Mi columna de la semana pasada hizo una síntesis del impacto de las armas de fuego provenientes de Estados Unidos en la violencia homicida en México. Según mostré, tan solo en 2022 alrededor de 14 mil homicidios se cometieron con armamento estadounidense, lo que equivale aproximadamente al 43% de los homicidios totales de aquel año.

La columna concluía señalando lo evidente: el flujo ilegal de armas de fuego desde Estados Unidos es el reto más grande que tiene Claudia Sheinbaum en materia de seguridad y uno de los retos más sobresalientes en la agenda bilateral. Parte del éxito de su gobierno residirá en su capacidad para frenar parte de las seiscientas armas diarias que son traficadas desde Estados Unidos de manera ilegal a México.

Hay quien dice que nada puede hacerse. Hay quien piensa que México está destinado a esos números. En esta columna presento acciones puntuales que el gobierno de Sheinbaum podrá asumir para atender el problema. Aquí señalo cuatro:

1. Continuar con los esfuerzos legales que ha impulsado la Consejería Jurídica de la Cancillería de México contra las productoras de armas, así como sus distribuidoras. Las demandas en Massachusetts y Arizona presentadas en la administración que termina, no son solo un gran avance para la lucha contra el tráfico ilegal de armas; son ya una gran contribución al mundo del derecho internacional. El gobierno de Claudia Sheinbaum, y la Cancillería de Juan Ramón de la Fuente, deben ofrecer continuidad a una política que ha dejado de ser de gobierno para convertirse en política de Estado.
2. Mejorar notablemente la infraestructura fronteriza entre ambos países para dificultar el paso de armas hacia el territorio mexicano. Esto implica no solo realizar mayores inspecciones de automóviles sospechosos, sino invertir en tecnología de punta que permite escanear y registrar vehículos con dobles fondos en pocos segundos. En muchos casos son sistemas que ya funcionan para detectar droga que viaja del sur al norte, pero que no son utilizados para detectar armas que viajan del norte al sur. Es una cuestión de prioridades.
3. Relanzar los esfuerzos de cabildeo en el Congreso de Estados Unidos para que éste avance en la legislación de políticas de control de armas. Entre otros, la propuesta de establecimiento de una estrategia inter-agencial del gobierno de Estados Unidos contra el tráfico de armas (ARMAS ACT, H.R. 6618), la aprobación de una ley federal que prohibiría la venta de armas de asalto (HR. 698) y la aprobación de otra más en contra de la venta de rifles calibre .50. (STOP Arming Cartels Act S.R. 2926). Hay espacio para el cabildeo, la presión y la política transnacional.
4. En México, avanzar hacia la construcción de una política estatal contra la violencia armada. En un sexenio podría realizarse esta empresa en torno a cuatro grandes fases. El primer paso deberá incluir, cuando menos, la renovación y actualización del Registro Federal de Armas de SEDENA, la creación de bases de datos confiables y la ejecución de protocolos nacionales para registrar homicidios y lesiones. En segundo lugar, la promulgación de una nueva ley federal de armas de fuego y explosivos con equilibrios cívico-militares (la actual es de 1972). Ya existen borradores. El tercer paso deberá contemplar la construcción de una verdadera agencia nacional de coordinación en materia de armas de fuego, similar a la ATF estadounidense. Esta agencia deberá formular y coordinar la política de control de armas de fuego a nivel federal, así como regular el uso de éstas en empresas de seguridad privada. Por último, el gobierno de México deberá invertir en la ejecución de programas focalizados de prevención de violencia. Pienso, en particular, en los llamados programas de prevención hospitalaria enfocados en heridos de bala, uno de los grupos demográficos más expuestos a violencia futura. Programas como Jóvenes Construyendo el Futuro podrían focalizarse y recalibrarse para atender a los grupos más vulnerables. En la CDMX ya hay esfuerzos en este sentido que han resultado muy exitosos.

Ninguna de las propuestas anteriores requiere reformas constitucionales ni cambios políticos de fondo. Son decisiones de mediano alcance que, sin embargo, en conjunto, pueden servir para reducir notablemente el número de armas de fuego en circulación en México y, con ello, el número de homicidios. Vale la pena intentarlo.

Carlos A. Pérez Ricart

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Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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