La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se canceló a menos de la mitad de su construcción porque iba a suponer la desecación casi total del lago de Texcoco. Además del daño medioambiental, esta obra pública, en la que participaron las empresas españolas Sacyr, Acciona, FCC, KPMG y Aldesa tuvo denuncias por irregularidades en su ejecución y licitación.
La compensación que planea el Gobierno para las empresas españolas no es sólo económica. En la Feria Internacional de Turismo de Madrid de este año el Secretario de Turismo mexicano, Miguel Toruco, abrió la puerta a nuevas “áreas de oportunidad” para las empresas, entre las que se contempla el Aeropuerto de Santa Lucía. “Andrés Manuel les dará todas las facilidades”, dijo.
Por Sandra Vicente, Daliri Oropeza y Al-Dabi Olvera
Texcoco, Estado de México, 27 de junio (Pie de Página).– Los primeros rayos de sol aparecen tras la sierra que rodea el Valle, antes bañado por el lago. Pero lo que había sido un inmenso espejo de agua hoy es un mar de metal, hierro y carreteras que alberga, entre otras, a la descomunal Ciudad de México. La desecación progresiva del lago empezó hace tres siglos, con la llegada de los colonizadores. Y desde entonces no se detiene. “La política de colonización hispánica es la misma que la de los gobiernos mexicanos actuales. La hidrofobia acabará con nuestras comunidades”, lamenta Abraham Noriega, habitante de Chimalhuacán.
El último resto de agua es el Nabor Carrillo, un lago artificial creado para paliar las inundaciones que, invariablemente, se sufren cada época de lluvias. Cercana a las inmediaciones del Nabor Carrillo está la otra zona sin edificar que alcanza a la vista: los terrenos reservados para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
Este proyecto faraónico ha estado en mente de dirigentes mexicanos desde el 2001 y contemplaba la construcción de 743 mil metros cuadrados que habrían secado hasta el lago artificial.
“El NAICM es etnocidio y final de la empresa colonizadora en México”, sentencia Itzam Pineda, antropólogo encargado del peritaje de las comunidades afectadas por el proyecto del aeropuerto.
Los terrenos del megaproyecto están en lugares sagrados para los pueblos originarios de Chimalhuacán, Atenco o Texcoco. Pero el aeropuerto no afectaba sólo su cosmovisión, también su supervivencia.
“El paraíso es la tierra que provea higo, granada, vid y oliva”, recuerda Abraham, citando La Biblia, en referencia a los frutos que crecían en Texcoco, que también era lugar de cultivo de algas, caza del pato y recolecta de ahuahutle -huevo de mosquito conocido como el caviar mexicano. Hoy, toda esa riqueza ha sido sustituida por altos índices de criminalidad, violencia y represión a las resistencias.
El lago era vida. Una vida que fue tasada en 13 mil 400 millones de euros (unos 295 mil millones de pesos).
Ahora, la disputa en el terreno de las obras del NAICM se intensifica. La red de empresarios conocida como #NoMásDerroches, que incluye a colectivos empresariales como Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y cámaras de comercio, impulsan una campaña en redes sociales llamada #YoTambiénApoyoElAmparo, la cual refiere a una medida judicial interpuesta el 4 de junio, con la que un juez ordenó que continúen las obras de construcción y cancele a la vez la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador de construir el nuevo aeropuerto en Santa Lucía.
El lunes 10 de junio, la Comisión Nacional del Agua informó que reactivaría un viejo proyecto llamado Parque Ecológico del Lago de Texcoco y que las conocidas instalaciones de la terminal del aeropuerto quedarían bajo el agua como vaso regulador ambiental. Una vez más, Atenco y los pueblos rivereños preparan una nueva etapa en defensa de lo que les queda de lago.
