El nombramiento del nuevo Fiscal del caso Ayotzinapa podría no sólo significar avances en la investigación sobre la ubicación de los estudiantes, ya que la experiencia del maestro Omar Gómez Trejo en el caso podría sacar a la luz los nombres de funcionarios de todos los niveles que obstruyeron la investigación del GIEI.
Gómez Trejo, quien vivió el acoso que el Gobierno federal de Enrique Peña Nieto ejerció contra los miembros del Grupo, conoce cada uno de los pendientes que quedaron desde 2016 y que no se pudieron hacer por decisión del Estado mexicano.
Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).– El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) presentó su informe final sobre el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en abril de 2016. El Gobierno de Enrique Peña Nieto decidió no prorrogar la estancia del grupo, que por su parte denunció obstáculos del Estado mexicano para avanzar en la investigación.
El trabajo que realizaron avanzó a marchas forzadas. Un día, a mediados de 2015, tres de los miembros del Grupo se veían atribulados en una reunión convocada por ellos. Miraban al suelo y hablaban en voz baja, a pesar de que el lugar de reunión era de sus confianzas. Ahí revelaron bloqueos (desde no darles viáticos hasta prohibirles búsquedas o visitas en terreno) por parte del Gobierno de Peña Nieto y de la Procuraduría de Jesús Murillo Karam.
Los miembros del GIEI se reunían cada determinado tiempo con periodistas e intelectuales a los que consideraban de confianza. Había que dejar celulares afuera y había que comprometerse con la discreción: la mayoría de las cosas que se decían allí no debían hacerse públicas. Ese día sería uno de tantos.
La noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, como se sabe, habían desaparecido 43 estudiantes. Investigar dónde estaban era su consigna. Pero fueron encontrando bloqueos e inconsistencias que les llevaron a sospechar que era el mismo Estado mexicano el que ocultaba la verdad.
El GIEI nació de un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes de las víctimas de Ayotzinapa y el Estado mexicano el 18 de noviembre de 2014, “con la finalidad de proporcionar asistencia técnica para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero”.
En los hechos, todo el tiempo que estuvieron en México, a pesar de lo importante de su tarea, sufrieron espionaje y bloqueos.
Omar Gómez Trejo, era Secretario Técnico del GIEI. No fue protagonista, como todos los demás, pero fue testigo de mucho. Sobre todo, observó cómo actuaron Murillo Karam y Tomás Zerón, quien lo quiso utilizar de escudo para negar las acusaciones de siembra de evidencia en el basurero de Cocula.
Ahora ese mismo hombre que vio todo, que estuvo en todo, que escuchó todo y fue víctima de todo, será el titular de la Unidad Especial de Investigación del caso Ayotzinapa.
El pasado 26 de junio, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció la creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa y que el maestro Gómez Trejo, será el titular.
De acuerdo con información a la que tuvo acceso SinEmbargo, Omar Gómez fungió como coordinador de todo el equipo; llevaba la agenda y acompañó día a día la investigación del grupo de expertos independientes.
Gómez participó en las búsquedas en campo, en las diligencias ministeriales, estuvo presente en muchas de las entrevistas, le tocó la ruptura de la relación con el Estado mexicano a partir de los hallazgos del primer informe del Grupo de Expertos.
Es decir, él tiene película completa: las líneas de investigación pendientes, los pasos que seguían y de los que ya no pudieron hacer por la obstrucción a su trabajo.
“Él conoce el caso dese antes de trabajar con el GIEI, cuando estaba con el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Desde ahí él estuvo con los padres y madres trabajando el caso”, reitera una fuente cercana.
ESPERANZA EN EL NUEVO FISCAL
Según la información recabada, la importancia de este nombramiento radica en tres temas. Uno que tiene que ver con cambiar la narrativa del basurero de Cocula, de que científicamente no es posible que ahí se incineraran a los estudiantes; el segundo, con poner en el centro a las víctimas de desaparición forzada.
El tercer punto son los nombres de quienes obstruyeron la investigación y de la gente que esa noche del 26 de septiembre tomó decisiones, operó y fue omisa para proteger a los muchachos y a todas las demás víctimas de ese caso.
