Han pasado 300 días desde que la Fiscalía de Campeche presentó una solicitud para desaforar a Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI. Sin embargo, la Sección Instructora instalada por diputados de Morena, del PAN y del propio PRI sigue sin discutir el tema. La Fiscalía de Campeche confirmó a SinEmbargo que desde el 16 de agosto de 2022, cuando solicitó el juicio a las y los legisladores, ha sumado datos a la carpeta de investigación contra el dirigente priista, aunque no detalló con qué están relacionados.
Ciudad de México, 27 de junio (SinEmbargo).– “No pasa nada”, respondió con seguridad Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, al ser cuestionado sobre la solicitud de juicio de procedencia que la Fiscalía de Campeche hizo a la Cámara de Diputados hace 300 días para quitarle el fuero y avanzar en la investigación en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito. A casi un año, en el Congreso la discusión ni siquiera ha iniciado.
Este lunes, al presentar el método que los partidos de la Revolución Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD) usarán para elegir al perfil que los representará en la elección presidencial de 2024, Moreno Cárdenas, mejor conocido como “Alito”, descartó estar preocupado ante una posible persecución política y por el uso “de la fuerza del aparato del Estado” en contra de él, así como de la y los aspirantes del bloque opositor.
—¿Cree que reactiven el proceso de desafuero en su contra? —le preguntó este diario digital a Alejandro Moreno Cárdenas.
”Aquí nosotros estamos puestos, firmes, con carácter, con voluntad. A nosotros ni nos doblan ni nos echan para atrás. Acá estamos firmes y listos, no pasa nada”, respondió el presidente del tricolor.
El retraso en la discusión del desafuero le ha permitido a Alejandro Moreno seguir con sus actividades partidistas, por ejemplo, a finales de 2022 logró prolongar su gestión hasta 2024 gracias a una reforma a los estatutos del partido.
Si la Cámara aprobara el juicio de procedencia, “Alito” se quedaría sin el fuero que tiene como Diputado federal, ello permitiría a la Fiscalía de Campeche llevar el caso ante un Juez, y a esa autoridad definir si hay datos de prueba suficientes para vincularlo a proceso por enriquecimiento ilícito.
El Fiscal estatal Renato Salas ha detallado que la riqueza del dirigente priista no corresponde con su salario como funcionario público, pues consta de departamentos en Polanco, propiedades en el Country Club, en el extranjero, así como en Champotón, Campeche, en donde, además, tendría una mansión en la privada Lomas del Castillo valuada en más de 130 millones de pesos y con un menaje de cerca de 50 millones de pesos.
La Fiscalía de Campeche confirmó a SinEmbargo que desde el 16 de agosto de 2022, cuando solicitó el juicio a las y los legisladores, ha sumado datos a la carpeta de investigación contra el dirigente priista, aunque no detalló con qué están relacionados.
Mientras que los legisladores de la Sección Instructora —conformada el 27 de septiembre— no han sesionado para comprobar si hay elementos que demuestren actos ilegales cometidos por Alejandro Moreno.
El Diputado del PRI Rubén Moreira Valdez, uno de los integrantes del grupo, descartó este lunes, al ser cuestionado por SinEmbargo, que próximamente comiencen a discutir el tema; dijo desconocer por qué está en pausa el trabajo de la Sección y confirmó que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados no ha turnado la solicitud de juicio de procedencia.
“No está planeado en este momento esta situación [reactivar la Sección Instructora]”, dijo en entrevista.
La instancia está integrada por los morenistas Jaime Humberto Pérez Bernabé —presidente de la Sección— y Leonel Godoy Rangel, así como el panista José Elías Lixa Abimerh, los tres fueron consultados para conocer la razón del retraso en la discusión del juicio de “Alito”, pero ninguno respondió a solicitudes de entrevista.
En marzo, Pérez Bernabé dijo que enfrentaban dificultades relacionadas con “cuestiones administrativas”, también reconoció que hasta entonces el grupo de legisladores no tenía espacio para sesionar ni se les había entregado información sobre la solicitud de juicio de procedencia para comenzar a analizar el caso.
Este lunes se le preguntó al Diputado Rubén Moreira si los retrasos aún tenían relación con problemas administrativos. “Hay mucho lugar para sesionar”, respondió.
Desde diciembre de 2022, el Diputado Leonel Godoy sugirió en en entrevista con Milenio que el retraso podría deberse a que el panista Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, no había turnado el expediente, algo que fue negado en el mismo espacio por el Diputado Lixa Abimerhi, al aclarar que la Secretaría General es la encargada de recibir y turnar el caso a la Sección Instructora.
Morena ha advertido que el juicio de procedencia podría frenarse por la falta de consenso, ya que son necesarios tres votos a favor, pero con el PAN y el PRI como aliados el panorama se ve lejano.
Los reclamos por el retraso en el desafuero de Alejandro Moreno también vienen desde la militancia priista. José Encarnación Alfaro Cázares, representante de Movimiento Líder, una agrupación crítica a la gestión del Alejandro Moreno, consideró que ello sugirió un pacto entre Morena y “Alito”.
“En todo caso, la fracción parlamentaria de Morena le perdonó a Alejandro Moreno el seguimiento de ese curso jurídico legislativo”, criticó en entrevista.
El exdiputado Alfaro Cázares forma parte del grupo de exdirigentes y al menos 10 exgobernadores priistas que a inicio de mes creó el Frente Amplio de Renovación para vigilar que “Alito” Moreno cumpla la promesa de garantizar la participación ciudadana en el proceso de selección y postulación de la o el candidato de la alianza opositora Va por México (PRI-PAN-PRD).
De no hacerlo, advirtió, “habremos de optar por sumarnos a la corriente política ideológica que garantice la participación de la ciudadanía”.
Mientras la discusión del desafuero de Alejandro Moreno está en pausa, su dirigencia sigue sumando cuestionamientos.
Sólo en las últimas semanas renunciaron a su militancia el exgobernador de Hidalgo Omar Fayad Meneses, ocho diputados locales y 15 presidentes municipales, todos ellos acusaron arbitrariedades e imposiciones desde el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI que encabezan el dirigente del partido y Carolina Viggiano, secretaria general.
El Diputado Marco Mendoza, nuevo dirigente en Hidalgo, rechazó estas acusaciones y culpó a las y los exmilitantes de “no trabajar en favor del priismo”.
Algo similar ocurrió en Sinaloa, donde este mes al menos 16 militantes, entre ellos tres diputados locales y exlegisladores, anunciaron su renuncia al partido porque acusaron que la presidencia del PRI busca imponer a un dirigente estatal; mientras que el año pasado el tricolor se quedó sin bancada en Sonora luego de que sus diputados y diputadas se sumaron a los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano y Morena.
“¿Por qué renunciaron? Porque están en desacuerdo con la forma en que está llevando a cabo la dirigencia actual del partido; una dirigencia a todas luces fallida, una dirigencia que de 23 procesos de renovación de gubernaturas solo ha ganado dos en coalición, ¿en qué parte del planeta se le puede llamar exitosa a una dirigencia que pierde 21 de 23?”, expuso Alfaro Cázares.
Alejandro Moreno no descartó que en los próximos días más personas dejen el partido. Al igual que al referirse a su posible desafuero, el dirigente minimizó la crisis que enfrenta el tricolor.
“Que si se va uno, que si se van 10… Afilié hace una semana en Tepezalá, Aguascalientes, a 450. Ni nos distraé, el PRI está sólido”.