Uno de los resultados más contundentes de las elecciones del pasado 7 de junio es que ha provocado una profunda crisis en el sistema de partidos que se había formado en México durante las últimas cuatro décadas. Desde la reforma política de 1977, pero sobre todo a partir de las elecciones de 1988 y hasta 2015, la tendencia había sido a la consolidación de tres grandes bloques partidistas: el del PAN, el del PRI y el del PRD, con otras organizaciones menores que jugaban en la órbita de los tres grandes o buscaban, sin mucho éxito, subsistir de manera independiente.

Fueron esos los tres partidos que pactaron las reglas del juego en 1996, para que hubiera elecciones confiables sin injerencia directa de los gobiernos en el manejo de los votos ciudadanos. Y si bien el Partido de la Revolución Democrática surgió como tal en 1989, como producto del gran arrastre de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, en realidad las tres coaliciones estaban integradas mayoritariamente por políticos que habían desarrollado sus carreras en el sistema de reglas de la época clásica del régimen autoritario de pluralidad limitada, por lo que a la hora de establecer las reglas de competencia mantuvieron las barreras de entrada a la competencia casi tan altas como en los tiempos clásicos del proteccionismo priista.

La leyenda blanca del Partido Acción Nacional lo ha pintado como una organización de resistencia católica y cívica frente a la antidemocracia y el anticlericalismo del partido de la revolución institucionalizada. En realidad, el PAN nunca ejerció una oposición acérrima al PRI. Más bien, aceptó las reglas del juego que lo condenaban a solo capturar una que otra migaja en el reparto de posiciones legislativas o municipales, aunque nunca de una gran ciudad hasta que en 1967 logró ganar la alcaldía de Mérida. Nadie lo describió mejor que su propio presidente nacional de la década de 1960, Adolfo Christlieb Ibarrola, cuando dijo que era “la leal oposición”.

De hecho, el PAN se benefició del sistema proteccionista de la legislación de 1946, cuando Manuel Gómez Morín pactó su inclusión en el nuevo sistema de partidos con el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Hasta entonces, Acción Nacional no era más que un pequeño grupo de intelectuales católicos que no habían pintado ni en la elección de 1940, cuando quedaron a la zaga de la candidatura de Juan Andreu Almazán, ni en 1943. Con las nuevas reglas, que le otorgaron una patente para aparecer en las boletas electorales, el PAN comenzó a servir de vehículo para candidaturas con cierto arrastre local y en 1946 el régimen le concedió cuatro triunfos distritales, con lo que comenzó su andadura parlamentaria.

La resistencia electoral del PAN fue aguerrida muy contadas veces, sobre todo después de la fuerte represión que sufrió cuando reclamó por el fraude electoral en León, Guanajuato a principios del mismo año de 1946, cuando quedaron claras las reglas del juego: solo obtendrían los triunfos que graciosamente el régimen les concediera.

Hasta entonces, el PAN fue un engranaje funcional del arreglo institucional del partido prácticamente único, una pieza más de la ficción aceptada: la de un régimen democrático simulado, donde participaban tanto una oposición de derecha católica, como una de izquierda marxista, aunque esta última siempre postulaba al mismo candidato presidencial que el PRI. El problema era que para que la ficción se mantuviera esos partidos debían tener al menos algunos diputados, lo que implicaba reconocer la derrota de los priistas. De ahí que en 1964 se creara el sistema de diputados de partido, un invento que no era propiamente una fórmula de representación proporcional, sino un mecanismo para hacer diputados a algunos candidatos pretendidamente opositores con buenas votaciones en sus distritos sin que tuvieran que derrotar al candidato “incumbente”.

Cuando llegó la reforma política de 1977 el PAN se mostró reacio al establecimiento de un auténtico sistema de representación proporcional. Su apuesta era por la evolución de la ficción aceptada hacia un régimen bipartidista parecido al de los Estados Unidos. Sin embargo, fueron los panistas los más beneficiados por los cambios en el sistema electoral, pues no solo lograron la mayor representación no priista en la Cámara de Diputados, sino que las nuevas reglas de competencia les sirvieron para captar el apoyo de los desafectos con el PRI por las pifias económicas de la década de 1970.

Así, no fue sino hasta la década de 1980, cuando una parte importante del empresariado hasta entonces protegido por el régimen rompió con el PRI, debido a la nacionalización de la banca de 1982, y volcó su apoyo al PAN en las elecciones locales del norte del país, que los panistas comenzaron a protagonizar actos de resistencia frente a un régimen ya en decadencia y sin voluntad represiva. Las tomas de palacios municipales, la resistencia cívica frente al fraude en Chihuahua y el avance electoral en todo el norte auguraban una gran votación por el PAN en 1988, pero entonces vino la fractura del PRI y la historia dio un giro.

Ante el sorpasso de la disidencia priista aliada con la izquierda, el PAN optó por buscar la alianza con Carlos Salinas de Gortari, con quien estableció una coalición no declarada para modificar la Constitución y avanzar en la reforma electoral. La estrategia le resultó y así pudo frenar la amenaza de desplazamiento que el neo cardenismo le representaba. Sacó adelante sus demandas históricas y se puso en línea para una transición de poder sin sobresaltos, lo cual se logró en 2000.

Sin embargo, el PAN, que había logrado desarrollar una institucionalidad interna relativamente funcional, con pocas rupturas, acabó rebasado por un caudillo con tirón electoral, que pasó por encima de los procedimientos estatutarios para hacerse con la candidatura presidencial en 2000.

A partir de entonces, como suele suceder con los partidos que de pronto se vuelven exitosos, la vida institucionalizada de Acción Nacional comenzó a resquebrajarse y, ya en el poder, en lugar de encabezar un proceso de desmantelamiento del corporativismo contra el que doctrinariamente se había mantenido, aprovechó los resortes tradicionales de control político formal e informal que el PRI le había heredado y comenzó a apoderarse sin pudor del botín del empleo público y el presupuesto de la misma manera que el partido contra el que supuestamente se había erigido desde su fundación. Ahí comenzó a gestarse su crisis actual. Al final de cuentas, nunca habían sido otra cosa que parte del arreglo priista.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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