Olga Sánchez Cordero heredará a Adán Augusto López Hernández una lista de pendientes en la agenda de víctimas y, en general, en la de derechos humanos. No obstante, especialistas en la materia ven con dudas el nombramiento del hasta ayer Gobernador de Tabasco debido a que es un “desconocido” en el ámbito de derechos humanos, lo que genera incertidumbre sobre cuál será su agenda.
Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- La agenda de víctimas y la implementación de los mecanismos para la justicia transicional son los dos grandes pendientes que deja la Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación (Segob), y que ahora serán los retos para Adán Augusto López Hernández, quien dejará la gubernatura de Tabasco para asumir al frente de esta dependencia, consideraron especialistas y defensores de derechos humanos.
En este sexenio, la Secretaría de Gobernación dejó de acaparar el control político del Estado y se ha configurado en una dependencia que ha buscado resarcir las deudas en derechos humanos y atención a víctimas. Además perdió ciertas funciones como la de estar a cargo de acuerdos y negociaciones políticas, que pasaron a Palacio Nacional para ser atendidos directamente por el Presidente, así como el tema de seguridad que ahora está en manos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Defensores, especialistas y académicos en materia de derechos humanos consultados por SinEmbargo, así como organizaciones civiles que dan acompañamiento a víctimas, consideraron que los pendientes que deja Olga Sánchez Cordero en Segob son varios: la protección a defensores de derechos humanos y activistas; las deudas en materia de violencia de género, combate a la tortura y, principalmente, la agenda de víctimas cuya Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) aún se encuentra acéfala.
“Fue una Secretaría que en algún momento hasta se pensó en cambiarle el nombre y ponerle Secretaría de Derechos Humanos, pero la realidad es que en materia de derechos humanos no ha cambiado nada, no ha avanzado demasiado. Los patrones de las violaciones a derechos humanos prácticamente persisten: la violencia se mantiene más o menos igual; la práctica de la desaparición también se mantiene y otras violaciones a derechos humanos como la tortura y las violaciones a los derechos económicos y sociales, pues no hubo grandes cambios”, expresó Daniel Vázquez Valencia, doctor en Ciencias Sociales e investigador de la Universidad Autónoma de México (UNAM).
La implementación de los mecanismos de justicia transicional —entre ellos, una Comisión de la Verdad, como mecanismo extraordinario de justicia, y un Modelo de Reparación del daño acorde a la realidad mexicana— no sólo representan otros de los pendientes que deja la Ministra en retiro en su paso por la Segob, sino que forman parte de una gran promesa incumplida, explicó Jacobo Dayán, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos
“Olga Sánchez Cordero afirmaba en la época de transición —entre las elecciones y la toma de posesión, durante 2018— la urgencia histórica de la implementación de mecanismos de justicia transicional, y a partir de eso es que se crearon mesas de trabajo y se hicieron propuestas que jamás se implementaron”, lamentó el experto.
Juan Carlos Gutiérrez Contreras, especialista en Derecho Penal y director de Idheas, consideró a su vez que también hay pendientes en temas como las víctimas de la Guerra Sucia, las alertas de violencia de género, un mayor diálogo para impulsar una ley general en materia de protección para activistas y periodistas que involucren a las entidades federativas y, principalmente, la atención integral a víctimas.
“La Secretaria se va sin nombrar o sin haber presionado para que el Senado nombre al o la titular de la CEAV, la cual, sigue siendo una institución que está carente y controlada por grupos de poder al interior y que no ha dado respuesta de manera efectiva a las demandas de atención integral a las familias y de reparación del daño”, expresó.
De acuerdo con la organización Idheas —que ha impulsado solicitudes para activación de Alertas de Violencia de Género por desaparición de mujeres— en materia de agenda de género falta mucha más actividad de la Conavim para involucrar de mejor manera a las organizaciones peticionarias de las Alertas de Género en un debate mucho más profundo y serio sobre el tema de la violencia contra la mujer, porque no ha habido un análisis comprensivo de las causas estructurales de este tipo de violencia.
Con relación a las personas defensoras de Derechos Humanos, Gutiérrez Contreras consideró que, aunque hubo avances importantes en la materia, como la regularización de los recursos y el mantenimiento de algunas medidas de protección, la violencia contra los periodistas y personas defensoras de derechos humanos persistió.
“Me parece que el enfoque debe cambiar, por lo menos debería intentar realizarse una modificación a la legislación, porque se requiere una Ley General que involucre a todos los gobiernos estatales porque la protección no puede estar anclada exclusivamente a nivel federal. Debe haber un debate mucho más profundo y estructural sobre las causas de las agresiones a periodistas y defensores, y generar una necesidad de modificar la ley para que los gobernadores también asuman un compromiso para su protección”.
Daniel Vázquez y Juan Carlos Gutiérrez coincidieron que la búsqueda de personas desaparecidas es uno de los temas en los que se observaron esfuerzos, pero aún hay retos por cumplir.
