A finales de julio la Asamblea General de la ONU en Nueva York discutirá el reconocimiento universal del derecho humano al ambiente sano. Esta decisión es urgente y aunque tarde, es muy importante. Discusión urgente, dada la triple crisis climática, de biodiversidad y de contaminación.

Evidencia de ello son las olas de calor a nivel global en estos días, a raíz de las cuales se reportó la muerte de más de mil personas solo en España y Portugal; como también las más de 20 millones de personas desplazadas forzadamente anualmente por el cambio climático. Ello agravado en el Sur Global, las vulnerabilidades son mayores, además de ser la región más peligrosa para quienes protegen el ambiente.

Discusión tardía, porque lleva 50 años. Con todo, mejor tarde que nunca.

En octubre pasado el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reconoció este derecho, en una decisión histórica y después de un proceso con activa participación de sociedad civil, pueblos indígenas, movimientos y organizaciones, que lo pidieron masivamente. Múltiples entidades de Naciones Unidas y Relatores Especiales se han expresado en el mismo sentido.

Ahora es el turno de la Asamblea General, para que decida por el ambiente, la naturaleza y nuestros derechos. El grupo focal conformado por Costa Rica, Eslovenia, Maldivas, Marruecos y Suiza presentó a finales de junio el borrador de resolución, que las misiones están revisando.

La buena noticia es que la mayoría de países la apoya, aparentemente hasta Estados Unidos. Es imperioso que dicho apoyo se refleje en un pronto y decidido respaldo a la resolución presentada, que será decidida a finales de mes. La regular, es que hay otros que siguen teniendo dudas o están reacios a hacerlo. Algunos son opositores de larga data, como Rusia y China, pero otros sorprenden, como India, Noruega y el Reino Unido.

Algunas dudas expresadas por los Estados se resumen a continuación. Dada la realidad global, es imperioso que entren en razón y que todos los Estados decidan de forma clara y contundente, por fin, reconocer este derecho, esencial para las personas y la vida en nuestro planeta.

–La falta de claridad del derecho:  La falta de definición del contenido y alcance del derecho al ambiente sano ha sido argumentado para no apoyar su reconocimiento. Al respecto recordemos que este derecho tiene un amplio desarrollo a nivel nacional, regional y en Naciones Unidas. De hecho más de 155 Estados lo incorporan de alguna forma en sus normas.

Además, ha habido docenas de resoluciones de la ONU referentes al tema y los Principios Fundamentales que el Relator Especial de Derechos Humanos y Ambiente publicó en 2018 describen sus elementos mínimos.

Los sistemas regionales tienen también jurisprudencia haciendo referencia al ambiente sano, de manera directa, como el Sistema Interamericano y el Sistema Africano; o analizando el ambiente sano en conexión con otros derechos como la vida, la integridad, la intimidad, la propiedad, información y participación, entre otros, como es el caso de la Corte Europea de Derechos Humanos.

Por ello, y gracias a que las discusiones comenzaron hace 50 años, hay un entendimiento suficiente de sus elementos mínimos. Dicho desarrollo será de gran utilidad para los Estados en la implementación del derecho, contribuyendo a una garantía efectiva.

Exigir mayor claridad tendría el riesgo de caer en parálisis por análisis, pidiendo un desarrollo que no se ha tenido para otros derechos. Justamente el reconocimiento es el paso requerido para resolver dudas y especialmente, lograr una protección efectiva.

–Aumento de litigio: A algunos Estados les preocupa el posible aumento de acciones de litigio luego de reconocer el derecho. Sin embargo ni la forma en que fue reconocido por el Consejo de Derechos Humanos ni el borrador presentado ante la Asamblea General, ni los contenidos de éste se refieren en manera alguna a este aspecto. Al contrario, el reconocimiento del derecho podría ayudar a solucionar conflictos vinculados con el ambiente sano y dado su desarrollo, ser herramienta para resolverlos evitando litigios.

De otra parte las acciones legales han aumentado a nivel global, debido al impacto creciente de la crisis climática, de biodiversidad y de contaminación, en especial en el Sur Global y en personas, pueblos y comunidades en mayor situación de vulnerabilidad. La inacción o la acción lenta de los Estados han sido argumentos para el incremento de los litigios.

Por ende, reconocer el derecho es un mensaje importante de compromiso y acción por parte de los Estados que al ser incorporados en políticas, programas y marcos legales, podría ayudar a evidenciar acciones positivas que reduzcan litigios.

–Mayores gastos y burocracia: Otra preocupación es tener que dedicar mayores presupuestos y burocracia para la protección de este derecho humano. Al respecto, el reconocimiento podría ayudar a los Estados y entidades internacionales a coordinar más efectivamente los esfuerzos de protección ambiental y de protección de los derechos humanos.

Hasta ahora, el ambiente y los derechos humanos han sido considerados casi como dos planetas diferentes, con sus propias instituciones, dinámicas, presupuestos y negociaciones. Sin embargo, en la vida diaria y en el territorio, el ambiente y los derechos humanos están intrínsecamente vinculados, por lo cual este reconocimiento es un paso en la dirección correcta hacia un abordaje más integral, implementando también los principios de derechos humanos de interdependencia, indivisibilidad, inalienabilidad y universalidad.

Puede ser una herramienta adicional para los Estados para reducir la pobreza y mejorar el desarrollo y el bienestar de sus habitantes. Dado lo anterior, las preocupaciones pueden irse resolviendo mediante el desarrollo del derecho, de conformidad con las perspectivas y necesidades de cada país.

Hoy es esencial decidir priorizar soluciones para la realidad, especialmente el 10 por ciento de la población mundial que vive en pobreza extrema; es decir las 800 millones de personas, que no tienen acceso a necesidades básicas como agua y alimentos suficientes y adecuados. Son estas personas quienes primero podrían y deberían beneficiarse del reconocimiento y en quienes los
Estados deberían estar pensando.

No habiendo mayores razones para dilatar más el reconocimiento de este derecho, esperamos atentamente los resultados de la Asamblea General de la ONU. Decisión en la cual Estados aun en contra o dudando, tienen la oportunidad histórica de decidir para el beneficio de sus habitantes. Con ello, finalmente podremos celebrar y usar el ambiente sano, limpio y sostenible como un derecho humano, ayudando a mejorar la vida, el bienestar y el desarrollo de todas las personas, incluyendo las generaciones futuras.

Astrid Puentes

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Asesora independiente experta en derechos humanos y cambio climático. De 2003 a 2021 fue codirectora ejecutiva de Interamerican Association for Enviromental Defense (AIDA)

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