Panista desde joven, el Diputado Jorge Romero comenzó su carrera política en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal hace 16 años y ha trabajado hombro con hombro junto al dirigente nacional Marko Cortés en el bloque opositor.
–Con información de Guadalupe Fuentes
Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).– Señalado por “capturar” dinero para la reconstrucción tras el sismo de 2017 en su paso por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, el coordinador de los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera (CDMX, 1979), fue Jefe delegacional de la Alcaldía Benito Juárez (2012-2015), bastión panista y epicentro del “Cártel Inmobiliario” que es indagado por la Fiscalía General de Justicia capitalina.
Además del presunto intercambio de favores y de las afectaciones que han denunciado los vecinos de esta demarcación, este grupo también podría ser responsable de muertes, como acusan personas afectadas por el “Cártel Inmobiliario”. Martín Hernández, habitante de la Alcaldía Benito Juárez, denunció hace unos días ante la FGJ-CDMX por homicidio culposo y falsedad de declaraciones al Diputado Jorge Romero (con fuero), al otro exalcalde y Diputado local Christian von Roehrich (también con fuero) y a otros exfuncionarios.
Los señala de haber autorizado dos niveles más de los permitidos para el edificio Zapata 56, Colonia Portales, construido “con materiales de mala calidad” por la empresa Canadian Building, donde murió su madre Matilde y su esposa Karla durante el terremoto de hace cinco años pese a que el inmueble era seminuevo.
“En la carpeta de investigación iniciada en 2017, que interpuse contra quien resultara responsable, se mencionan sus nombres y firmas en las autorizaciones, pero el Ministerio Público [de la Alcaldía] los tapó, no fueron llamados”, dijo en entrevista Martín Hernández, quien enfatizó ser apartidista.
Presente denuncia ante la @FiscaliaCDMX por homicidio 🆚 @JorgeRoHe @Christianvonroe y ex servidores públicos de @BJAlcaldia @BJAlcaldia involucrados en los actos de corrupción que derivaron en la muerte de mi madre y esposa en el #Sismo 2017 hago un llamado de auxilio y justicia pic.twitter.com/idvqu2ilhS
— Martin Hernández Téllez (@Martin_HdezT) September 21, 2022
“Por eso se cayó el edificio, era una bomba de tiempo, no necesariamente por un sismo”, afirmó sobre el exceso de pisos y el tipo de materiales respecto al uso de suelo, de acuerdo con el peritaje realizado.
Tanto Von Roehrich como el actual Alcalde Santiago Taboada le escribieron por Twitter que “era una persecución política”, lo cual rechazó y consideró una excusa para escudarse; solo exige justicia y reparación del daño psicológico y económico.
“Tengo dos hijos menores de edad que me quedé a cargo, se me ha hecho muy difícil, que no vean ellos que la muerte de su madre y de su abuela sea nada más así porque sí”, aseguró. “No soy damnificado en cuestión de que perdí una propiedad, perdí algo más importante que son vidas”.
DEPA Y AUTOS DE ROMERO
El abogado de la Escuela Libre de Derecho, Jorge Romero, comenzó su carrera política en la sección juvenil del PAN (2001- 2003) y en la ALDF (2006-2009), desde donde se catapultó a la demarcación que ha sido bastión de Acción Nacional en la Ciudad de México desde que el PRD controlaba a la capital del país.
En su última declaración patrimonial, Romero dice haber ingresado un millón 300 mil pesos anual en 2021 por cargo público y financiero, y tener una deuda por 925 mil pesos desde diciembre de 2015 y otra por 2 millones 270 mil pesos desde finales de 2016.
Un lustro antes de adquirir el endeudamiento, compró un departamento de contado por 2.7 millones de pesos en septiembre de 2010, cuando era coordinador de gabinete en la Alcaldía Benito Juárez.
En 2015, dos meses después de finalizar su gestión como Alcalde, adquirió también de contado una camioneta General Motors por 846 mil pesos y también posee un BMW modelo 1996 de 60 mil pesos.
Como coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, se le ha visto siempre a lado del dirigente nacional Marko Cortés durante las ruedas de prensa de la ahora rota Alianza Va por México. Ha sido un marcado opositor al Gobierno federal en temas como la Reforma Eléctrica, la electoral o la de la Guardia Nacional. Pero ahora, a sus 43 años, es uno de los políticos bajo la mira por el caso del “Cártel Inmobiliario” en la Benito Juárez.
