La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México tenía una investigación abierta en contra de los dueños del Colegio Enrique Rébsamen desde febrero de este año por falsificación de documentos, pero fue hasta este lunes cuando solicitó informes a Delegación de Tlalpan.
De acuerdo con documentos en poder de SinEmbargo, la Fiscalía Descentralizada en Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana pidió estos informes siete meses después de que se abrió la investigación y a seis días de la muerte de 19 niños y siete adultos bajo los escombros que dejó el sismo de 7.1 grados.
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Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- A pesar de que la Fiscalía Descentralizada en Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) tenía una investigación abierta en contra de los dueños del Colegio Enrique Rébsamen desde febrero de este año por falsificación de documentos, solicitó siete meses después, y ya con niños y maestros muertos por el sismo, información a la Delegación Tlalpan, de acuerdo con documentos que SinEmbargo tiene en su poder.
Un documento fechado el 25 de septiembre de 2017, es decir este lunes, y dirigido a Claudia Sheinbaum Pardo, Delegada de Tlalpan, la Fiscalía le solicita para dar seguimiento a la Carpeta de Investigación CI-FEDAPUR/A/UI-2C/D/00111/02-2017 por el delito de falsificación y uso indebido de documentos, un informe sobre la existencia de algún procedimiento administrativo respecto al centro educativo en donde el pasado 19 de septiembre murieron 19 niños y siete adultos.
La Fiscalía capitalina solicitó a la demarcación un “informe si existe apertura de procedimiento mercantil para el funcionamiento del colegio y “en caso de existir” le pidió una copia de todo el expediente del Rébsamen.
Además la autoridad pidió un informe del registro de manifestación de construcción con memoria descriptiva y planos.
El documento fue sellado de recibido el mismo día en que fue emitido: el 25 de septiembre de 2017, es decir seis días después del sismo de 7.1 grados que le quitó la vida a niños y maestros en la escuela.
La investigación se abrió por una denuncia interpuesta por el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), debido a que las indagatorias de la operación, iniciadas en 2016, se encontraron irregularidades: los registros determinaron que el certificado de derechos adquiridos que presentaron los directores del colegio no coincidía con los archivos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (Seduvi).
Este martes Meyer Klip responsabilizó a la delegación a cargo de Claudia Sheinbaum Pardo por la construcción y operación de la obra que colapsó el 19 de septiembre, pero nunca dijo que apenas este lunes la Fiscalía dio seguimiento a la denuncia interpuesta por el INVEA.
Meyer acusó a la demarcación de ser la responsable de autorizar y revisar la solicitud de particulares para el uso de construcción y que, al término de la obra, debe constatar que la edificación cumpla con lo manifestado en el permiso: “Si no se cumplen con los puntos anteriores, se deben de revocar los permisos de construcción. El Instituto de Verificación Administrativa no tiene facultad para expedir permisos ni autorizaciones ni revocarlos”, dijo.
El consejero presidente del INVEA reveló que el 29 de septiembre de 2016 solicitaron una visita de verificación al domicilio del colegio a raíz de una denuncia interpuesta por los vecinos; luego de la inspección, el 23 de enero de este año concluyó que la escuela operaba con un uso de suelo que no le permitía funcionar como una escuela al edificio construido en Rancho Tamboreo número 19.
Este martes Claudia Sheinbaum Pardo, Delegada de Tlalpan, reveló que su admnistración cuenta con todos los documentos originales de uso de suelo y dictámenes que se solicitaron a los dueños, pero que el INVEA nunca notificó la existencia de documentos falsos.
“[Y] aunque nos hubiera notificado, nosotros no tenemos las atribuciones en ese sentido. Le corresponde al INVEA hacerlo, no estoy presuponiendo que sea falso o no […]. Nosotros no no podemos clausurar [por uso de suelo]”, aclaró.
Sheinbaum dijo que los dueños contaban con permiso para construir un jardín de niños y departamentos en los dos predios que abarcaba la escuela, Rancho Tamboreo 11 y 19, y que los dictámenes sobre seguridad estructural y seguridad y operación, hechos por un responsable de obra, están en poder de la demarcación.
La Delegada explicó que sólo restaba la aprobación o rechazo del Programa de Protección Civil, pero tenía hasta el mes de octubre, por procedimiento administrativo, para cumplirlo.
VECINOS PIDEN INVESTIGACIÓN
En las inmediaciones a la escuela sólo quedan elementos de la Marina y el Ejército resguardando el área acordonada. Los trabajos de rescate concluyeron y los voluntarios ya se fueron. Sólo queda “un sentimiento de dolor” entre los vecinos por los niños fallecidos.
