En Tlaxcala pareciera que nunca ocurre nada, salvo cada 23 de septiembre cuando recordamos que existe un Día Mundial contra la Trata de Personas. Y eso a veces, porque decir que Tenancingo es “cuna internacional” del lenocinio suena más a lugar común que a una realidad desatendida. Lo peor del caso es que se ha dicho tantas veces que en ocasiones, con motivaciones puramente noticiosas, se busca abordar el punto desde otras aristas que volver a repetir la misma cantaleta.
No, no es noticia: en Tlaxcala, la explotación sexual y laboral de mujeres y menores ocurre ante los ojos de todos. Tampoco es noticia la impunidad y el grado de protección en que operan estas redes, muchas de ellas con formación de tipo familiar. Esta violencia silenciosa y que ni por asomo alcanza los reflectores del crimen organizado–bastaría con reconocer al menos su alto grado de organización–, lastima a la sociedad y evidencia los vacíos de gobernabilidad, igual o peor como lo hace el narcotráfico.
Es cierto, esta entidad se puede preciar de estar exenta de este mal –o al menos en el ámbito mediático–, y que la aparente sencillez en que se delimita su territorio y población la harían modelo para detonar desarrollo y propiciar altas condiciones de vida. No es así. Su complejo sistema de organización municipal, la mezcla cultural de sus pobladores y la combinación de actividades agrícolas e industriales atoran a Tlaxcala.
Antonia Zamora Garza, integrante de Organizaciones Impulsoras de la Iniciativa Popular contra la Trata de Personas en Tlaxcala, destacó recientemente tres estudios para dimensionar la gravedad que envuelve la trata en la entidad:
1) En el estudio “Trata de mujeres en Tlaxcala (2008)” se reconoce que las redes de trata se asientan en 23 municipios (de los 60 que conforman al estado). Al analizar expedientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el periodo de 2006 a 2008, se acepta que 60% de las víctimas es del estado de Tlaxcala y 40% del interior de la República, además de que 46% de esas mujeres tratadas eran menores de edad.
2) El trabajo de tesis “Factores socioculturales que llevan a la subordinación de la mujer ante el lenón (2010)” da un panorama de la trata en San Pablo del Monte, donde 90% considera que la trata de mujeres para la explotación sexual es un problema en el municipio, 59% ha visto entre uno y cinco lugares donde se ejerce la prostitución en el municipio, 35% refiere que ha visto de seis a 10 de estos lugares, 3% mencionó que conoce entre 11 y 15 lugares; por último 3% refiere no haber visto lugares de prostitución.
3) El estudio “Lenocinio como proyecto de vida de niños y adolescentes de Tenancingo, Tlaxcala (2010)” investiga a hombres, niños y adolescentes que cursan del cuarto grado de primaria al tercero de secundaria. Algunos datos importantes de esta tesis son los siguientes: 89% de las personas encuestadas reconoció que la práctica de lenocinio en la comunidad influye en los niños; 20.7% de los padres encuestados reconoció que su hijo ha manifestado su interés por ser padrote.
En situaciones a vencer, Tlaxcala es más que un centro de explotación. Ahí confluyen, entre otras deficiencias, la rendición de cuentas al ser considerado uno de los estados menos transparentes del país, problemas de salud que incrementan los casos de insuficiencia renal –reflejo de la falta de servicios– y recurrentes conflictos sociales de tipo agrario y magisterial, principalmente.
En las riendas del poder se encuentra Mariano González Zarur, quien tras perder en un primer intento la gubernatura frente al panista Héctor Ortiz Ortiz, lo sucedió para el periodo 2011-2016. El proceso electoral con el que obtuvo el triunfo transcurrió, como la mayoría de los acontecimientos en Tlaxcala, al margen de la atención nacional, pues los comicios locales de 2010 fueron concurrentes con las elecciones en otros 15 estados, como Puebla, Oaxaca, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz.
Pese al poco interés en aquel momento, como ahora, Tlaxcala transitó de un gobierno panista a uno priísta, contrario a la tendencia que particularmente se registró en ese año en tres estados históricamente gobernados por el PRI. Es decir, el Revolucionario Institucional mantuvo gobiernos en Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Quintana Roo y Durango –cada uno con sus polémicos matices– y contrarrestó sus derrotas en Puebla, Oaxaca y Sinaloa con victorias en Zacatecas, Aguascalientes y Tlaxcala.
Recordar que existen autoridades legalmente constituidas, con facultades y limitaciones, debiera ser motivo para recordar también que su función es propiciar el mejoramiento de la condición colectiva, al margen de buenas intenciones. En los rubros de explotación –trata o esclavitud– o en el de salubridad, por citar dos ejemplos, han faltado acciones contundentes. No basta con tipificar el delito de trata de personas y conformar un Consejo Estatal contra la Trata, si no se persigue su comisión ni se brindan los recursos necesarios y las condiciones para proteger a las víctimas.
De González Zarur se reconoce, así lo refieren opositores y simpatizantes, ha volcado su gobierno a las calles, al contacto con personas en sitios tradicionalmente poco visitados por las autoridades; pero faltan –también aceptan los involucrados– mayores avances. Hasta ahora ni solución a la trata de personas, ni mayor transparencia, ni mejores condiciones de vida para los tlaxcalte
