Los corruptos atacan cuando son perseguidos. Se mueven. Tienen redes y buscan dos cosas: la supervivencia de su sistema y una defensa eficaz para jamás enfrentar la justicia. Los corruptos jamás doblan las manos ni se rinden.

Los corruptos buscan destruir las instituciones. Avanzan y se cuelan en el sistema político para infiltrarse en las instituciones y usarlas para su conveniencia y, si se puede, debilitarlas al máximo. Y sí, siempre se puede golpear a las instituciones democráticas.

La última ofensiva contra la lucha anticorrupción, que merece toda nuestra atención, proviene de Guatemala. El pasado mes de agosto, el presidente Jimmy Morales, flanqueado por su gabinete y miembros de las fuerzas armadas informó del cese de funciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) –Comisión creada con los auspicios de la ONU-, el próximo 3 de septiembre 2019.

La decisión de no renovar el mandato del organismo internacional con cooperación nacional ya fue notificada al Secretario General de la ONU. El cuestionado presidente llevó su conflicto al más alto nivel cuando el día de antier ante el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas acusó que “La CICIG ha llegado a ser una amenaza para la paz en Guatemala. La CICIG ha montado un sistema de terror, un sistema donde el que piensa diferente lo persigue, lo investiga”.

Vale la pena la siguiente aclaración para entender el contexto del conflicto: La CICIG investiga al presidente Morales por financiación ilegal de su campaña, y, la Comisión ha pedido la retirada del fuero presidencial para proceder contra el presidente. Según fuentes expertas en el país centroamericano, el presidente guatemalteco está cada vez más acorralado por los indicios de delitos que rodean su campaña.  El presidente tuvo que ver cómo su hermano e hijo eran encarcelados por fraude fiscal.

Ante las investigaciones Jimmy Morales ha emprendido una feroz ofensiva contra el organismo internacional y su fiscal, Iván Velásquez, nombrado en 2013, a quien el gobierno de Morales ha prohibido la entrada al país. Su odio por el Fiscal también fue recitado en el seno de Naciones Unidas.

Así mismo, Morales omitió en su discurso en la Asamblea General que decidió desobedecer la orden de la Corte Constitucional que le obligaba a permitir el regreso al país de Velásquez para continuar con su trabajo. Al mismo tiempo, el Secretario General ha respaldado a Velásquez y le ha pedido que nombre a un Fiscal Adjunto para que continúe con las labores.

El sistema de justicia en Guatemala está en riesgo por las acciones de Morales. Pero no solo eso, es un sistema innovador y eficiente (más no perfecto) que ha dado aliento a la lucha anticorrupción en el continente. Los ataques de Morales contra la Comisión de Naciones Unidas tendrán un efecto muy nocivo en muchos países de la región. El innovador trabajo de la CICIG que ha expuesto el abuso de poder y enjuiciar la corrupción, ha reconstruido la confianza de las personas en las instituciones públicas y en la justicia. Su desmantelamiento sería una dulce victoria para un régimen corrupto.

Está claro que lo que Jimmy Morales y su grupo pretenden es cooptar el sistema judicial de nuevo, porque ellos van a estar dirigiendo cortes cuando la CICIG se retire y así asegurarían su impunidad. La motivación del presidente para emprender una feroz campaña contra la CICIG pasa por: ser investigado directamente él – recordemos que la investigación en su contra está sustentada con declaraciones de gente que le dio el dinero de manera ilegal para su campaña y que son confesos- y el tema de su familia, también que su partido está lleno de gente procesada por la misma CICIG.

El trabajo de la Comisión ha sido valorado a lo lardo de la última década por su papel para llevar a juicio a presidentes y expresidentes, altos funcionarios, narcotraficantes o empresarios por delitos de corrupción.

De hecho, esta agencia fue clave en la victoria de Morales en 2015, luego de que sus investigaciones llevaran a la renuncia del entonces mandatario, Otto Pérez Molina, en prisión tras ser acusado de dirigir una red de corrupción aduanera y malversar fondos públicos. Desde entonces, la popularidad del presidente Morales -un neoevangélico sin experiencia política que llegó al poder bajo el lema “ni corrupto ni ladrón“- se resquebrajó.

Los últimos sondeos revelan que la aceptación del mandatario se encuentra en su nivel más bajo, inferior al 20%, mientras una encuesta de abril de 2018 mostró que la CICIG era la institución mejor valorada por los guatemaltecos, con un 70% de aprobación.

Guatemala se ha vuelto un referente en la lucha anticorrupción. Diversas voces hemos señalado la conveniencia de importar el modelo a México. Andrés Manuel López Obrador siempre se ha mostrado abierto a la cooperación internacional. Recientemente afirmó que la ONU apoyaría en una comisión de la verdad sobre el caso Ayotzinapa. De ser esto cierto, se abre una gran posibilidad para que en México pueda prosperar una CICIG que atienda los casos de corrupción e impunidad que más han lastimado a la sociedad mexicana.

Aunque todavía no asume funciones el presidente electo, las señales previas no son del todo alentadoras. Ante un sistema de procuración de justicia quebrado, las acciones del nuevo gobierno deben estar inequívocamente enfocadas a: crear una fiscalía autónoma separada del poder político. Como elemento complementario para crear confianza y proveer de justicia, López Obrador debería considerar crear una CICIG en México. Ambas acciones serían claras señales de que no hay pacto de impunidad transexenal y que el combate a la impunidad va muy en serio. Veremos.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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