Un estudio citado por Pop Lab expone cómo la industria de bebidas azucaradas buscó frenar el impuesto a estos productos en México a través de investigaciones donde se utilizaron argumentos económicos, de justicia social y de salud pública.
Por Kennia Velazquez
Guanajuato, 27 de agosto (Pop Lab).- La industria de comida chatarra no se limitó a impedir que el impuesto a bebidas azucaradas en México se aprobara, sino que buscó desprestigiarlo y revertirlo, utilizando investigaciones científicas afines para lograrlo y que fueron ampliamente difundidas internacionalmente para que la medida no se imitara en otros países.
Así se reveló en un estudio que analizó documentos que inicialmente eran secretos del Archivo de Documentos de la Industria Alimentaria de la Universidad de California en San Francisco. También revisaron los estudios disponibles sobre la efectividad del impuesto y los compararon con los resultados de los estudios financiados por la industria.
Los especialistas de las universidades de California, Nevada, Dublín y la Asociación Mundial de Nutrición para la Salud Pública, señalan que encontraron cómo las empresas y sus grupos fachada pagaron a científicos para que produjeran investigaciones que sugirieran que el impuesto no logró beneficios, utilizando argumentos económicos, de justicia social y de salud pública, “similares a los utilizados anteriormente por la industria tabacalera”. Las investigaciones fueron realizadas por la Universidad de Nuevo León, el Colegio de México y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en éste último por Arturo Aguilar, Emilio Gutiérrez y Enrique Seira. Además fueron publicados antes de que fueran revisados por pares y no es posible revisar los estudios de la UANL y Colmex, aunque la Industria Refresquera Mexicana los refiere.
Debido al grave problema de salud provocado por el alto consumo de refrescos y bebidas azucaradas en México, en 2014 se implementó en el país uno de los primeros impuestos a estos productos con la intención de reducir su consumo, lo que provocó una fuerte oposición de la gran industria de alimentos y bebidas.
Después de México, treinta y cinco países han adoptado políticas fiscales para las bebidas azucaradas, al menos nueve estudios independientes han mostrado su eficacia.
Los académicos revisaron memorandos internos, correos electrónicos y otras comunicaciones privadas entre ejecutivos de las principales corporaciones como Coca-Cola y los investigadores que financian.
La interferencia de la industria alimentaria en las políticas públicas se ha desarrollado a lo largo de distintos gobiernos. A partir de la administración de Vicente Fox, Coca- Cola consolidó su poder dentro y fuera de las esferas gubernamentales.
Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto fue nombrada como Secretaria de Salud, Mercedes Juan, quien anteriormente dirigía Funsalud, una organización de investigación financiada por Nestlé y también había sido consejera de Coca Cola. Bajo su dirección se creó el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles (OMENT) para monitorear la estrategia para atender la obesidad y la diabetes. El organismo fue conformado por un consejo asesor, la mayoría de los puestos estaban ocupados por representantes vinculados a la industria de alimentos y bebidas, impidiendo que se implementaran políticas públicas efectivas a favor de la salud.
Basándose en una investigación financiada por la industria, cabilderos de las refresqueras buscaron que legisladores redujeran el impuesto. Un mes antes de que se votaran cambios al impuesto a refrescos, en septiembre de 2015, el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida (ILSI) México, un grupo fachada científico financiado por Coca-Cola y creado por un exdirectivo de la refresquera, realizó un congreso, al que asistieron científicos, entre ellos James Rippe, que al término del mismo concluyeron que el azúcar no era el problema del exceso de las calorías y que esa no era la estrategia para combatir la obesidad.
En el análisis de los correos que hicieron los investigadores, encontraron que Rippe contactó a otros académicos estadounidenses para que presentaran investigaciones en el simposio. Les prometió “un modesto honorario” e hizo énfasis en lo importante que era realizar este evento en ese momento. “Durante el simposio, circuló un informe que afirmaba que incluso con un impuesto mucho mayor del 20 al 40 por ciento, “el impacto en el IMC (índice de masa corporal) sería marginal”, señala la investigación.
Al final, la propuesta fue aprobada en la Cámara de Diputados de México pero no en el Senado, así el impuesto permaneció en un peso por cada litro.
