Las discusiones de los últimos días en los medios de comunicación y en las redes sociales han abordado diferentes políticas públicas, y también otras decisiones coyunturales del gobierno federal, señalando sus debilidades y errores. Independientemente de los resultados de su evaluación, siempre es saludable regresar a lo básico para -desde ahí- asegurarse que se están considerando los problemas fundamentales involucrados. Para esto quizá pudiera ser de utilidad recordar lo argumentado por Sabatier y Mazmanian (2003) cuando señalaban los retos que siempre se tienen que atender. Al respecto, quisiera tratar dos puntos.

El primero es que, como es bien sabido, los problemas de la implementación de la política pública están relacionados con tres grandes “brechas” (i.e. “grietas”, “fisuras”, “discontinuidades”). La primera brecha es la que existe entre lo que se prometió en campaña y lo que se planea en el ejercicio gubernamental. La segunda es la que se da entre lo planeado y lo efectivamente realizado. Finalmente, existe también otra brecha entre los resultados de la política pública y el impacto más amplio de éstos en la problemática social que busca disminuirse o eliminarse. Idealmente, muchos de los problemas para “saltar” estas fisuras se reducirían asegurando una consistencia entre medios y fines; es decir, en la medida en que tuviéramos objetivos definidos de manera clara, y gobiernos, sociedades y mercados aportando los medios para alcanzar tales objetivos, muchas de las complicaciones de la implementación se reducirían. Sin embargo, lo que es más usual es encontrar discontinuidades entre estas esferas. Una cosa se promete en campaña; otra se planea; otra se implementa; y, finalmente, son otros los resultados obtenidos.

A pesar de que ningún gobierno se puede librar del todo de estas brechas, lo cierto es que una política pública bien diseñada y cuidada puede mejorar considerablemente en la implementación; y esto puede ser la diferencia entre una política exitosa y otra que es un desastre. El segundo punto que quisiera hacer es mencionar un breve checklist basado en lo que argumentan los autores mencionados. El listado no es exhaustivo, y muchas políticas públicas son considerablemente complejas. Sin embargo puede ser un buen inicio para valorar si una política está siendo implementada de buena manera:

1. La política ¿se diseñó usando una teoría causal válida (es decir, probada o al menos plausible)? Si, por ejemplo, se piensa que la política social y la inclusión de los jóvenes al mercado laboral disminuirá la violencia del crimen organizado ¿de dónde viene tal presupuesto? ¿Existe alguna evidencia que pruebe esto? ¿Ha funcionado alguna vez, en algún lugar? La política social y laboral ¿influyen en la demanda de la droga y, en consecuencia, modifican cómo se comportan sus mercados?

2. ¿Qué tan diverso es el grupo poblacional objetivo? Entre más amplio y heterogéneo sea este grupo, más difícil será la implementación de la política. Siempre es mejor focalizar para obtener más de los recursos empleados

3. ¿Se busca un cambio radical en el comportamiento de la población objetivo? Si es así, los medios y la relación causal presupuestos deben ser proporcionales. No es razonable esperar grandes cambios como resultado de hacer nada o casi nada

4. Los objetivos de la política ¿son claros y están bien definidos? ¿Están explicados, de manera explícita y didáctica, en documentos de planeación? ¿Se dan a conocer a la población en general y a todos(as) los(as) actores(as) gubernamentales y no gubernamentales involucrados(as)?

5. ¿Se asignaron recursos financieros, de experiencia, tecnológicos, legales e informacionales proporcionales a los objetivos de la política? ¿Se está buscando lograr un gran objetivo con pocos recursos? (Dicho sea de paso, asignar pocos recursos y luego culpar de su fracaso a factores o actores(as) externos(as) a la política pública es un mecanismo usado regularmente por los gobiernos)

6. Las instituciones o agencias gubernamentales encargadas de implementar la política ¿están integradas jerárquicamente? ¿Está claro qué institución es la que dirige la implementación? ¿Existen canales de comunicación eficaces entre las diferentes instancias involucradas? Los procedimientos para tomar decisiones y evaluarlas posteriormente ¿son claros para todos(as) los(as) actores(as) involucrados(as)?

7. ¿Se recluta a las mejores personas para los puestos requeridos? ¿Se les cuida, forma y estimula para asegurar su compromiso personal en el cumplimiento del objetivo?

8. Los medios de comunicación ¿dan seguimiento al problema que se trata de disminuir o eliminar? ¿Existe apoyo amplio de la población para la política pública implementada? ¿Se busca que este apoyo provenga de la mayoría representativa de los ciudadanos, y no de los grupos o actores(as) explícitamente pro-gubernamentales?

9. Y finalmente, la política ¿cumple con la ley y los estándares de las buenas prácticas gubernamentales -como la transparencia y la rendición de cuentas-?

Estas son solo algunas preguntas pero, es evidente, podría haber muchas más.

• Referencia:
• Sabatier, P. A. y Mazmanian, D. A. (2003) “La implementación de la política pública: un marco de análisis”, en Luis F. Aguilar (ed.) La Implementación de las políticas (pp. 323-372). México: Miguel Ángel Porrúa.

Francisco Porras Sánchez

https://www.sinembargo.mx/author/francisco-porras

Doctor en Política y Estudios Internacionales por la Universidad de Warwick, Reino Unido. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación es la Gobernabilidad urbana y regional contemporánea (finales del siglo XX y principios del XXI), con particular interés en gobierno, gobernanza y redes de política pública. Actualmente es profesor investigador del Instituto Mora. Twitter: @PorrasFrancisco / @institutomora

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