Bernardo Arévalo, candidato del partido político Movimiento Semilla, ha enfrentado diversos obstáculos para llegar hasta donde está, ya que desde el inicio de su camino se quisieron frustrar sus aspiraciones presidenciales.
Por Gavin Voss
Guatemala, 27 de agosto (InSightCrime).- En un detallado pronunciamiento leído con gran despliegue, un organismo multilateral de derechos humanos emitió una resolución instando al Gobierno de Guatemala a proteger al Presidente electo y a su Vicepresidenta electa en un clima postelectoral caldeado de amenazas e incertidumbre.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer la resolución del 24 de agosto en la que ordena al Gobierno guatemalteco tomar “todas las medidas necesarias” para proteger la “vida y la integridad personal” de Bernardo Arévalo y de su fórmula vicepresidencial Karin Herrera Aguilar, vencedores indiscutibles de las elecciones del 20 de agosto.
Según la resolución, ambos han enfrentado amenazas creíbles a sus vidas, las cuales se remontan al momento en que Arévalo dio la sorpresa al pasar a la segunda vuelta después de la jornada electoral del 25 de junio.
Un complot, según la Comisión, era asesinar a Arévalo. En el contubernio estarían implicados funcionarios de Gobierno no identificados y se habría llamado “Colosio”, una alusión a Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial mexicano asesinado en 1994.
Aunque el equipo de seguridad de Arévalo tenía conocimiento del complot desde el 4 de julio, no pudieron corroborar la credibilidad de las amenazas hasta el 15 de agosto, cuando autoridades del Gobierno pusieron sobreaviso del peligro al partido.
“La credibilidad [de la información] la dan quienes filtraron la información al partido, y fueron tres personas que hacen parte del Gobierno y no se conocen entre sí”, le explicó a InSight Crime el abogado de derechos humanos Alfredo Ortega, quien presentó el caso ante la CIDH, sobre el origen de la información.
Ortega presentó el caso junto con Christian González, también abogado de derechos humanos. Los dos habían trabajado en la CIDH.
Otro complot para asesinar a Arévalo fue organizado presuntamente por “estructuras criminales de tipo pandillero”, señaló el informe, si bien no se esclarecieron los detalles y los culpables.
El informe también señaló que Arévalo fue objeto de repetidos abusos y amenazas por medio de cuentas en redes sociales, “que al parecer procedían de personas vinculadas a la Fiscalía General”. Las cuentas publicaron imágenes de familiares de Arévalo, informaron su ubicación e hicieron comentarios racistas y homofóbicos.
Arévalo aún no se pronuncia en público frente a la resolución y las amenazas en su contra, pero su partido pospuso una celebración del triunfo prevista para el 22 de agosto.
Por su parte, en un comunicado de prensa, el Gobierno guatemalteco señaló que ha estado en contacto con el partido político de Arévalo, el Movimiento Semilla, que le notificó el grado del aumento del nivel de amenaza y puso a su disposición recursos estatales para la protección de sus representantes.
ANÁLISIS DE INSIGHT CRIME
La CIDH rara vez emite ese tipo de resoluciones para políticos, lo que da testimonio de la gravedad de las amenazas.
“No es muy común que le otorguen estas medidas a un candidato político”, comentó González a InSight Crime, haciendo referencia a la solicitud formal de la CIDH de protección gubernamental. “No querrían parecer que están interviniendo en el proceso político”.
La victoria de Arévalo fue una sorpresa. Es una persona ajena al establecimiento político y no representa a ninguno de los principales partidos políticos que han dominado el país por décadas, algunas de ellas conectadas con redes de corrupción que han usado su control del sistema político para eliminar a sus rivales. Antes en las elecciones, las élites corruptas hicieron valer su influencia frente al que fuera el candidato más opcionado, Carlos Pineda, con ayuda de un tribunal administrativo.
Tras el resultado que le dio a Arévalo el segundo lugar en la primera vuelta electoral, esas mismas redes corruptas hicieron múltiples intentos por sabotear su candidatura. Esos esfuerzos se manifestaron por medio del Ministerio Público, en cabeza de la Fiscal General Consuelo Porras, y de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Además de intentar suspender los resultados de la primera vuelta por denuncias de fraude electoral, esas autoridades han pretendido suspender a Semilla para sacarlos de las elecciones, allanaron las oficinas de las autoridades electorales del país y buscan interponer cargos criminales contra importantes magistrados electorales.
