Con un abrazo a Héctor Aguilar Camín.

La agresión de este Gobierno a Nexos sí me la tomo personal. Primero, Nexos para mi fue fundamental como lector desde que apareció, precisamente en los tiempos en los que yo comenzaba mi formación profesional. Desde cuando quería ser muy innovadora con el diseño, dirigida por el gran Enrique Flores Cano, en sus páginas encontré artículos que fueron parte de mi construcción intelectual. En Nexos aprendí de feminismo, de democracia, del mundo. Disfruté con los datos inútiles recopilados por Roberto Pliego y me reí con las historias de la dupla genial formada por Luis Miguel Aguilar y Rafael Pérez Gay. Me viene a la mente números soberbios, como aquel en el que Christopher Domínguez hizo un mapa imprescindible de la izquierda mexicana. Ahí leí a Marta Lamas, a Soledad Loaeza, a Carlos Pereyra, a José Joaquín Blanco y a Luis González de Alba.

Después, Nexos se convirtió en mi casa editorial, desde mis pininos como ensayista y articulista político. En 1991 fui finalista del premio Carlos Pereyra, iniciativa sin parangón en México, por la que, con algunos años de interrupción, la revista ha promovido el talento de jóvenes escritores de ensayo con tema social, el cual ha sido ganado por Mauricio Merino, José Antonio Aguilar, Eduardo Guerrero, Adrián Acosta, por mencionar solo a los que me vienen a la mente. Desde entonces, he publicado en Nexos, ya fuera piezas muy breves de análisis de coyuntura, ya ensayos de más largo aliento o versiones de artículos académicos.

En 1993 gané yo mismo el Pereyra con un ensayo que fue la base de mi tesis de doctorado. Durante años participé con Rolando Cordera en la edición del Cuaderno de Nexos, ejercicio que me integró en una comunidad intelectual notable, con María Amparo Casar, Antonella Attili, Eugenia Huerta, Luis Salazar, Ricardo Raphael y mi inolvidable Adolfo Sánchez Rebolledo. Y cuando José Woldenberg se convirtió en director de la revista me invitó a la mesa editorial, otra gran experiencia intelectual con discusiones deliciosas con Ciro Murayama o Ricardo Becerra. En fin, Nexos es mi familia.

Así que sí me lo tomo personal. Pero, aunque así no fuera, no me cabe la menor duda de que las desproporcionadas sanciones de la Secretaría de la Función Pública para la empresa tienen una razón política y constituyen una acción de censura. En efecto, Nexos es una empresa, una con objetivos culturales claros, que genera empleo y paga impuestos y le paga a quienes colaboran en ella. No conozco empresa cultural en México que no dependa en mayor o menor medida de los contratos con el Estado. Los grandes negocios invierten poco en publicidad en revistas culturales, que de suyo se prestan solo para cierto tipo de anunciantes, por sus mismas características editoriales, y las escasas fundaciones privadas suelen financiar ediciones de lujo de libros de arte o de cocina, antes que sostener una revista tan plural y polémica como Nexos.

Nexos es una empresa cultural de las que hay muy pocas en México –obviamente está Letras Libres y unas cuantas más– y sostiene a una de las pocas editoriales independientes que subsisten en México –Cal y Arena–, que ha editado literatura y ensayo social de gran calidad. Evidentemente buena parte de su publicidad siempre ha sido estatal, como ha sido habitual en México, pues la llave que ha regulado tradicionalmente la libertad de expresión en este país ha sido la publicidad abierta o encubierta del Gobierno en el sentido más amplio de la expresión.

La sanción impuesta por la dilecta del Presidente de la República señora Sandoval es un acto de revancha política al nivel de su zafiedad intelectual y de su talante estalinista, el cual le viene de prosapia. Pero no es una novedad. Es solo muestra de que este Gobierno no es otra cosa que la peor excrecencia de la tradición política mexicana. Se trata de la misma ralea del viejo priismo haciendo las mismas cosas.

La historia de la relación entre los gobiernos mexicanos y las publicaciones ha sido la de la manera en la que se administran las subvenciones estatales. Desde la República Restaurada, que presumía de liberal y no podía sin desdoro censurar abiertamente a sus críticos, los recursos han fluido generosamente hacia los aduladores y has escaseado para los críticos. En un país sin lectores, ninguna publicación ha podido subsistir sin el beneplácito financiero del Gobierno en turno.

Incluso durante el porfiriato, los casos de censura abierta, represiva, fueron escasos: para acabar con un periódico bastaba condenarlo al ostracismo presupuestal. Durante la época clásica del régimen del PRI fue el acceso al papel el otro mecanismo de control, pues el Estado se había reservado convenientemente, desde la Presidencia de Lázaro Cárdenas, el monopolio de la producción e importación de papel para periódicos y revistas.

Con las editoriales hubo mayor libertad, pero la mayor producción de libros estaba también controlada por el Estado, con el monopolio de los libros de texto y el Fondo de Cultura Económica, que le brindó al régimen del PRI una fachada de pluralidad, pero en cuanto el Gobierno de Díaz Ordaz sintió una crítica en sus ediciones destituyó al director y la volvió al redil.

López Obrador no es, en este terreno, más que el continuador de la tradición sintetizada en el "no pago para que me pegue" de López Portillo frente a Proceso. El lugar de Francisco I. Madero en el panteón de su pretendida transformación debería estar ocupado por Díaz Ordaz o Echeverría, especialistas en silenciar publicaciones con mecanismos financieros.

En cuanto la pretendida legalidad de la medida, la explicación oficial de Nexos me parece suficiente, pero no puedo dejar de pensar en la frase apócrifa atribuida a Juárez sobre la gracia, la justicia y la ley. Las marañas administrativas de la burocracia mexicana parecen diseñadas a posta para propiciar la discrecionalidad, benévola o malévola, de los encargados de gestionarla, lo que les permite vender protecciones particulares o negociar la desobediencia de acuerdo a sus intereses personales. De nadie se espera un cumplimiento a cabalidad, precisamente porque eso permite usar las faltas para castigar a los enemigos políticos. Así que lo dicho: esto no ha sido más que un acto autoritario de censura.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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