Los recursos que se destinan al INE han sido tema de un arduo debate entre el Gobierno federal y los consejeros electorales. El Gobierno ha cuestionado los salarios y prestaciones que percibe una “burocracia dorada” en este órgano electoral, el cual a su vez ha rechazado las acusaciones de dispendio y de protagonismo del que se señala a su Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello.
Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).– El Instituto Nacional Electoral (INE) se ha negado a someterse a la política de austeridad republicana, pero ha guardado de manera irregular casi mil 500 millones de pesos de 2018 al 2021, como lo acreditó el Órgano Interno de Control (OIC) de la institución, que identificó que esos recursos son de plazas que no han sido ocupadas y que fueron depositados en uno de los fideicomisos que el Gobierno federal ha calificado como “ilegales”, cuando debieron ser reintegrados a la Tesorería de la Federación.
En la revisión se encontró que el Fondo para Atender el Pasivo Laboral —creado el 22 de noviembre de 2007 cuando el INE era el IFE— ha recibido aportaciones por mil 444 millones 245 mil 707 pesos en los ejercicios del 2018 al 2021, provenientes de ahorros y economías, generadas del capítulo 1000 “Servicios Personales”, entre los cuales se encuentran los de la vacancia de plazas, esto bajo el amparo del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del INE.
No obstante, el OIC del Instituto Electoral señaló en su Informe Previo de Gestiones y Resultados del primer semestre de este año –que esta instancia presentó ante el Consejero General del INE y al que SinEmbargo tuvo acceso– que “esta práctica de generar ahorros y economías, mediante la generación de plazas vacantes, originan de facto disponibilidades líquidas de recursos que, año con año, el Instituto Nacional Electoral las redirecciona a otras necesidades de gasto no programadas, en este caso al Fondo para Atender el Pasivo Laboral, debiendo reintegrarse a la Tesorería de la Federación”.
El Artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala: “Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, las dependencias, así como las entidades respecto de los subsidios o transferencias que reciban, que por cualquier motivo al 31 de diciembre conserven recursos, incluyendo los rendimientos obtenidos, deberán reintegrar el importe disponible a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. Queda prohibido realizar erogaciones al final del ejercicio con cargo a ahorros y economías del Presupuesto de Egresos que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos a que se refiere este artículo”.
SinEmbargo buscó la postura del Instituto Electoral. La Oficina de Comunicación Social de este órgano autónomo envió una nota informativa en la que dice cómo se autorizó esta reasignación de recursos al interior, pero no explicó —como se preguntó— por qué no se reintegró a la Tesorería de la Federación, como observó en su informe el OIC. Al final del texto se agrega la versión enviada a este medio por el INE.
El mismo día de la publicación, además, Rubén Álvarez Mendiola, Coordinador Nacional de Comunicación Social, envío una carta que llamó aclaratoria, que se agrega al final del texto, en la que negó alguna ilegalidad: “Hay un fundamento legal para el manejo de estos recursos como lo hace el Instituto en su calidad de órgano autónomo, lo cual no tiene que sujetarse, en este caso, a lo establecido por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”.
En días pasados, el Diputado de Morena Hamlet García Almaguer, Secretario de la Comisión de Reforma Política-Electoral, advirtió a SinEmbargo Al Aire de “una estrategia que ha tomado el INE, en los últimos meses, y que ha sido señalada por el propio Contralor Interno, sobre cómo están jugando con las designaciones en las estructuras internas” del órgano electoral.
“Precisamente [están] buscando dejar a sus incondicionales en las áreas directivas del Servicio Profesional (…) seríamos ingenuos en pensar que durante más de 30 años de esta estructura no han dejado incondicionales ahí adentro”, comentó el legislador sobre las supuestas irregularidades que se han detectado.
El Órgano Interno de Control reportó en este informe que al hacer una revisión “a la vacancia de plazas” y su impacto presupuestal encontró que de 2017 hasta marzo de 2020 “se mantuvieron por meses, diversas plazas vacantes”, es decir recursos sin ejercer que fueron a parar a este fideicomiso lo cual materializó “el riesgo de generar recursos no ejercidos, que eventualmente puedan ser destinados a fines distintos para los cuales fueron aprobados, a fin de dar suficiencia presupuestal a otros proyectos de gasto […] o, en su caso, al Fondo para Atender al Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral”.
En la revisión se encontró que este fideicomiso ha recibido aportaciones presuntamente irregulares provenientes de ahorros y economías, generadas del capítulo 1000 “Servicios Personales”.
Los recursos que se destinan al INE han sido tema de un arduo debate entre el Gobierno federal y los consejeros electorales. El Gobierno ha cuestionado los salarios y prestaciones que percibe una “burocracia dorada” en este órgano electoral, el cual a su vez ha rechazado las acusaciones de dispendio y de protagonismo del que se señala a su Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello.