“Este lugar ya no es igual, se siente la tristeza. Aquí pasaba a comprar comida en la esquina una niña muy alegre. Tenía siete años. Me da mucha tristeza que ya no la vamos a ver pasar todos los días”, dijo Cynthia Ávila, una joven vendedora de frutas que labora muy cerca del colegio.
Cynthia nunca supo el nombre de la niña, nunca le preguntó. Sólo sabía que vivía al final de la calle Rancho Piomo, pero recuerda de forma especial su sonrisa y su alegría.
“Estaban en la escuela ella y su hermanita. La hermanita se salvó, pero ella no. Su abuelita, que era la venía a recogerlas a la escuela, anda muy mal la señora. Está muy triste, muy apagada”, contó a SinEmbargo.
Para Cynthia la tragedia cambió el rostro de la colonia. Le sorprendió y ahora lamenta el dolor por el que están pasando tantas madres que ella conoció en esas horas en las que recogían a los niños y pasaban a comprarle frutas.
Pero para Francisco Fontano Patán, un vecino que vive al lado del colegio, era evidente que la escuela operaba de forma irregular. En varias ocasiones las instalaciones fueron clausuradas, los dueños hacían fiestas que duraban hasta la madrugada y la distribución del espacio al interior de la escuela no era la adecuada.
“Tuvimos que llamar varias veces a la patrulla por el ruido que hacían con fiestas. No se necesita ser ingeniero o arquitecto para ver que la construcción es mala, simplemente por el espacio que era insuficiente para cientos de alumnos. Todo el patio era de concreto y lo ocupaba una cancha de voleibol. La cafetería estaba bajo la estructura principal que es una mole de metal, y no había zona de seguridad. Cuando había sismo los niños debían ser evacuados al predio contiguo, por lo que tenían que cruzar el edificio administrativo, el que colapsó”, explicó a este medio.
Claudia Sheinbaum confirmó en conferencia de prensa que la escuela fue clausurada al menos en dos ocasiones: una en 2010 y otra en 2014 porque construían sin avisar a la autoridad. Luego de ser multada y de cumplir con las indicaciones de la delegación, el colegio volvió a funcionar en ambas ocasiones.
La Delegación Tlalpan también solicitó al centro educativo mejorar en cuatro puntos su programa de Protección Civil este año. La escuela no recogió las observaciones y la demarcación tenía tres meses para rechazar o aceptar el programa de Protección Civil del colegio y de acuerdo con los reglamentos ese periodo se cumplía a finales de octubre de este año.
Los puntos que le requirió a Mónica García Villegas, representante legal del colegio fueron: carta manifiesto de que contaba con guantes, casco, botas y uniforme de algodón con fotografías; bitácora de mantenimientos preventivo y correctivo con reporte fotográfico; responsiva anual de las instalaciones eléctricas y diagrama unifilar, y actualización del Programa Interno de Protección Civil del predio Rancho Tamboreo 19.
“El edificio se cayó por irregularidades y los responsables de estas vidas que se perdieron, son desde los dueños que consiguieron poner a funcionar una escuela que no debió operar, y que negligentemente hicieron añadidos que afectaron la estructura, hasta los arquitectos, empleados de la delegación y de protección civil que por corrupción, negligencia o ignorancia lo permitieron. Deben ser castigados y además hacerse responsables de los daños que han causado a los vecinos”, dijo Francisco Fontano.
Uno de esos añadidos fue una terraza ubicada sobre el edificio colapsado, que de acuerdo con Sheinbaum fue construida sin permiso, al menos de acuerdo con los documentos que tiene la demarcación.
La terraza la recuerda bien Patricia Peralta, un mujer que entraba y salía todos los días a la escuela para recoger cartón. “Acaban de renovar la escuela, esa terraza yo la vi cuando la hicieron hasta arriba donde vivía la directora. Luego la vi que se cayó en la televisión”, contó.
Patricia no pudo contener las lágrimas. Lloró por “esos angelitos que no debieron morir así” y agregó que “aunque la directora [Mónica García Villegas] era buena con ella, si fue negligente en la construcción de la escuela, debe pagar por las vidas de los pequeños”.
“Ellos no tenían la culpa, no debieron morir así. Uno ya vivió, pero ellos apenas iban empezando, me duele mucho esto que pasó. Yo recuerdo sus caritas de los niñitos”, lamentó.
La mujer contó que conocía bien las instalaciones de la escuela y la distribución de los edificios. Era imposible correr y ponerse a salvo. “No había modo de correr. Los vecinos ya habían metido escrito de que esa escuela esta mal, los niños no podían correr. En caso de un incendio o del sismo tenían que salir por la dirección”.