“Siguen otorgando permisos para más construcciones y ponen en riesgo a varias familias y vecinos. Yo no quisiera que nadie pase por lo que estoy pasando en estos momentos”, dijo Martín sobre casos como la recién inaugurada ciudad Mítikah, en el límite entre Benito Juárez y Coyoacán, que incluye un edificio de 65 pisos encima del pueblo originario Xoco.
Con buenos amigos en la comida de los #300Líderes @MarkoCortes @Jesus_ZambranoG @LuisChazaroMX @Javier_Alatorre @gdehoyoswalther pic.twitter.com/y5TgNuDrfO
— Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) September 7, 2022
CASO CÁRTEL INMOBILIARIO EN BJ
El vocero de la Fiscalía de la CDMX, Ulises Lara, dijo recientemente a Los Periodistas en SinEmbargo al Aire que la dependencia trabaja para llegar con el o los líderes del “Cártel Inmobiliario” que con más de 60 edificios ha afectado a los vecinos de Benito Juárez por escasez de agua, tala de árboles y riesgo sísmico en colonias de alta plusvalía como la Del Valle, Narvarte y Nápoles.
De acuerdo con la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), la alcaldía Benito Juárez sumó recientemente 42 niveles excedentes en edificios, lo que viola el uso de suelo.
Hasta el momento, solo Luis Vizcaíno Carmona, director general Jurídico y de Gobierno en la Alcaldía Benito Juárez durante la gestión de Jorge Romero, ha sido vinculado a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la semana pasada que no habrá impunidad “si los afectados han presentado ahí [en la Fiscalía capitalina] su denuncia”, a pregunta expresa sobre la denuncia por homicidio culposo interpuesta por el ciudadano Martín Hernández, afectado por el sismo de 2017.
De acuerdo con la investigación en curso de la FGJ-CdMx, el modus operandi implicaba que servidores públicos de la Benito Juárez establecieron un sistema de intercambio de favores por medio de colusiones ilegales con constructoras y desarrollos inmobiliarios. Los acusados autorizaban manifestaciones de construcción o inclusive permitían que hubiera un piso de más en edificios, aunque fuera ilegal. Todo ello a cambio de departamentos.
“Con Jorge Romero y Cristian Von muchas constructoras se pasaron de pisos en los edificios, cuando se daba uno cuenta de que no eran los pisos señalados denunciábamos como vecinos, pero en la Delegación no nos hacían caso”, contó a este medio Eugenia, quien ha vivido más de 40 años en la Alcaldía Benito Juárez y que en los últimos 10 años ha visto cómo el “Cártel Inmobiliario” modificó su vecindario.
“Nunca nos hicieron caso, las constructoras decían que la Alcaldía les había dado permiso y no había poder humano que los moviera”, agregó la integrante del Comité Vecinal.
La gestión de Jorge Romero tampoco hizo caso a las advertencias de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, que giró recomendaciones desde 2014 en las que entonces evidenció diversos incumplimientos en las construcciones de siete inmuebles que violaban la normatividad urbana y le hizo la petición de “demoler” niveles excedentes; pero no hubo respuesta sobre los inmuebles ubicados en las colonias San José Insurgentes, Xoco y Narvarte.
El Diputado Jorge Romero –entonces como legislador de la Comisión de Gobierno de la ALDF– también fue señalado por la organización Nosotrxs, Morena y por damnificados del terremoto del 19 de septiembre de 2017 de “usar discrecionalmente” 8 mil 792 millones de pesos para la reconstrucción en la Ciudad de México con fines político-electorales.
Los otros dos legisladores locales señalados de controlar los recursos públicos fueron Leonel Luna Estrada, de la Comisión de Gobierno (PRD) y Mauricio Toledo Gutiérrez, entonces presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública (PRD), ahora autoexiliado en Chile por señalamientos de corrupción durante su administración en la Alcaldía Coyoacán.
En medio de aquellas críticas, el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó una reforma a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente para que se encargara la Secretaría de Finanzas, vigilada por la Comisión para la Reconstrucción.
Pero en el caso del “Cártel Inmobiliario”, las afectaciones y falta de reparación de daño continúan.