Gómez Trejo, luego del luego de la conclusión de los trabajos del GIEI, continuó su trabajo en la CIDH ya en un papel de observador, no con una investigación tan profunda y meticulosa como en el GIEI, pero continuó trabajando el caso.
La claridad que tiene sobre el caso es extensa, de lo que pasó, de lo que no pasó y de lo que debió haberse hecho.
Según fuentes consultadas por SinEmbargo, Gómez Trejo tuvo una participación importante en el tema del peritaje del fuego, que fue cuando se rompieron todos los acuerdos y el Gobierno salió con una investigación deficiente, parcial y obligaron a todos los expertos de fuego a firmar acuerdos de confidencialidad y a no hablar.
Durante el Segundo informe el GIEI presentó la diligencia que estuvo completamente fuera del expediente y que hizo Tomás Zerón, que no quedó registrada en la bitácora y resultó que después de eso se encontraron unos restos.
El Gobierno en ese episodio intentó incriminar a Gómez Trejo diciendo que él estaba presente en esa diligencia y comenzaron las agresiones en su contra hasta que el Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México los desmintió y se acabó la acusación, pero vivió las descalificaciones y los ataques que trataban de obstruir el trabajo del GIEI.
Sobre los pendientes, el GIEI enlistó que faltó profundizar la búsqueda en vida como en no vida, incorporando nuevas tecnologías para la ubicación; retomar el mapa de todas las llamadas telefónicas durante la noche de los hechos; investigar a una persona que se comunicó tanto con gente de la delincuencia organizada como de las autoridades, identificado como “El Caminante”.
Sobre la narrativa, el GIEI tenía la intención de que la hipótesis del basurero de Cocula, quedara por completo desechada luego de que el equipo de antropólogos forenses argentinos por otro camino científico llegó a la misma conclusión, ya que la PGR continuó afirmando que los hechos concluyeron en el basurero.
Y está el tema de la obstrucción pasiva del Estado mexicano. Según la información recabada por SinEmbargo, los expertos necesitaban volver a entrevistar a los presuntos responsables que estaban en la cárcel para cruzar la información de las fuentes y no se les permitió.
También debían continuar con la línea de investigación del quinto autobús, en la parte del trasiego de estupefacientes de Iguala a Estados Unidos. El GIEI le estuvo pidió en constantes ocasiones a la entonces PGR que le pidiera de manera oficial la investigación a Estados Unidos que estaba haciendo sobre ese tema. La pidieron el 28 de abril de 2016, dos días antes de que el GIEI se fuera del país.
Luego de todo esto, el nuevo Fiscal podría llegar a los nombres de los funcionarios que entorpecieron la investigación.
EL GIEI decía que tenían la reconstrucción de los hechos desde la tarde del 17 de septiembre hasta la media noche del 26, después hay un velo de complicidad entre autoridades, presuntos perpetradores y más gente. Esos son los nombres que podrían salir: los de quienes obstaculizaron las pesquisas y además los nombres de la gente que esa noche tomó decisiones, operó y fue omisa para proteger a los muchachos y a todas las demás víctimas de ese caso.
Entre las facultades de Gómez Trejo como agente del Ministerio Público federal, estarán el trámite y resolución de las averiguaciones previas, carpetas de investigación, procedimientos judiciales y administrativos, medidas precautorias o cautelares, medios de defensa ordinarios o extraordinarios, juicios de amparo u otros que estén relacionados con tales hechos, para lo cual contará con los equipos de investigación y litigación necesarios para su adecuado funcionamiento, informó la FGR.
Ayer, familiares y representantes legales de los 43 estudiantes desaparecidos, protestaron afuera de la FGR para exigir el nombramiento del dial especial para el caso.
El abogado de los padres de familia, Vidulfo Rosales, denunció que Gertz Manero se había comprometido a nombrar un fiscal especial a más tardar en marzo, y la falta de ello ha provocado que las líneas de investigación hayan quedado paradas.
Y entre los planteamientos detenidos están las líneas de investigación expuestas por el GIEI.
