Los vecinos de la colonia Nueva Oriental Coapa, en donde se ubica el Colegio Enrique Rébsamen que ahora sólo es un montón de escombros y que fue el sepulcro de 19 niños y siente adultos, están de luto, viven el duelo y lloran las vidas perdidas de los inocentes.
Hoy se sabe que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México tiene una investigación abierta en contra de la dueña de la escuela por falsificación de documentos desde febrero, pero también se conoce que no hicieron nada en siete meses y que apenas este lunes, solicitó información a la Delegación Tlalpan sobre la operación del centro educativo.
Los habitantes de la Nueva Oriental ahora exigen justicia y que paguen los culpables, que por negligencia o corrupción, dejaron que el Colegio Rébsamen funcionara y que hasta ese martes 19 de septiembre de 2017 abriera sus puertas.
ADEMÁS
Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- En la colonia Nueva Oriental, Coapa, la muerte de 19 niños y siete adultos entre los escombros del Colegio Enrique Rébsamen ubicado en Rancho Tamboreo y Calzada de las Brujas se siente en cada una de sus calles silenciosas y las ofrendas florales que cobijan al monumento a la familia ubicado apenas a unos metros de la escuela.
Ahí algunos niños, papá y mamá se erigen felices con un semblante que contrasta con el de los vecinos que aún lloran por las víctimas del centro escolar, a ocho días del sismo de 7.1 grados que sacudió los edificios en la capital del país, que derribó decenas de ellos y dejó al menos 198 muertos, entre ellos los pequeños.
“Es algo que no puedo definir, el dolor de ver a toda la gente que ha perdido a sus niñitos es terrible. Cuando vi el rescate de dos o tres niños que alcanzaron a sacar chiquitos, de cuatro, cinco años, unos gritos espantosos. Yo me imagino a todas las criaturitas a las que les cayó la losa”, dice Edith Salinas Ruiz, una mujer de 75 años que vive a unas cuadras de la escuela, mientras traga saliva con la voz entrecortada.
Los escombros del colegio, que ahora son vestigios de lo que fue una edificación que era escuela y además la casa de la directora Mónica García Villegas, despiden un hedor a corrupción dicen los vecinos que fueron testigos de cómo el inmueble fue creciendo y construyendo la secundaria sobre lo que fue un taller mecánico.
“Empezaron a levantar una casa habitación, ahí no sé si la Delegación u otras autoridades hayan recibido mucho dinero de la directora; que no la conozco, ni la quiero conocer. Pero desgraciadamente la corrupción trae estas consecuencias a largo plazo, porque con la vida de los niños, de cualquier ser humano no se juega”, cuenta Edith.
Y agrega: “Todas las personas que vivimos alrededor vimos que esto crecía y crecía. Ese colegio nunca me imaginé que estuviera tan grande, que tuviera una construcción tan pesada. Esta persona, la directora, realmente se confió en que nunca pasaría nada, porque la anomalía era desde hace mucho”.
A unos metros de Edith, Patricia Peralta recoge cartón de un edificio. No tiene mucho humor de hablar porque nada más de recordar a los niños y a las maestras del Rébsamen se quiebra y las lágrimas le escurren por las mejillas al instante.
Pero se contiene, se seca la cara con el mandil y cuenta que ella conocía muy bien las instalaciones de la escuela y estaba muy familiarizada con los niños porque todos los días entraba y salía a recoger cartón.
“Esos angelitos que no debieron morir así. Yo le dijo a mi hija que uno ya vivió, uno qué, ellos que iban empezando, se fueron, pero no así, no así”, lamenta Patricia.
Peralta conocía a la directora del Colegio y aunque García Villegas la trataba bien, la mujer asegura que si cometió algún delito deberá pagar.
“Sí sale que hubo algo mal sí, debe haber justicia. No le quiero echar tierra, pero me duele mucho esto que pasó. Yo recuerdo sus caritas de los niñitos”, señala y recuerda que en la escuela “no había modo de correr, los vecinos ya habían metido escrito de que esa escuela está mal, los niños no podían correr. En caso de un incendio o del sismo tenían que salir por la dirección”.
CASTIGO PARA CULPABLES
Francisco Fontano Patán, un vecino que vive al lado del colegio se pregunta en su cuenta de Facebook: “Terminado el rescate ¿habrá consecuencias?, ¿qué delegado autorizó la escuela, ¿qué funcionarios de protección civil dieron sus firmas?, ¿por qué le dio permiso la SEP [Secretaría de Educación Pública]?, ¿quién es el dueño del lugar que por lucro creando un edificio sin condiciones?”.
En entrevista con SinEmbargo, Fontano Patán recuerda que en era evidente que el colegio operaba de forma irregular, pues las instalaciones fueron clausuradas en varias ocasiones y los dueños hacían fiestas en las madrugadas, por lo que en más de una ocasión los vecinos llamaron “a una patrulla”.
