Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).– Una trabajadora sexual no puede aspirar a recibir seguridad social, apoyo para acceder a una vivienda, seguro por incapacidad o una jubilación digna cuando desee retirarse. En otras palabras, a la inseguridad cotidiana por parte de tratantes de personas, extorsiones policiacas y la discriminación hipócrita de una sociedad que las estigmatiza de día y las busca de noche, las sexoservidoras deben enfrentar la vulnerabilidad laboral.
Cansadas de esta situación, integrantes del colectivo “Estamos presentes / Trabajadores sexuales”, presentaron ante medios de comunicación un documento que pretende ser una iniciativa de ley ciudadana hecha por ellas mismas, a fin de que el Congreso de la Unión otorgue a este sector garantías laborales, como cualquier otra actividad productiva.
Integrante de ese colectivo, Yadira Oriel Cruz, bailarina de tabledance, se define a sí misma como una trabajadora sexual que forma parte de una industria que pretende legalizar. Segura de sí misma, afirma que las sexoservidoras deben tener derecho a una vivienda, servicios de salud, educación y a la capacitación para evitar explotación laboral y enfermedades de transmisión sexual.
“Haz de cuenta que no existimos. Si yo quiero hacer un trámite para una vivienda o de seguridad social, pues como mi actividad no está reconocida ni tipificada en la Ley Federal del Trabajo, no hay ningún marco jurídico que nos respalde para hacer este tipo de trámites, o en su defecto también coadyuvar para la prevención de la trata o la explotación sexual infantil”, dijo con contundencia Yadira Oriel, en entrevista con SinEmbargo.
Autodidacta, la bailarina de tabledance relata que personalmente ha trabajado la propuesta ciudadana para visibilizar y legalizar el sexo servicio basada en la lectura de los Acuerdos de San Andrés y en los comunicados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), de donde se inspiró en cuestión de derechos humanos.
Sin asesoría jurídica de ningún abogado, solas con su determinación, Yadira y otras integrantes del Colectivo leyeron legislaciones de otras nacionales latinoamericanas para aplicar nuevas reglas que permitan la visibilización de su actividad, a fin de que con esta Ley también se pueda erradicar la trata de personas y que podamos acabar también con la explotación sexual infantil.
“Nos dimos a la tarea de revisar en la Constitución de Uruguay y de Colombia, países que ya han avanzado en emitir una ley de trabajo sexual, y dentro de estas leyes se tipifica muy adecuadamente que el trabajador sexual es desde el mesero, el cantinero, el garrotero, el dj, la bailarina, la fichera, la masajista, la sexoservidora. Ya sea que ejerza en un local, en la calle o en una zona de tolerancia, cosa que en México no se ha visto”, detalló la joven que no rebasa los 30 años.
Como las iniciativas ciudadanas no son aceptadas por el Poder Legislativo, será el Diputado del Partido del Trabajo, Arturo López Cándido, quien recibió la propuesta y se comprometió a asesorar a las integrantes del Colectivo, a fin de que esta iniciativa sea presentada en este periodo de sesiones, antes del 15 de diciembre.
RIESGOS DEL SEXOSERVICIO
“Todos los que trabajamos en el marco de la industria sexual debemos de tener garantías laborales”, indicó la trabajadora sexual Yadira Oriel, bailarina de tabledance y madre de dos pequeños hijos.
Ella, como miles de mujeres y hombres que se dedican al trabajo sexual, así como otros cientos de miles que lo hacen de forma indirecta, conocen los riesgos de esta profesión.
“En la mayoría de los establecimientos el trabajo es informal, también hay compañeras migrantes que llegan y se van (sin ninguna seguridad social). Ahorita muchas empresas entraron en quiebra, no hay dinero, están despidiendo a mucha gente y nosotras estamos vulnerables porque una persona que es despedida por lo menos tiene la seguridad social, o seguro por discapacidad o algún otro tipo de apoyo. En nuestro caso esto es imposible, inalcanzable”, aseguró.
Yadira narró otro tipo de riesgos a los que sus compañeros se enfrentan cotidianamente.
“Una empresa que se dedica hacer pornografía, los dueños prohibieron a sus actores y actrices porno el uso del condón y ahora hay una situación de denuncia porque se vieron infectados de VIH” relató.
Desde hace varios años, hombres y mujeres de este sector de la sociedad luchan diariamente para que se reconozca su actividad como un trabajo decente, sujetos obligaciones como el pago de impuestos, así como de derechos que les permita contar con las mismas garantías laborales que un obrero o un burócrata.
“No en todos los lugares le da chance a las empresas llamadas ‘giros negros’, de integrarse a la (actividad productiva), realmente los ‘giros negros’ también son víctimas de extorsión y de un excesivo cobro de licencias y mordidas, lo cual hace imposible que se constituyan legalmente los giros que quieren regularse, por este excesivo cobro de licencias y permisos. Con esto, desgraciadamente dejan en vulnerabilidad a sus empleadas y empleados”, apuntó.
Al reglamentarse todas las ramas de la actividad, agregó, le van a dar garantías a las personas que están dentro de la Ley y así vamos a poder erradicar la trata y la explotación infantil. “Pero mientras estemos expuestas, mientras estemos sin ninguna garantía, vamos a ser parte del problema y la idea es ser parte de la solución”, concluyó.