EL NAICM SIGUE GASTANDO DINERO
El 1 de julio de 2018 comenzó la cuarta transformación mexicana. Al menos, así se refirió a su propio mandato Andrés Manuel López Obrador. Poco después de las elecciones y sin haber empezado su gestión, el Presidente electo cumplió su primera promesa electoral y celebró una consulta que daba a escoger entre construir el NAICM en Texcoco o en la base aérea de Santa Lucía. Ganó el NO al aeropuerto en Texcoco, aunque la legalidad de la consulta quedó en entredicho. El proyecto quedaba detenido y la atención se desviaba de Texcoco hacia el norte de la ciudad, donde está la base militar de Santa Lucía y donde el 29 de abril de este año el presidente arrancó el nuevo proyecto.
Pero en Texcoco las máquinas no se movieron. Y las obras no se detuvieron. Las obras seguían, ante la ambigüedad de otros actores involucrados, como el senador Higinio Martínez, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, quien en varias ocasiones rechazó una entrevista para este reportaje. Y es que cancelar un proyecto millonario no es tan fácil: el NAICM se financió con base en bonos, préstamos y fideicomisos que iban a ser devueltos con la tasa aeroportuaria del nuevo espacio. Pero sin aeropuerto no hay vuelos. Ante la falta de liquidez, cancelar los contratos era un duro golpe para el nuevo gobierno.
De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la cancelación del aeropuerto dejó una deuda de 6 mil millones de dólares en bonos y 30 mil millones de pesos en certificados fiduciarios en la Fibra E. En diciembre, el Gobierno federal lanzó una oferta de recompra por mil 800 millones de dólares en bonos, además del pago de intereses y una recompra anual de 200 millones de dólares de los bonos garantizados por la TUA para lograr el pago total de la deuda en 19 años, de acuerdo con el documento Razones para la Cancelación del Proyecto del Nuevo Aeropuerto en Texcoco, que fue difundido en medios esta semana.
“No hemos visto ningún informe que justifique la cancelación. Cualquier decisión que involucre dinero de los contribuyentes debe comportar más beneficios que costes y nadie se atreve a darnos una cifra”, dijo, en entrevista para este reportaje Ignacio De Presno, socio asesor de la consultoría mexicana KPMG. Con todo, considera que la cancelación del aeropuerto fue una decisión tomada “a la ligera”.
Ninguna de las cinco compañías españolas presentes en el NAICM respondió a las preguntas de este medio sobre la compensación ni las inversiones. Una de las empresas –cuyo nombre no se revela, a petición de la persona consultada– comentó que se trata de un proceso “confidencial” y que “no se darán datos hasta finalizar el proceso”.
Pero la compensación que planea el Gobierno para las empresas españolas no es sólo económica: en el FITUR de Madrid -y apenas dos meses antes de que López Obrador pidiera a la monarquía española que se disculpara por las violaciones de derechos humanos y el expolio durante la conquista-, el Secretario de turismo mexicano, Miguel Torruco, abrió la puerta a nuevas “áreas de oportunidad” para las empresas, entre las que se contempla el Aeropuerto de Santa Lucía. “Andrés Manuel les dará todas las facilidades”, dijo. La empresa española Sacyr, afirma que están trabajando para “resolver el contrato de forma satisfactoria para ambas partes” y “seguiremos participando activamente en el desarrollo de proyectos” en México.
Las palabras del Presidente sugieren borrón y cuenta nueva de un proyecto “costoso, opaco” y en el que asegura que hubo corrupción -la Policía Federal ha detectado un desfalco de casi 795 millones de euros-, sus gestos no ayudan a arrojar luz: en Santa Lucía se comenzó a trabajar sin conocerse nada de la licitación de los nuevos contratos. ¿Por qué? Porque el terreno está en una base aérea militar, propiedad de la Secretaría de Defensa que, por su naturaleza, no debe realizar concesiones ni está sujeta a las leyes de transparencia.
DESASTRE MEDIOAMBIENTAL COMPLETO
“Nunca hubo documentos que mostraran la viabilidad del proyecto”, recuerda De Presno. El consultor afirma que las fallas en el diseño hacían del NAICM un proyecto que iba a costar mucho dinero en mantenimiento. Entre las obras que muestran esta complejidad hallamos a empresas españolas como Sacyr, que estaba en proceso de cimentar los terrenos de la terminal (edificio que iba a ser erigido por otras dos empresas españolas: Acciona y FCC), según los contratos consultados.
