La cooptación de herramientas de participación ciudadana, como el Parlamento Abierto, para seguir sirviendo a los intereses económicos, es una práctica que debiera combatirse en la actual administración que ha declarado separar el poder político del económico. Sin embargo, las viejas prácticas no se erradicarán por arte de magia, lo harán si existe una sociedad activa vigilante y medios de comunicación independientes de la influencia de esos poderes económicos.

La semana pasada se realizó en el Senado de la República una sesión de Parlamento Abierto sobre el etiquetado frontal de alimentos que pareció ser otra más de las estrategias de la industria de los ultraprocesados y las bebidas endulzadas para bloquear la iniciativa que ya se aprobó en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Esa iniciativa propone un etiquetado que permita a los consumidores saber si un producto es alto en azúcar, grasas y sal, un etiquetado que ha demostrado ser muy exitoso en Chile, que lo está demostrando en Perú y que entrará en vigor próximamente en Uruguay. De hecho, se considera que es la política más exitosa que se ha aplicado para reducir el consumo de estos productos.

¿Pero cómo el Parlamento Abierto, creado por una demanda de la sociedad civil internacional y nacional, está siendo usado para boicotear una de las políticas más exitosas para bajar el consumo de comida chatarra, en un país con uno de los mayores niveles de obesidad y diabetes en el mundo?

Primero, fue en la Cámara de Diputados que a través de un transitorio que se quería injertar en la iniciativa pretendía que el proyecto de etiquetado fuera elaborado por una entidad promotora de la inversión (¿es ésto separar el poder económico del político o someter el segundo al primero?) Y la segunda tentativa fue presentar otra iniciativa que proponía otro tipo de etiquetado frontal, apoyado por la Industria, que ocultaría la alta presencia de los ingredientes críticos (azúcares, grasas saturadas y sal) cuyo alto consumo nos ha llevado a las emergencias epidemiológicas de obesidad y diabetes que vivimos en nuestro paìs. Obviamente, un etiquetado que no le afecta a la industria y que no le obliga a reformular, cómo se ha obligado a hacerlo en Chile, Perú y comienza a hacerlo en Uruguay.

Los intentos de bloquear la iniciativa no funcionaron en diputados y todo indica que la sesión de Parlamento Abierto convocada en el Senado fue influida por la industria para convertirse en un tercer intento.

¿Por qué afirmar lo anterior? Contrario a los fines del Parlamento Abierto que busca la transparencia para evitar la interferencia de Ios intereses ajenos al interés público, la agenda de la sesión otorgó una sobre representación a la industria. Está industria ha sido responsable de que durante años los consumidores nos enfrentemos a un etiquetado frontal incomprensible y con criterios que representan un riesgo a la salud, es la misma industria que se opuso a que se regularán los alimentos y bebidas en las escuelas, que se opuso a las recomendaciones sobre bebidas de la Secretaría de Salud, etc, etc.

Pero no sólo fue el hecho de que en la sesión de Parlamento Abierto la representación por sector fue totalmente desbalanceada a favor de la industria; lo más grave, todo lo indica, fue la insistencia de llegar a un acuerdo para que la Comisión de Salud de Diputados no lleve al pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa que ya ha aprobado, sin antes trabajarla en conjunto con la Comisión de Salud del Senado. Sin duda, la propuesta está dirigida a bloquear la iniciativa que sobrevivió al transitorio y a la otra propuesta de etiquetado de la industria que quedó en el intento.

De lograr su propósito, esta interferencia desde el Senado, con solo sugerir el cambio en una oración en la iniciativa, la echaría para atrás, a qué tuviera que volverse a votar en la Junta Directiva de la Comisión de Salud y después a una nueva votación en la Comisión de Salud de diputados. Esto daría a las corporaciones de la chatarra y las bebidas endulzadas más tiempo para interferir.

Lo anterior se agudiza con trascendidos que son parte de la guerra sucia de esta industria que invirtió millones de euros en el Parlamento Europeo para oponerse a un etiquetado frontal de advertencia, de acuerdo al Observador Europeo de Corporaciones. En el trascendido, aparecido en un medio de comunicación, se dice que el Instituto Nacional de Salud Pública está tramando destituir al actual Secretario de Salud, Jorge Alcocer. La buena relación entre el INSP y el Dr. Jorge Alcocer es una relación que no se había establecido en las administraciones anteriores en que la Secretaría de Salud estaba cooptada y al servicio de la industria. De hecho, la anterior Secretaria de Salud tenía vetado al INSP, una institución de investigación reconocida en toda la región como una de las mejores, creada para dar al gobierno la evidencia científica para el desarrollo de las políticas de salud pública. Al que parece ponerse en riesgo con esta estrategia es al propio presidente de la Comisión de Salud del Senado, al que ponen contra la propia Secretaria de Salud. La industria perdió el control de esa Secretaria y piensa recuperarla a través de muy burdos rumores.

Lo interesante es que dentro del propio Senado la senadora Eva Eugenia Galaz ha presentado una iniciativa que va en el mismo sentido que la iniciativa que ya fue aprobada en diputados. Esa iniciativa cuenta ya con una veintena de firmas de apoyo de otros senadores. La senadora Jesusa Rodríguez, es una de estas senadoras que ha expresado su apoyo a la iniciativa del etiquetado de advertencia y ha denunciado la interferencia de la industria en las discusiones de las políticas de salud pública.

Es importante que ésta administración marque el cambio, que el presidente de la Comisión de Salud del Senado no permita que la industria interfiera en las políticas de salud pública, que no termine sirviéndola. Que se reconozca que la iniciativa aprobada en diputados ha recibido la opinión favorable de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Economía, el visto positivo de los organismos de Naciones Unidas, del grupo de expertos de la academia y de la sociedad civil.

En el foro de Parlamento Abierto en el Senado quedó claro que los representantes del ejecutivo, de la academia y de la sociedad civil, coincidimos en la necesidad de un etiquetado como el aprobado en la Comisión de Salud de diputados
Sólo un sector se opuso, la industria, la misma industria que ha estado en contra de todas las políticas de salud pública que se recomiendan contra la obesidad, políticas que obligan a la industria a cambiar sus prácticas, a desarrollar alimentos más saludables, con menores cantidades de azúcar, sal y grasas saturadas, a poner en el mercado alimentos menos procesados, como ya lo hacen en otras naciones.

Alejandro Calvillo

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Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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