Julio Hernández Barros, quien coordina la defensa de la ex funcionaria, Xavier Olea Trueheart, y Magin Puig, litigante que reside en Washington, afirmaron que la tardanza en resolver el caso por parte de las autoridades mexicanas, lo único que hace es retardar el acceso a su derecho y prolongar innecesariamente “el ilegal encarcelamiento a que ha sido objeto y que de manera infundada e imparcial el Juez decretó la medida cautelar gravosa e invasiva que se contempla en nuestro ordenamiento legal, es decir, la prisión preventiva”.
Asimismo, los litigantes consideraron que el juzgador cometió una flagrante violación al principio de justificación, mínima intervención y proporcionalidad, ya que “resulta evidente la desproporción entre la medida cautelar impuesta a la hoy víctima y las circunstancias del caso en concreto”.
Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).– La defensa de Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), acudió este martes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar una denuncia en contra del Juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, por considerar que “actuó de manera ilegal, arbitraria y dolosa”.
Julio Hernández Barros, quien coordina la defensa de la ex funcionaria, Xavier Olea Trueheart, y Magin Puig, litigante que reside en Washington, también solicitaron el apoyo de esta instancia internacional para que su defendida sea puesta en libertad de inmediato.
Por “detención ilegal”, Juez Delgadillo Padierna es denunciado ante la CIDH; abogados de @Rosario_Robles_ piden sea dejada en libertad de inmediato. pic.twitter.com/fb95fNLiry
— 𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐑𝐮𝐛𝐢𝐨 (@Alberto_Rubio) August 27, 2019
Desde la sede de la CIDH, ubicada en Washington, interpusieron la denuncia contra el Juez que lleva el caso, “por violar flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes procesales y los tratados internacionales de los que México es parte, cometiendo probablemente delitos contemplados en el Código Penal Federal al decretar una detención ilegal”.
“No cabe duda de que se trata de una detención ilegal, motivo de un Tribunal de Estado, el cual pertenece al Estado Mexicano, al igual que las mismas autoridades responsables que habrían de resolver los recursos pertinentes, cuestión que haría nugatoria la protección de los derechos de la víctima”, dieron los abogados de Robles Berlanga en un comunicado.
Por otro lado, afirmaron que la tardanza en resolver el caso por parte de las autoridades mexicanas, lo único que hace es retardar el acceso a su derecho y prolongar innecesariamente “el ilegal encarcelamiento a que ha sido objeto y que de manera infundada e imparcial el Juez decretó la medida cautelar gravosa e invasiva que se contempla en nuestro ordenamiento legal, es decir, la prisión preventiva”.
Asimismo, los litigantes consideraron que el juzgador cometió una flagrante violación al principio de justificación, mínima intervención y proporcionalidad, ya que “resulta evidente la desproporción entre la medida cautelar impuesta a la hoy víctima y las circunstancias del caso en concreto”.
Con la prisión preventiva, “se conculcan los Derechos Humanos consagrados en los Tratados Internacionales de los que es parte México, en específico los principios de presunción de inocencia, debido proceso, legalidad, seguridad jurídica, exacta aplicación de la ley penal, defensa técnica y adecuada, acceso a la justicia y protección de injerencia arbitraria”.
Además, precisaron que presentaron pruebas y argumentos con el objetivo de comprobar “la ilegalidad con la que actuó el Juez”, entre las que incluyen el parentesco confirmado del juzgador con Dolores Padierna, Diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Por ello, la defensa legal de la ex Secretaria de Estado solicitó a la CIDH “se apliquen medidas cautelares, para que cesen de inmediato las acciones que mantienen a la hoy víctima María del Rosario Robles Berlanga privada ilegalmente de su libertad y sometida a un encarcelamiento ilegal y arbitrario por parte del Estado Mexicano”.
A su vez, solicitaron que se tome en cuenta que la ex colaboradora del Gobierno de Enrique Peña Nieto se enfrenta a una situación especialmente grave, pues “la tienen detenida de forma arbitraria, en ausencia total de datos de prueba que justifiquen una prisión preventiva y declarando dogmáticamente que hay riesgo de que se sustraiga a la acción de la justicia, cuando su conducta procesal y el cúmulo de pruebas aportadas demuestran exactamente lo contrario”.
“No cabe duda de que estamos en una situación urgente, se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar, ya que cada día que pasa es un día más que la mantienen privada de la libertad en forma ilegal”, establecieron en la denuncia presentada.
Los abogados explicaron además que el daño que causa la conducta de la autoridad a la esfera de Derechos Humanos es “irreparable, lo que se traduce en que una grave afectación sobre sus derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización”.
Finalmente, Hernández Barros y Olea Trueheart pidieron a la CIDH emitir la recomendación correspondiente a las autoridades que resulten responsables por la violación a los derechos humanos de su clienta y conceder con la urgencia que el caso amerita las medidas cautelares que se solicitan, “tomada consideración que la señora María del Rosario Robles Berlanga, se encuentra indebidamente privada de su libertad”.
INTERPONEN QUEJA ANTE EL CJF
Apenas el pasado 19 de agosto, los abogados que defienden a Rosario Robles, actualmente presa en el penal de Santa Martha Acatitla por el delito de ejercicio indebido del servicio público, presentaron ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) una queja en contra del Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien le dictó prisión preventiva. El Juez es sobrino de Dolores Padierna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
“Con respecto a las versiones periodísticas relacionadas con el Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna aclaro que él es hijo de mi hermana Guadalupe. Que los casos que le han correspondido atender le han sido asignados al azar”, escribió Dolores Padierna en su cuenta de Twitter.
Es un funcionario honesto quien llegó a su cargo por méritos propios. Tiene una carrera limpia y como se ha demostrado en otros casos no recibe ni acepta consignas. Él únicamente es un juez de vinculación a proceso pero no le corresponde juzgar ni sentenciar a los imputados.
— Dolores Padierna (@Dolores_PL) August 15, 2019
Felipe de Jesús Delgadillo Padierna “es un funcionario honesto quien llegó a su cargo por méritos propios. Tiene una carrera limpia y como se ha demostrado en otros casos no recibe ni acepta consignas. Él únicamente es un juez de vinculación a proceso pero no le corresponde juzgar ni sentenciar a los imputados”, expuso.
“En lo que se refiere a lo personal, respetamos nuestros ámbitos de trabajo. No mezclamos asuntos”, agregó, y consideró que no debe ser juzgado por sus apellidos; “se le debe valorar por su trabajo”, opinó.
El pasado 15 de agosto, la defensa legal de Rosario Robles anunció que presentaría una queja ante el CJF en contra de Delgadillo Padierna por violar los derechos de la ex Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), pues consideró que se le dictó prisión preventiva de forma ilegal porque el delito por el que se le investiga (ejercicio ilícito de servicio público) no amerita la medida.
A través de un comunicado, los abogados de la ex funcionaria aseguraron que “en breve” presentarían dicha queja.
Los despachos Hernández Barros y Oléa acusaron que el juez de control resolvió “indebidamente” al dictar prisión preventiva contra su clienta, pues, dijeron, lo hizo atendiendo a “razonamientos políticos y meramente “personales”.
“Su actuar resulta contrario a nuestra Carta Magna, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a los Tratados Internacionales firmados y ratificados por nuestro país en Materia de Derechos Humanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”, expusieron.