Preparar los terrenos no era fácil, ya que aunque no haya agua visible, la humedad se acumula bajo la superficie. Son suelos “muy especiales”, según se señala en uno de los contratos. “La experiencia (… indica que no se puede transitar sobre el terreno, por su nula resistencia”. Esto demuestra que el agua sigue presente en Texcoco, a pesar de que las empresas se afanen a denominarlo “ex lago”.
Por ello, se prensó el terreno para drenar el agua, que salió en forma de lodos. Los barros fueron arrojados a minas, que antes eran cerros, pero que se detonaron para extraer el tezontle, una tierra rojiza usada para aplanar las mismas pistas de donde salieron los lodos. “Es un círculo perverso”, observa el profesor José Espino Espinosa, investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, mientras mira hacia el horizonte, antes plagado de unos cerros que las explosiones han allanado.
Espino reside en la comunidad de Tlaminca, uno de esos pueblos inmersos en el círculo. En los cerros socavados hace años que se depositan lodos. “Han llegado más de cuatro millones de camiones”, dice, que dejaban barros y se llevaban tezontle para obras como de la que estaba encargada Sacyr. A pesar de la cancelación del aeropuerto y aunque el gobierno afirma que las obras pararon el 23 de abril, en mayo los vecinos aseguran que siguieron observando actividades.
Espino señala el tiradero de Tlaminca y recuerda: “demostramos que debían clausurarlo”. Los vecinos llevan desde 2017 denunciando irregularidades. Según la Norma Oficial 083 de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), no puede haber tiraderos a menos de mil metros de residencias. Así lo destaca Espino, que tiene a sus espaldas una casa, de la que asoma una vecina, curiosa. Tampoco puede haber lugares de culto, pero igual que la vecina, la cruz de una iglesia se deja entrever entre las copas de los árboles, no muy lejos. “Nos borraron las iglesias del informe para que no supusieran un problema”, lamenta el profesor. Lo mismo pasó con los pozos, escuelas o ríos.
“NOS BORRARON LAS IGLESIAS”
Espino señala el tiradero de Tlaminca y recuerda: “demostramos que debían clausurarlo”. Los vecinos llevan desde 2017 denunciando irregularidades. Según la Norma Oficial 083 de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), no puede haber tiraderos a menos de mil metros de residencias. Así lo destaca Espino, que tiene a sus espaldas una casa, de la que asoma una vecina, curiosa. Tampoco puede haber lugares de culto, pero igual que la vecina, la cruz de una iglesia se deja entrever entre las copas de los árboles, no muy lejos. “Nos borraron las iglesias del informe para que no supusieran un problema”, lamenta el profesor. Lo mismo pasó con los pozos, escuelas o ríos.
Las quejas de activistas como Espino no son baladí, ya que en las zonas cubiertas de lodos ya no crece nada. A pesar de que los análisis toxicológicos elaborados por las empresas y ratificados por la Semarnat afirman que son inocuos. “Han falsificado los informes para convertir nuestros cerros en vertederos tóxicos”, denuncia el profesor sosteniendo un estudio elaborado por la universidad de Chapingo, en el que se detectan niveles “altamente peligrosos” de Boro, Cloruro, Carbonato y Sodio.
“Son corrosivos, matan todo lo vivo”, alerta. Pero no sólo los suelos se ven afectados: estos residuos que, al secarse al sol, levantan el vuelo en forma de polvo finísimo, también pueden afectar a los humanos. Hipertensión, irritación y problemas respiratorios son algunas de las consecuencias.