Este Fondo para Atender el Pasivo Laboral ha estado en la mira del Gobierno federal cuando se propuso al INE emplear sus recursos en un acto de austeridad para la organización de la Consulta de Revocación de Mandato de inicios de este año. El INE descartó esta posibilidad amparándose en lo que prevén sus normas, que impiden la resignación de este fideicomiso para otros fines que no sean “la protección de los derechos de las y los trabajadores”.
Una muestra de cómo es empleado este fideicomiso se dio con la salida de los consejeros Marco Antonio Baños y Benito Nacif. De este Fondo para Atender el Pasivo Labora se les pagó en 2020, en términos netos y con motivo de su baja, un millón 721 mil 566.80 pesos y dos millones 027 mil 434.98 pesos, según reconoció el propio INE a pregunta expresa de SinEmbargo.
“Las y los empleados del INE, con plaza presupuestal que tengan al menos un año de relación laboral, y de honorarios permanentes, con al menos dos años de antigüedad, pueden recibir la Compensación por Término de la Relación Laboral que implica tres meses de su sueldo nominal, más 12 días por cada año trabajado”, precisó el INE en una tarjeta informativa.
Así mismo reportó que el monto neto de las compensaciones por término de la relación laboral o contractual por el periodo del 01 de enero de 2017 al 30 de septiembre de 2021 ascendió a 806 millones 637 mil 580.92 pesos.
EL LLAMADO A LA AUSTERIDAD
A inicio de este año y de cara a la Consulta de Revocación de Mandato —para la cual el INE alegó no tener los recursos suficientes para su organización— el Gobierno federal presentó al órgano autónomo un plan de austeridad con el cual podría ahorrar dos mil 972 millones de pesos, este plan puso sobre la mesa la desaparición de dos fideicomisos: El Fondo para Atender el Pasivo Laboral, precisamente, y el Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria.
“Los fideicomisos no son ilegales. Se encuentran sustentados desde la Constitución Política que determina que el INE contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio de su función”, respondió el INE en ese entonces al Gobierno y prometió llevar a buen puerto la Consulta de Revocación de Mandato, en la cual por Ley debió contar con la misma organización de una elección federal, pero que bajo el argumento de falta de recursos implicó la instalación de menos casillas, una medida respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicó —el pasado 12 de abril— en entrevista con SinEmbargo Al Aire que el “guardadito” de fideicomisos “es una de las tantas demostraciones del carácter ilegal” de estos fondos. Dijo que el INE no instaló suficientes casillas para el ejercicio de Revocación de Mandato porque “retuvo” millones de pesos en “ilegales fideicomisos”.
Las críticas hacia el INE y el costo que implica mantener su estructura han derivado en la presentación de una Reforma Electoral que contempla, entre otros puntos, la transformación del INE en el Instituto Nacional de Elecciones y Consulta (INEC), que reduciría de 11 a siete el número de los consejeros que serían electos por voto popular, según la propuesta de reforma constitucional para la cual Morena requeriría los votos de la oposición, algo que el oficialismo confía en obtener de la mano del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El Fondo para Atender al Pasivo Laboral fue creado por el entonces Instituto Federal Electoral el 22 de noviembre de 2007 con vigencia de 50 años, bajo el objetivo de “otorgar un reconocimiento por servicios prestados, a los servidores públicos o prestadores de servicios por contrato de honorarios asimilados a salarios con funciones de carácter permanente que den por terminada su relación jurídico-laboral o contractual con el Instituto”.
El saldo de este fideicomiso hasta el 30 de junio pasado era de 507 millones 490 mil 891 pesos, un monto menor en 37 millones 970 mil 079 pesos (es decir de un 6.96 por ciento) respecto del saldo reportado al 30 de junio de 2020, según se desprende del informe del informe del segundo trimestre del año en curso de este Fondo.
Sin embargo, como este rubro otros han sido objeto de críticas como los salarios de los consejeros y el número de asesores con los que cuentan.
En noviembre de 2021, por ejemplo, la reportera Daniela Barragán reportó en SinEmbargo cómo tan sólo el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, contaba en ese entonces con 11 asesores, cuatro de ellos recibían un sueldo mensual de 104 mil 885 pesos, 10 mil 854 pesos menos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ese tipo de gastos han sido cuestionados desde el Gobierno federal como pruebas de la falta de austeridad del INE, pese a ello este órgano electoral pidió para el próximo año 24 mil 696 millones 868 mil 749 pesos para su funcionamiento en 2023. La cifra es casi la misma que pidió para 2022 y que le fue negada y que le ocasionó un problema durante meses, no sólo con Hacienda sino también con la opinión pública.
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) de 2023 —que debe ser aprobado máximo el próximo 15 de noviembre— el Instituto también apuesta por altos sueldos y prestaciones, ya que propone para los consejeros una percepción bruta anual de cuatro millones 377 mil 625 pesos, casi la misma cantidad que solicitó para 2022. A final de cuentas, para ese año el monto quedó en dos millones 487 mil pesos.
RESPUESTAS DEL INE A SINEMBARGO
ACLARATORIA SIN EMBARGO 27 DE OCTUBRE (1)Nota informativa Compensacion por Termino de la Relacion Laboral (1).docx
