La PGR anunció la creación de una unidad especializada para supervisar las investigaciones del delito en materia de tortura cuando se trate de actos atribuibles a servidores públicos.
Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- La Procuraduría General de la República (PGR) publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se crea la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura en la que se estipulará la investigación e imposición de penas para ese delito.
Adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, la Procuraduría, a cargo de Arely Gómez, estableció esta medida como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas.
En el acuerdo se estipula que para garantizar la integridad de los derechos humanos de los mexicanos es necesario asumir instrumentos internacionales que brinden asistencia y atención oportuna a las víctimas de tortura.
Entre los objetivos que establece dicho acuerdo, la PGR menciona que la investigación del delito se efectuará con mayor eficacia, instrumentar una política de Estado en materia de derechos humanos y abatir la impunidad.
“Se ha detectado que debido a prácticas judiciales, en ocasiones, de un hecho posiblemente constitutivo del delito de tortura se hace del conocimiento al Ministerio Público de la Federación adscrito a su Juzgado, al Ministerio Público de la Federación adscrito a la Delegación Estatal de esta Institución y a la Procuradora General de la República lo que trae como consecuencia la multiplicidad administrativa de investigaciones y el ineficaz uso de recursos humanos”, detalló la PGR.
La Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura tendrá la capacidad de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones del delito en materia de tortura cuando se trate de actos atribuibles a servidores públicos integrantes de otras instancias de la Administración Pública Federal, así como de otros Poderes de la Federación, incluso si se tratara de algún organismo autónomo conforme a lo establecido en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.