Cuando investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, en 2015 reportaron un descenso del seis por ciento de las compras en bebidas azucaradas, distintas cámaras empresariales emprendieron una campaña para decir que esta medida representaba el cierre de 30 mil pequeñas tiendas, que se habían perdido más de 10 mil empleos y que impactaba sólo a los mexicanos con bajo poder adquisitivo. Otro estudio, financiado por la industria y realizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) concluyó que las calorías totales se redujeron solo en uno por ciento.
Durante 2016 la industria continuó publicando estudios y realizando eventos para desacreditar el impuesto.
Mientras tanto, ejecutivos de Coca-Cola difundieron los estudios financiados por la industria para promover la idea de que el impuesto mexicano no redujo el consumo y en cambio, afectó a la economía. “En 2015, el Gerente de Asuntos Públicos de Coca-Cola International envió por correo electrónico algunos de estos estudios como ‘actualizaciones relevantes y útiles sobre el impuesto al consumo en México … (para) involucrar a las partes interesadas para demostrar por qué los impuestos al consumo en nuestros productos no son mecanismos de políticas eficaces y pueden tener consecuencias negativas no deseadas, como importantes pérdidas de puestos de trabajo”, denuncia la investigación. Además, enviaban materiales para responder a los argumentos de que el gravamen sí era efectivo.
En enero de 2016, la Comisión de la OMS para Acabar con la Obesidad Infantil emitió recomendaciones para que los países tomen en cuenta como medida los impuestos a los refrescos para la prevención de enfermedades no transmisibles. Un mes después, comenzó a circular un documento clasificado solo para uso interno sobre el grado en que los ejecutivos de Coca-Cola consideraban los impuestos como una amenaza significativa.
Los investigadores describen que el documento compara 49 amenazas de política gubernamental a los intereses comerciales de Coca-Cola en la Unión Europea con la probabilidad de que cada una se materialice. Las políticas fiscales tienen el mayor ‘impacto comercial’ en Coca-Cola.
El análisis detalla que tras investigaciones sobre el tema del New York Times y el Wall Street Journal sobre el impacto del gravamen en México, la industria en Estados Unidos siempre los remitió a los estudios financiados por las empresas mexicanas.
También encontraron comunicaciones internas de Coca- Cola previo la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre enfermedades no transmisibles de 2018, cuando las comisiones de salud globales discutían sobre el impuesto a los refrescos como una estrategia de prevención. En los correos, muestran su preocupación pues era “el evento más importante que se avecina en el campo de las enfermedades no transmisibles” y que la delegación mexicana se encontrara entre “los proponentes de restringir la participación del sector privado con la OMS”. El informe final de la OMS no recomendó formalmente los impuestos debido al desacuerdo del delegado de Estados Unidos.
LARGA HISTORIA DE INJERENCIAS
Según la Encuesta Nacional de Nutrición y salud 2018, sólo el 23.5 por ciento de la población adulta tenía un peso saludable, antes de COVID-19 la obesidad era el principal problema de salud pública en México y estaba asociada a las principales causas de mortalidad como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2, los tumores malignos y las enfermedades hepáticas.
Simón Barquera y Juan Rivera, del INSP, que la obesidad se encuentra en una rápida transición epidemiológica. “En los últimos 40 años, la dieta mexicana ha pasado de alimentos principalmente frescos y sin procesar a productos ultraprocesados con alto contenido de azúcar, sal y grasa”.
A pesar de lo grave del problema, el tratamiento a la obesidad en México ha sido “deficiente”, pues no se consideró en los planes nacionales de salud sino hasta 2010, señalan los investigadores. Y de inmediato comenzaron los intentos de la industria para frenar las políticas de prevención. “Los esfuerzos básicos, como las recomendaciones de hidratación saludable, nunca se implementaron por completo debido a la fuerte presión de la industria de bebidas. La comida chatarra y las bebidas azucaradas fueron prohibidas en las escuelas, aunque las pautas no incluían sanciones por incumplimiento, lo que ha llevado a una implementación laxa”.
“Se deben establecer mecanismos para identificar, prevenir y gestionar los conflictos de intereses en la educación, la investigación y las políticas sanitarias a fin de evitar la interferencia de la industria”, consideran Rivera y Barquera.