Los tiraderos de Tlaminca son sólo una minúscula parte en el engranaje del NAICM. Una pieza en uno de los más de 450 contratos. El que fue el mayor proyecto y símbolo del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto “debía construirse como fuera”, relatan en Tlaminca. Pero, ¿a qué precio? “Nos están hacinando y quitando los recursos, lo hicieron con los mayas y tuvieron que irse de sus tierras”, relata Abraham. Él, como otros vecinos lleva alzado en resistencia desde 2004 para evitar acabar como la Llorona y no tener que decir adiós ni a sus hijos ni a su tierra.
A LA ORILLA DEL AGUA
La embestida contra Texcoco viene de lejos. Desde el siglo XVII, los gobiernos virreinales ambicionaron un desagüe artificial, para el que reclutaron a miles de indígenas, que morían a menudo por enfermedades o extenuación. Esa idea tuvo su culminación en la planeación del NAICM.
Los planes del aeropuerto datan del 2001, cuando el gobierno lanzó una serie de decretos para expropiar 5 mil 400 hectáreas, argumentando que se trataba de una tierra “inservible”. Así que pretendía pagar a 7.20 pesos el metro cuadrado a 4 mil 375 familias. Como respuesta surgió un potente movimiento, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, encabezado por Atenco. Su lucha logró frenar la expropiación, convirtiéndose así en una de las primeras organizaciones que en el entrante siglo frenarían un megaproyecto.
Marta Pérez y Adela Romero son originarias de Atenco; participan en la resistencia desde el principio. Suben por el pequeño cerro del Huatepec, que en 2001 les fue expropiado. Llevan mapas y documentos. El aire es fresco. Despliegan los papeles mientras explican que su primera victoria duró poco. En 2014, el gobierno del priista Enrique Peña Nieto reactivó el proyecto.
Alteraron nuestra vida pacífica con la imposición de la obra”, explica Marta Pérez: la entrada del crimen organizado, la falta de acceso a sus propios terrenos, soborno de los propietarios para la venta de tierras o la ruptura del tejido social. Y no solo en Atenco, sino en toda la región. En Tlaminca, a 17 kilómetros de Atenco, mientras este equipo de periodistas entrevistaba al profesor Espino, un grupo de ejidatarios -propietarios comunales de los terrenos- en estado de ebriedad y favorables a los trabajos complementarios al aeropuerto, se acercaron para amenazar al entrevistado.
“¿Qué tienes tú que decir? Te tengo dicho que no te metas en problemas: un día te encontraré sólo”. Amenazas como está ahora son constantes entre vecinos que antes convivían en paz. Al ser preguntados sobre su opinión al respecto de las obras, responden sin palabras, simplemente empujan la cámara. El territorio sigue en disputa.
Las mujeres también vivieron la represión. Recuerdan momentos convulsos en sus comunidades mientras dirigen su mirada 200 metros abajo, por donde cruza la barda perimetral que rodea los terrenos destinados a la obra y que cercenó su pueblo. Hoy, frente al proyecto en apariencia detenido, ya no sobrevuelan drones ni el Ejército recorre la valla.
“Salimos a todos los caminos a decir quiénes somos, que somos pueblos originarios” recuerda Marta Pérez. A la vista de las obras detenidas, pudiera parecer que Atenco volvió a ganar, pero a estas comunidades les ha costado hasta la cárcel. Como resultado de las resistencias, más de 100 personas fueron apresadas, con sentencias de hasta 100 años y 26 mujeres sufrieron tortura sexual. Los helicópteros sobrevolaban la región a diario. Aun así, el pueblo logró sobreponerse y en 2010 fueron liberados todos sus encarcelados.
Pero esa segunda gesta, que Marta y Adela se resisten a llamar ‘victoria’, fue efímera. “Pensábamos que enfrentábamos al gobierno, pero luego vimos a las transnacionales”. Desde el cerro, con el megaproyecto detenido, podría parecer que la lucha es una forma de vida ligada a la naturaleza.
