Robles, actualmente presa en el penal de Santa Martha Acatitla por el delito de ejercicio indebido de la función pública, había solicitado en suspensión del bloqueo de sus cuentas bancarias, decretada por la Unidad de Inteligencia Financiara de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- Las cuentas de Rosario Robles Berlanga, ex titular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, no serán descongeladas. Así lo determinó la juez Décimo Segunda de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México.
Robles, actualmente presa en el penal de Santa Martha Acatitla por el presunto ejercicio indebido de la función pública, había solicitado la suspensión del bloqueo de sus cuentas bancarias, decretada por la Unidad de Inteligencia Financiara (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Aunque la jueza admitió a tramite el recurso promovido por Robles para suspender el bloqueo de sus cuentas bancarias, resolvió que la suspensión de la medida decretado por la UIF no procedería, por lo que la ex colaboradora del ex Presidente Enrique Peña Nieto no podrá acceder a sus cuentas bancarias por el momento.
Robles Berlanga es investigada por presuntas omisiones cuando estuvo al frente de las dependencias mencionadas, mismas que habrían permitido el desvío de recursos en el esquema conocido como “Estafa Maestra”.
El pasado 17 de agosto, este diario informó que Rosario Robles interpuso, días antes, un amparo contra el bloqueo de sus cuentas. El recurso habría sido promovido un día después de que Robles fuera ingresada al penal de Santa Martha Acatitla.
Durante los primeros días de agosto, autoridades mexicanas ordenaron congelar las cuentas bancarias de Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Las cuentas de Emilio Zebadúa, oficial mayor en la Sedesol y la Sedatu cuando Robles fue titular, también fueron congeladas.
Fue la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la encargada de bloquear las cuentas por la sospecha de desvío de recursos.
QUEJA EN LA CIDH
Este martes la defensa de Rosario Robles Berlanga acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar una denuncia en contra del Juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, por considerar que “actuó de manera ilegal, arbitraria y dolosa”.
Julio Hernández Barros, quien coordina la defensa de la ex funcionaria, Xavier Olea Trueheart, y Magin Puig, litigante que reside en Washington, también solicitaron el apoyo de esta instancia internacional para que su defendida sea puesta en libertad de inmediato.
Desde la sede de la CIDH, ubicada en Washington, interpusieron la denuncia contra el Juez que lleva el caso, “por violar flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes procesales y los tratados internacionales de los que México es parte, cometiendo probablemente delitos contemplados en el Código Penal Federal al decretar una detención ilegal”.
“No cabe duda de que se trata de una detención ilegal, motivo de un Tribunal de Estado, el cual pertenece al Estado Mexicano, al igual que las mismas autoridades responsables que habrían de resolver los recursos pertinentes, cuestión que haría nugatoria la protección de los derechos de la víctima”, dieron los abogados de Robles Berlanga en un comunicado.
Por otro lado, afirmaron que la tardanza en resolver el caso por parte de las autoridades mexicanas, lo único que hace es retardar el acceso a su derecho y prolongar innecesariamente “el ilegal encarcelamiento a que ha sido objeto y que de manera infundada e imparcial el Juez decretó la medida cautelar gravosa e invasiva que se contempla en nuestro ordenamiento legal, es decir, la prisión preventiva”.
Además, los litigantes consideraron que el juzgador cometió una flagrante violación al principio de justificación, mínima intervención y proporcionalidad, ya que “resulta evidente la desproporción entre la medida cautelar impuesta a la hoy víctima y las circunstancias del caso en concreto”.
