En las últimas semanas se ha discutido mucho sobre el endeudamiento de los gobiernos estatales y de algunos municipios. Antes y después de las elecciones del primero de julio, ha sido un tema recurrente en el debate público.
Los gobiernos estatales –y en particular algunos gobernadores– han protagonizado infinidad de escándalos relacionados con su deuda. El caso de Coahuila todavía sigue debatiéndose en los medios y en los juzgados.
Sin embargo, los gobiernos estatales y municipales no son los únicos que enfrentan un endeudamiento creciente.
Según datos oficiales, la deuda neta del gobierno federal, al 30 de junio, era de 4 billones 174 mil 994 millones de pesos, 27.4 por ciento del PIB. De ese monto, 79 por ciento es deuda interna y el resto se debe a acreedores extranjeros.
En diciembre del año 2000, la deuda del Gobierno Federal equivalía al 16.4 por ciento del PIB y el balance entre deuda interna y externa era prácticamente equilibrado (55 y 45 por ciento, respectivamente). Durante las dos administraciones de la alternancia, la deuda se incrementó en once puntos del PIB o un 67 por ciento. Sólo por pago de intereses, los contribuyentes pagamos casi 120 mil millones de pesos semestrales.
Sin embargo ésa no es toda la historia. Si contemplamos a todo el “Sector Público Federal” –en donde se incluye el adeudo del Gobierno Federal, de los Organismos y Empresas controladas por el Estado y de la Banca de Desarrollo–, el endeudamiento alcanza el 33.6 por ciento del PIB.
Este monto –a pesar de su aumento en los últimos años– es muy reducido en términos comparados, nos dice la Secretaría de Hacienda. Afirma “que el nivel de la deuda del Sector Público en México, como porcentaje del PIB, se mantiene en niveles que se comparan favorablemente al de otras naciones con un grado de desarrollo económico superior. En particular, la razón de deuda pública a PIB de nuestro país es una de las más bajas entre la registrada en los principales países miembros de la OCDE.”
Si bien este dato es estrictamente cierto –la mayoría de países desarrollados tiene créditos que superan el noventa por ciento del PIB–, la autoridad hacendaria deja de lado un dato fundamental.
Mientras que aquí se recauda alrededor de once puntos del PIB en impuestos, esas naciones alcanzan entre un 35 y un 50 por ciento. Tomando en consideración este punto, parece que el balance ya no es tan favorable para nuestro país. Es decir, ante un presupuesto público raquítico, no estamos a salvo de que la deuda se vuelva un problema mayúsculo. Y eso por no hablar de los pasivos que deberemos enfrentar en los próximos años y que van a presionar de manera importante el presupuesto, como las pensiones.
Además, en los últimos años se ha optado por privilegiar el endeudamiento interno en detrimento del externo. Así, el sector financiero del país mejor presta al gobierno, con lo que se reduce el crédito disponible a las empresas o a los particulares. A menor crédito, el crecimiento económico se reduce, se crean menos empleos y por tanto el bienestar de la sociedad también es menor.
Parece que no es la medida más inteligente que haya tomado nuestro gobierno. Es otro asunto que deberá atender el nuevo gobierno a partir del primero de diciembre.
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