EL VUELO DE UN PATO ES TODO
“El amor se transforma en dignidad al decir que tenemos derecho a existir y que estamos orgullosas de nuestra sangre indígena”, asegura Marta a la orilla del cerro Huatepec. Para ellas, para los pueblos, el lago es vida y la vida es lucha. “Es con lo que Atenco puede contribuir al mundo”, comenta Adela, emocionándose con la vista fija en el Aeropuerto. “Sabíamos que si dejábamos que esto se construyera vendría la desaparición: ni los cultivos ni el agua iban a ser de nosotros. Era el exterminio de toda cultura”.
La primera muestra de este exterminio se vio en la fauna: “se llevaron a los patos”, recuerdan. Y es que los vuelos de estas aves migratorias hubieran resultado tremendamente peligrosos para un aeropuerto en funcionamiento. Pero, ahora, con la obra detenida, los vecinos de Atenco siguen sin saber dónde están sus patos. Y esa lucha por cada uno de los seres vivos es lo que diferencia las comunidades de las grandes transnacionales: “para ellos la vida es lo mínimo, pero para nosotros un pato lo es todo”, apunta. “Nos dicen que nos negamos al progreso, pero si el progreso es eso, pues no, no lo queremos”.
La campaña del Frente de Pueblos tuvo éxito porque no fue contra un aeropuerto, sino en favor de la vida. Su objetivo era dar a conocer lo que aún no estaba perdido. Aunque hoy se vea seco, bajo el terreno rojo por el tezontle todavía corre el agua. Se trata de la zona de descarga de por lo menos 9 ríos: Coatepec, Manzano, Santa Mónica, San Bernardino, Chapingo, Texcoco, Coxcacuaco, Xalapango, Papalotla y San Juan Teotihuacan.
Estos ríos no se ven porque se entubaron para que su cauce, que se consideraba de aguas residuales, “no llegara al ex lago” y evitar así que se inundara el NAICM. Pero quienes habitan cerca saben que el agua corre limpia. O corría, hasta que les empezaron a colocar cemento y el agua se estancó.
A la orilla del Río Papalotla, Arturo Cando describe cómo antes del encoframiento de los ríos, estos corrían sin problema en su pueblo, Tepetlaoxtoc. Pero ahora huelen ácido. “Rompen el ciclo hidrológico en una región en la que falta el agua”, comenta. Y es que gran parte del cauce se redirigió para alimentar las necesidades que tendría el aeropuerto, dejando a las comunidades sin agua para sus cultivos, ganado y consumo.
Arturo explica que los gobiernos municipales se muestran muy orgullosos de anunciar que en este tipo de obras participan empresas españolas, “como si fueran garantía de progreso”. Pero, en realidad, para él resulta una contradicción si se mira a la historia: “los españoles nos trajeron una cultura hidrofóbica, nunca supieron regular el agua”, reflexiona, mientras nos guía hacia lo alto de uno de los cerros que antes coronaban el horizonte de su comunidad.
En Tepetlaoxtoc, además de ríos entubados, también hay algunos de los más de 150 cerros que se explotaron para sacar tezontle. Arturo y Daniel, su hermano, recorren con la mirada lo que antes era un cerro sagrado, que ahora está a la mitad. Mientras caminan, levantan pequeñas piezas de barro y obsidiana, material con el que se fabricaban cuchillas y ornamentos prehispánicos. Las recogen del suelo, imaginando qué tipo de pieza habría sido hace siglos. Al destruir la memoria, sólo queda la invención.
“Esta era una flauta”, asegura tomándola con su mano. Pero al dar tres pasos llega a la orilla del abismo. Se asoma. El vértigo no es solo por ver el fondo del agujero que provocaron las explosiones, sino por saber lo que se perdió de la vida que antes era.
LA DIGNIDAD SON CUATRO PAREDES
Después de la cancelación del NAICM, paulatinamente fueron parando las obras, tanto las del aeropuerto como sus trabajos complementarios. Todas, menos una autopista que debía conectar los núcleos urbanos con el recinto. A pesar de estar oficialmente detenida, cada pocos días se añadían detalles que hacían sospechar que, aun sin aeropuerto, la autopista se acabaría.
