En nuestro país, hechos sangrientos ocurren todos los días, la gente decide dejar de escuchar, leer o ver las noticias porque se ha cansado de reconocer que el espacio en donde vive no es seguro, que las instituciones son responsables porque actúan, omiten o toleran que esa sangre siga corriendo y que la única manera de sobrevivir es resistiendo.

El 23 de agosto de 2010, sin embargo, las noticias fueron estruendosas, habían asesinado, en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, a 72 personas (58 hombres y 14 mujeres) que buscaban migrar a Estados Unidos. Las imágenes en los medios de comunicación mostraban cuerpos apilados y un montón de zapatos. La guerra estaba ya frente a nosotros y este hecho era un llamado para que el gobierno decidiera la estrategia hacia adelante.

No obstante, las diversas falencias en la investigación y la opacidad en torno a las mismas, la falta de reconocimiento del Estado de la necesidad de cambiar la política pública para garantizar la seguridad en el tránsito de las personas migrantes, y el total abandono por parte de los países de origen, permitieron que eso que ocurrió, que indignó y que marcó la llamada “guerra contra el narcotráfico” volviera a ocurrir.

En abril de 2011, los medios de comunicación dieron a conocer el hallazgo de decenas de fosas clandestinas donde encontraron 193 cuerpos de personas de diversas nacionalidades. En su momento, Felipe Calderón, como Presidente de la República, dijo a la opinión pública que “los que matan son los criminales”, pero no dijo nada sobre la responsabilidad del Estado para que después de un año de la  primera masacre se estuviera hablando de una nueva, en el mismo lugar y con las mismas formas.

¿Son culpables los que toleran la violencia o aquellos que la niegan y la invisibilizan? Los informes obtenidos en 2013 por el National Security Archive (NSA) con base en la Ley de Libertad de Información de los Estados Unidos de América, daban cuenta de la colusión de funcionarios públicos municipales, estatales y federales con el crimen organizado, la participación de algunos policías municipales como “halcones” o dando por alto la detención de los autobuses y la minimización de las masacres para no hacer un escándalo internacional.

El caso sigue abierto y, años después, hay más preguntas que respuestas. Algunos de los restos entregados, por ejemplo, no han sido plenamente identificados. Ninguna persona ha sido sentenciada por esos hechos. Los familiares de las víctimas y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático y de Derecho (FJEDD) -organización que acompaña a las familias – han tenido que mover cielo, mar y tierra para conocer siquiera los documentos que se encuentran en manos de las Fiscalías estatales y la federal y muchas veces han recibido copias testadas de los documentos que son prácticamente ilegibles. El Estado, a pesar de la recomendación 80/2013 de la CNDH, ha faltado en garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y también de la sociedad ¿Cuál fue y es la responsabilidad del Estado? ¿Por qué no hizo nada a pesar de los diversas llamadas de atención respecto a los múltiples secuestros de migrantes en esa zona?

El día de ayer se llevó a cabo la mesa de seguimiento de la recomendación citada con los familiares de los más de 72, donde el gobierno se comprometió a “cerrar las heridas” y seguir con el proceso de investigación del caso.

“Cerrar las heridas” implica verdad, justicia, reparación y no repetición, y aunque estas palabras sean la constante ante la grave crisis de derechos humanos que se vive en nuestro país, podríamos empezar con la responsabilidad que tiene el Estado de identificar los restos; con sancionar a los responsables, no solo a los integrantes del crimen organizado, sino aquellos funcionarios públicos de todos los niveles que por su participación directa o indirecta, permitieron que esto ocurriera; con rendir cuentas sobre lo que ocurrió y asumir la responsabilidad de llevar a cabo una serie de acciones de política pública que garanticen la seguridad de las y los migrantes.

Los familiares de las víctimas hablaron fuerte y claro. Ya no quieren simulación; quieren verdad, justicia, aunque éstas lleguen nueve años tarde. Exigen que se haga realidad la promesa del presidente Lopez Obrador de hacer de la búsqueda de justicia para las personas migrantes una prioridad.

Confiar en las instituciones que históricamente han fallado no es cosa fácil, pero se puede si se garantiza el derecho a la verdad, si se castiga a los responsables, si en vez de aumentar los riesgos para las personas migrantes, como lo afirmó la CNDH durante la audiencia, el Estado garantiza que estos hechos no vuelvan a suceder. NUNCA MÁS.

Ana Cristina Ruelas

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Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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