Y es que algunas investigaciones realizadas principalmente en Estados Unidos, han mostrado cómo, cuando hay financiamiento de la industria, algunos investigadores “constantemente se aseguraron de que los financiadores estuvieran satisfechos y buscaron su orientación sobre las opciones de diseño del estudio, encuadre y presentación pública”. Y cómo se ha utilizado a las universidades alrededor del mundo.
El Instituto Internacional de Ciencias de la Vida no solo incide en investigaciones científicas para que sus resultados favorezcan a los productos de sus patrocinadores, sino que realiza trabajo sobre integridad científica, conflictos de intereses y asociaciones público-privadas con la intención de diluir el trabajo independiente en ese espacio, “anteponiendo las ganancias a la ciencia y socava los esfuerzos para abordar la influencia indebida de los actores de la industria en las políticas públicas, la investigación y la práctica”, al igual que lo han hecho las empresas de alcohol y tabaco según un estudio publicado por la organización U.S Rigth to know. La investigación encontró 14 documentos financiados por empresas de alimentos que buscan sentar las bases de lo que debe ser la integridad científica a pesar de los intereses creados que las empresas tienen en ese debate.
RESPONSABILIDAD DE LA INDUSTRIA POR COVID
Ya no hay dudas de que padecer obesidad aumenta el factor de riesgo de enfermar con complicaciones y morir por COVID-19, algunos académicos atribuyen la gravedad del brote del Sars-CoV-2 al exceso de peso y esto se debe a que vivimos principalmente en ambientes obesogénicos.
En un editorial publicado en la revista The BMJ los autores señalan que “la industria alimentaria comparte la culpa no solo de la pandemia de obesidad, sino también de la gravedad de la enfermedad COVID-19 y sus devastadoras consecuencias”, pues producen productos con alto contenido de sal, azúcar y grasas saturadas. Y destacan que “los gobiernos han hecho muy poco, y uno de los pocos éxitos son los impuestos a las bebidas azucaradas”.
Y denuncian su oportunismo por utilizar la pandemia con “campañas e iniciativas de responsabilidad social corporativa, a menudo con tácticas apenas veladas que utilizan el brote como una oportunidad de marketing”. En México se detectaron al menos 105 actividades de covidwashing.
“Las industrias alimentarias de todo el mundo deben dejar de promover de inmediato, y los gobiernos deben forzar la reformulación de alimentos y bebidas no saludables. La reducción generalizada de la sal, el azúcar y las grasas saturadas mejoraría la dieta de toda la población y traería beneficios aún mayores para las personas más desfavorecidas. El costo de morbilidad y mortalidad por COVID-19 ha hecho que esto sea más evidente y más urgente que nunca”, concluyen los autores.
Las corporaciones insisten en que medidas como el impuesto a productos hipercalóricos o el etiquetado frontal no funcionan, pero la evidencia muestra que las regulaciones gubernamentales que desincentivan el consumo de comida rápida y ultraprocesada ayudan a mitigar la obesidad.
De hecho Washington ha considerado que las medidas implementadas por México, como los sellos de advertencia y la prohibición de venta de comida chatarra a niños, niñas y adolescentes son barreras para sus exportaciones, temas que incluso estuvieron presentes en las conversaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Según información de Estados Unidos, las exportaciones de productos ultraprocesados a México fueron de 5.7 mil millones de dólares en 2020, siendo así, su segundo mercado.
La Organización Mundial de la Salud ha promovido los impuestos a bebidas azucaradas pues los ve como “una ganancia triple”: mejoran la salud de la población, generan ingresos tributarios y reducen a largo plazo los costos de atención de salud. En un informe sobre el tema, el organismo de la ONU dice que los costos de productividad atribuibles al consumo de bebidas azucaradas se calculan en una pérdida de productividad total de 1.400 millones de dólares, el 57 por ciento por los costos de la mortalidad prematura y 41 por ciento al ausentismo. La agencia también ha padecido los embates de los corporativos para frenar los mandatos que emiten para combatir las enfermedades no transmisibles.
La obesidad es un gran problema, no sólo en México, sino en el mundo entero, por ello especialistas exigen que los gobiernos regulen los productos chatarra, tal cual se hace con el alcohol y el tabaco.