A Susana Medina Sánchez, otra vecina que vive a una cuadra de la escuela, lo sucedido en el colegio la sorprendió. Hace 25 años sus dos hijos estudiaron en esas instalaciones que ahora son un montón de escombro.
“Mis hijos estuvieron ahí, fueron alumnos. Yo sabía, cuando ellos estuvieron ahí, que sí tenían medidas para la prevención, para poder salir. El estacionamiento era muy grande, sobre Calzada de la Brujas hay una puerta chica, pero todo lo demás eran puertas que se podían abrir. Todo lo que es adelante tenía acceso”, recordó.
Hoy dice Susana, después de la tragedia, le queda una sensación de “tristeza y dolor”.
“Un dolor de tantas criaturas y una tristeza por todos los edificio vecinos que fueron desalojados, que las personas pedieron su patrimonio que tenían”, dijo.
VECINOS QUIEREN QUE SAQUEN ESCOMBROS
Mario Barrios vecino del edificio ubicado en Tamboreo 21 que colinda con la zona de la tragedia, dijo a SinEmbargo que los dueños de la escuela se ampararon este martes en la madrugada para evitar que los escombros sean demolidos.
“Se amparó para detener la demolición de los escombros y eso nos afecta a todos, a que todo esto se active natural, emocional, en todo, económicamente. Hay predios con negocios que no pueden vender, escuelas que no abren; entonces, ¿cómo le dan prioridad a la gente que con todas sus irregularidades afectó a miles de familias y que ahorita están deteniendo todo?”, lamentó.
Los vecinos del edificio de Tamboreo 21 fueron desalojados y no pueden entrar por sus pertenencias, recordó Barrios.
“Hemos podido entrar dos veces por riesgo. Somos el único edifico que no tiene acceso a su vivienda, todos los demás ya pueden. Ya contamos con servicios de luz, agua, gas, pero nosotros por ser zona cero no podemos entrar”, señaló.
Claudia Sheinbaum reveló este martes que la delegación solicitó un dictamen el Colegio de Ingenieros sobre la escuela, para conocer si los responsables de obra que firmaron dictámenes afirmando que la edificación cumplía con todas las normas, dijeron la verdad.
Por ellos, aclaró la funcionaria, no se podrán tocar los escombros hasta que el dictamen concluya, aunque por el momento no hay fecha para que los expertos tengan ese análisis.
La Delegada explicó, ante la pregunta de si después del sismo del 7 de septiembre la delegación tenía atribuciones para revisar la escuela en materia de Protección Civil, que sí hay atribuciones pero no se hizo porque la edificación tenía sus dictámenes de seguridad estructural en orden y vigente.
“El tema más grave es el de seguridad estructural, lo que tiene que ver con seguridad y operación, todo eso estaba en orden de acuerdo con los documentos que tiene la delegación”, explicó.
Adelantó que a pesar de que los documentos están en orden, la delegación pidió el estudio, por lo que la demarcación solicitó no retirar los escombros del derrumbe.
“De todas formas nosotros vamos a ser muy contundentes, no quedarnos con los brazos cruzados, solicitamos a un tercero que haga una revisión porque no estamos conformes con los papeles: que se haga una investigación técnica, contundente, que nos digan si la escuela estaba bien construida o no. Para ver si vamos a proceder jurídicamente en contra de quien dijo que estaba bien”, aseveró.
El dictamen de Seguridad y Operación en ambos predios, Rancho Tamboreo 11 y 19, fue firmado por el ingeniero, arquitecto Juan Apolinar Torales Iniesta, quien en un dictamen elaborado en junio de 2017, escribió que: “se realizó la revisión de la edificación y de sus instalaciones, del inmueble en comento, observando que se encuentran en perfecto estado y reúnen las condiciones de seguridad previstas en dicho reglamento”.
Apolinar Torales informó que se revisó cada uno de los elementos estructurales, “como lo son columnas, trabes y losas, los muros de cortante y la estructura en general, así como de sus diversos componentes; la calidad de los materiales que componen dicha estructura, con el objeto de verificar que se encuentren en perfecto estado de mantenimiento y de servicio; que no presentes deflexiones, agrietamientos, asentamientos en muros, pisos, trabes y losas y por no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 185, no es necesario comprobar la seguridad de la estructura por medio de pruebas de carga”.
En 2014 el ingeniero, arquitecto Juan Mario Velarde Gámez firmó un dictamen de “Seguridad Estructural” con vigencia de cinco años en para ambos predios en donde establece que se realizaron las pruebas de carga necesarias y que el inmueble “no muestra evidencia visible de falla”.