“No todo es negativo, hemos observado que hay esfuerzos: hemos tenido una interlocución muy activa con Segob; hemos logrado ver que hay convocatorias importantes para el cumplimiento de decisiones internacionales; que el subsecretario Alejandro Encinas ha tenido la capacidad de aceptar la responsabilidad en los casos internacionales, sin embargo, sí se percibe que es muy difícil avanzar en la materia por la ausencia de voluntad en los estados.”, dijo el director de Idheas.
“NO SE HIZO NADA”
Para los académicos Daniel Vázquez y Jacobo Dayán no se avanzó nada en la agenda de víctimas y derechos humanos: “El principal pendiente que tenemos como país es evitar que haya otros 350 mil muertos y otros 90 mil desaparecidos y que no se siga practicando la tortura de forma generalizada y ahí es donde no se hizo nada, pero absolutamente nada porque no se modificaron los patrones de las violaciones graves a derechos humanos”, dijo el catedrático de la UNAM.
Dayán reiteró por su parte que la Ministra en retiro no hizo nada por incorporar los mecanismos urgentes de justicia y verdad que se requieren, pues enfatizó que, aunque en materia de búsqueda se han dado algunos avances, éstos son insuficientes: “seguimos con más de 52 mil cuerpos en espera de ser identificados y con más de 90 mil 0personas desaparecidas, con una narrativa desde la Presidencia qué ponía en ridículo el trabajo de Olga Sánchez, es decir, el Presidente diciendo que ya no había desapariciones, ni violaciones a derechos humanos, impunidad, masacres, ni desapariciones, mientras que los datos y la realidad son diametralmente opuestas”.
Daniel Vázquez explicó que la justicia transicional es precisamente una de las principales herramientas que se pudieron utilizar para generar los cambios de patrones a las violaciones de graves de derechos humanos, sin embargo, no se echó andar ese mecanismo.
“No lo hicieron porque se consideró que eran tantas las personas de la clase política involucradas con estos patrones de graves de violaciones a derechos humanos que (establecerlos) podría generar una fuerte inestabilidad política. Entonces se prefirió mantener las aguas más tranquilas en ese punto en lugar de abrir la cloaca”, dijo.
En tanto que Dayán, experto en crímenes de lesa humanidad, insistió: “El gran pendiente de Olga Sánchez Cordero es que no implementó absolutamente nada de los mecanismos urgentes de verdad, justicia y paz que requiere este país, y no por decisión de ella, seguramente, sino porque no hubo voluntad política desde la Presidencia”.
EL NUEVO TITULAR
El Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, fue la persona que el Presidente Andrés Manuel López Obrador nombró como nuevo Secretario de Gobernación. El mandatario nacional ya lo había perfilado para su Gabinete por ser “trabajador, responsable, honesto, leal (y porque) tiene convicciones”.
Pero López Hernández es un hombre poco conocido en el ámbito de derechos humanos, ya que, aunque los activistas lo ubican por su cargo como mandatario, no lo reconocen por su trabajo en materia de derechos humanos.
“La verdad es que en el tema de Derechos Humanos él es abiertamente un desconocido y esto es una mala noticia. Creo que las temáticas pendientes de Derechos Humanos no se van a recuperar a través de este nuevo liderazgo, de este nuevo Secretario de Gobernación, no me parece que vaya a funcionar”, expresó Valencia Vázquez.
Para el especialista de la UNAM, el relevo obedece a un tema político y el nuevo perfil atiende a la cercanía del tabasqueño con el Presidente: “Me parece que en realidad esto (la salida de Olga Sánchez para reincorporarse al Senado) es parte de una estrategia rumbo al 2024 con varios objetivos y uno de ellos es la contención a Ricardo Monreal. No es casualidad que Olga Sánchez Cordero regrese al Senado para de alguna manera opacar y contener el liderazgo que tiene Ricardo Monreal y sus pretensiones presidenciales”.
Jacobo Dayán dijo que tampoco conoce su trabajo en la materia por lo que no podría opinar sobre su nombramiento; no obstante, consideró que independientemente del perfil del nuevo titular, lo que se requiere para avanzar en derechos humanos y víctimas es la voluntad por parte del Estado
“Si a Gobernación prácticamente le han dejado sólo el tema de derechos humanos y víctimas y no se van a implementar los mecanismos de justicia transicional, pues pueden poner ahí a Jesús (Cristo) o a Mandela y no va a resolver el problema. Si no hay voluntad por parte del Estado, a quien pongan ahí lo único que va a poder hacer es administrar el horror”, detalló.
En tanto que Juan Carlos Gutiérrez destacó que se requiere que la nueva persona que llegue a Segob tenga la capacidad de construir un gran acuerdo nacional, con una política estatal de Derechos Humanos donde se incorpore el tema de defensores, atención a víctimas, desapariciones e identificación forense, y las alertas de género.