“El edificio se cayó por irregularidades y los responsables de estas vidas que se perdieron, son desde los dueños que consiguieron poner a funcionar una escuela que no debió operar, y que negligentemente hicieron añadidos que afectaron la estructura, hasta los arquitectos, empleados de la delegación y de protección civil que por corrupción, negligencia o ignorancia lo permitieron. Deben ser castigados y además hacerse responsables de los daños que han causado a los vecinos”, acusa.
Y argumenta: “No se necesita ser ingeniero o arquitecto para ver que la construcción es mala, simplemente por el espacio que era insuficiente para cientos de alumnos. Todo el patio era de concreto y lo ocupaba una cancha de voleibol. La cafetería estaba bajo la estructura principal que es una mole de metal, y no había zona de seguridad. Cuando había sismo los niños debían ser evacuados al predio contiguo, por lo que tenían que cruzar el edificio administrativo, el que colapsó”.
Para el joven, el caso del colegio Rébsamen se parece mucho al de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora en donde murieron 49 niños en un incendio en 2009, “en tanto que hubo negligencias que llevaron a la pérdida de vidas inocentes”.
Eduardo Escalante Trejo, de 64 años, exige que se investiguen las irregularidades de la escuela –que han ido saliendo conforme pasan los días y que ahora se sabe hay una investigación abierta en contra de la directora por falsificación de documentos– y se castigue a los culpables de la muerte de los niños.
“Se tiene que investigar porque la parte que se cayó era un taller mecánico, donde empezaron a construir poco a poco y cobró bastantes vidas. Yo vivo por la calle Hacienda de la Encarnación y un vecino perdió su hija, falleció en la escuela”, dice.
Ayer Claudia Sheinbaum Pardo, Delegada de Tlalpan, confirmó en conferencia de prensa que la escuela fue clausurada al menos en dos ocasiones: una en 2010 y otra en 2014 porque construían sin avisar a la autoridad. Luego de ser multada y de cumplir con las indicaciones de la delegación, el colegio volvió a funcionar en ambas ocasiones.
La Delegación Tlalpan también solicitó al centro educativo mejorar en cuatro puntos su programa de Protección Civil este año. La escuela no recogió las observaciones y la demarcación tenía tres meses para rechazar o aceptar el programa de Protección Civil del colegio y de acuerdo con los reglamentos ese periodo se cumplía a finales de octubre de este año.
Los puntos que le requirió a Mónica García Villegas, representante legal del colegio fueron: carta manifiesto de que contaba con guantes, casco, botas y uniforme de algodón con fotografías; bitácora de mantenimientos preventivo y correctivo con reporte fotográfico; responsiva anual de las instalaciones eléctricas y diagrama unifilar, y actualización del Programa Interno de Protección Civil del predio Rancho Tamboreo 19.
Uno de esos añadidos fue una terraza ubicada sobre el edificio colapsado, que de acuerdo con Sheinbaum fue construida sin permiso.
Ante la pregunta de si después del sismo del 7 de septiembre la delegación tenía atribuciones para revisar la escuela en materia de Protección Civil, la Delegada sostuvo que sí hay atribuciones pero que no se hizo porque la edificación tenía sus dictámenes de seguridad estructural en orden y vigente.
“El tema más grave es el de seguridad estructural, lo que tiene que ver con seguridad y operación, todo eso estaba en orden de acuerdo con los documentos que tiene la delegación”, explicó.
Adelantó que a pesar de que los documentos están en orden, la Delegación pidió el estudio, por lo que la demarcación solicitó no retirar los escombros del derrumbe.
“De todas formas nosotros vamos a ser muy contundentes, no quedarnos con los brazos cruzados, solicitamos a un tercero que haga una revisión porque no estamos conformes con los papeles: que se haga una investigación técnica, contundente, que nos digan si la escuela estaba bien construida o no. Para ver si vamos a proceder jurídicamente en contra de quien dijo que estaba bien”, aseveró.
El dictamen de Seguridad y Operación en ambos predios, Rancho Tamboreo 11 y 19, fue firmado por el ingeniero, arquitecto Juan Apolinar Torales Iniesta, quien en un dictamen elaborado en junio de 2017, escribió que: “se realizó la revisión de la edificación y de sus instalaciones, del inmueble en comento, observando que se encuentran en perfecto estado y reúnen las condiciones de seguridad previstas en dicho reglamento”.
Apolinar Torales informó que se revisó cada uno de los elementos estructurales, “como lo son columnas, trabes y losas, los muros de cortante y la estructura en general, así como de sus diversos componentes; la calidad de los materiales que componen dicha estructura, con el objeto de verificar que se encuentren en perfecto estado de mantenimiento y de servicio; que no presentes deflexiones, agrietamientos, asentamientos en muros, pisos, trabes y losas y por no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 185, no es necesario comprobar la seguridad de la estructura por medio de pruebas de carga”.
En 2014 el ingeniero, arquitecto Juan Mario Velarde Gámez firmó un dictamen de “Seguridad Estructural” con vigencia de cinco años en para ambos predios en donde establece que se realizaron las pruebas de carga necesarias y que el inmueble “no muestra evidencia visible de falla”.
