistrados es contraria a los estándares internacionales, ya que propiciaría que los aspirantes hicieran campaña electoral, lo que irremediablemente politizaría su actuación. También considera riesgoso para la imparcialidad del cuerpo el hecho de que sea el propio INEC el que organice la elección de sus integrantes. Las mismas preocupaciones se extiende a la elección por voto popular de los magistrados electorales. 

Otra preocupación del informe es el desmantelamiento de la estructura profesional permanente del organismo encargado de la organización electoral con la desaparición de las juntas distritales y su sustitución por cuerpos temporales para cada elección. También advierten contra la sobrecarga de recursos en un Tribunal Electoral extraordinariamente centralizado.

En conclusión, la Comisión de Venecia considera que, “modificar un sistema que funciona bien en general y que goza de la confianza de las diferentes partes después de varios ciclos electorales y de años de evolución democrática hace correr de forma inevitable el riesgo de que esa confianza se tambalee”, y las reformas propuestas no proveen las suficientes garantías de independencia e imparcialidad del INEC y del Tribunal Electoral.

Las preocupaciones planteadas en la Opinión coinciden con las expresadas por integrantes de organizaciones civiles y de diversas instituciones de educación superior que enviamos una carta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, donde consideramos que existe un riesgo grande de que las reformas propuestas signifiquen un retroceso a una etapa de elecciones sesgadas en favor del Gobierno en turno.

De prosperar la iniciativa de Reforma Electoral, que ominosamente parece contar ya con la aquiescencia de una parte del PRI, se confirmaría la existencia de un proyecto de deformación de la democracia para construir una representación personalizada de la voluntad general, coincidente con la característica central que Nadie Urbinati le atribuye al populismo como forma de acción política: no se trata de acabar con las elecciones, sino de controlarlas para convertirlas en un instrumento de ratificación permanente de una mayoría, de manera que se impida su sustitución por otra mayoría emergente. Una democracia desfigurada, antesala de la tiranía.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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