Pero algo detiene su inexorable avance. Es el jardín de Nieves Rodríguez. Su casa se halla justo en medio de dos lenguas de cemento que no pueden conectarse. Se niega a dejar su casa y su jardín de árboles frutales, donde aún siembra nopal, calabaza y frijol. “Te voy a defender, no voy a dejar que te tiren”, dice mirando desde la carretera a su hogar, con fachada de ladrillo.
Nieves ha sido amenazada de muerte varias veces por no dejar su terreno. Aún ahora sigue defendiéndolo sola e impidiendo la operación de esta autopista casi terminada. A pesar de que las administraciones comunicaron que todo el terreno quedaría restablecido, Nieves ve impotente cómo la construcción de esta autopista continúa.
Según el asesor de KPMG, Ignacio García de Presno, es normal que sigan algunas obras, “para tapar agujeros; no se pueden soltar las máquinas y ya”, apunta. Pero no parece que colocar los separadores de carriles sea necesario para una autopista que ha de derrocarse. En este sentido, las empresas y el gobierno fueron opacos en el manejo de información. Pocos datos había disponibles sobre las responsabilidades ambientales y sociales de las empresas y el modus operandi: esta parte, en el momento de revisar los contratos, aparecía tapada por recuadros negros superpuestos, por contener información que pudiera ser “útil para un competidor”.
Es importante mantenerse firme, asegura Marta Pérez, y lanza una advertencia: “Aún no hay justicia, pero aprendimos a no tenerles miedo, a ayudarnos, porque este neoliberalismo no se detiene y viene una etapa difícil para nuestro país”.
TERRITORIO EN DISPUTA
En abril comenzaron las mesas de negociación entre comunidades y gobierno para acordar cómo se iba a reestructurar el territorio. Una de las primeras demandas es la restitución de 2 mil hectáreas de Atenco y Texcoco que quedaron dentro del polígono de obra. Pero precisamente lo único que según los expertos no puede ser restituido es la base para la torre de control, erigida por la española Aldesa. “Que quiten toda esta infraestructura. Es una afrenta a los pueblos, un delito ambiental. Deben ser llevados a la justicia. Una vez retirado todo, que las aguas regresen a su cauce”, exige la vecina.
El retorno del lago es lo que desean todas las personas que recuerdan cómo era la vida lacustre: reviven en la memoria de las comunidades los patos y el ahuahutle. Ese manjar también se acabó con la desecación del lago, y es que quedan muy pocas personas que siquiera conozcan el llamado ‘caviar de los pobres’, cuando antes era lo más común.
Sin embargo, hay quien todavía lo cultiva en el lago Nabor Carrillo, aunque no cualquiera consigue entrar, ya que se trata de un área bajo custodia federal. “Nos prohíben acceder porque no quieren que al verlo queramos recuperar Texcoco”, opina Abraham. Y es cierto que, dejando atrás los áridos caminos de Chimalhuacán, seca la piel por el polvo y el asfalto ardiente, la fresca brisa que acaricia las aguas tranquilas del Nabor Carrillo limpia hasta lo más hondo.
Este equipo periodístico logró entrar en el lago para ver el gran cuerpo de agua al que acuden miles de aves. Y dentro, como una perla, estaba “El Lobo”, una de las 6 personas con licencia para entrar y seguir con el cultivo de ahuautle. Aún al saber que ese hombre de manos curtidas es de los pocos que realizan aún esta actividad, a sus hijos ya no les interesa continuarla.
Dada la escasez, este manjar puede llegar a tener un precio altísimo, pero El Lobo asegura que prefiere regalarlo que venderlo a 40 euros el kilo. “El lago nos enseñó a compartir, no a lucrarnos”, cuenta, con la vista fija en el agua. “Van a creer que estoy loco pero yo hablo con el lago”.
Ahí, en la orilla, buscando ahuautle, resistiéndose a abandonar lo que queda de toda esa explosión de vida, le preguntamos qué le diría al lago si algún día vuelve a estar completo. Clava la mirada y no tarda en responder. Le diría “gracias”.
