El próximo domingo, en medio de un clima de violencia, los mexicanos elegirán un nuevo Presidente, se votará por: nueve gubernaturas, 500 diputados federales, 128 senadores y 17, 529 cargos locales, y a pesar de los violentos incidente el INE ha afirmado que la violencia no amenaza los comicios y que prevén que el proceso será exitoso.
De acuerdo con el informe “Indicador de Violencia Política en México 2018”, las muertes de políticos incluyendo a los candidatos y precandidatos desde que dio inicio el proceso electoral en México (8 de septiembre) ascendieron a 132; 114 hombres y 18 mujeres.
En ese contexto, Ricardo Anaya Cortés, Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade Kuribreña cierran campaña.
Por Laura Quintero
Ciudad de México, 27 de junio (EconomíaHoy/SinEmbargo).– El próximo 1 de julio México celebrará la elección más grande de su historia y también la más violenta. Desde que iniciaron las campañas electorales hasta hoy se han reportado los asesinatos de 132 políticos y especialistas han señalado que la violencia desatada en el actual proceso electoral está vinculada con el crimen organizado, pero hasta el momento las instituciones han sido omisas y no se han pronunciado al respecto.
“El proceso electoral se instala en un momento en el que el país está en crisis y eso ha hecho que los candidatos a elección, actores políticos y ciudadanos estén en riesgo, con mayor razón si pensamos que la delincuencia organizada se ha convertido en un actor que a raíz del desboque de la violencia ha asumido un mayor control del país a través de los políticos”, aseguró Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.
De acuerdo con el informe “Indicador de Violencia Política en México 2018”, elaborado por la consultoría Etellekt, las muertes de políticos incluyendo a los candidatos y precandidatos desde que dio inicio el proceso electoral en México (8 de septiembre) ascendieron a 132; 114 hombres y 18 mujeres.
“Del casi medio centenar de candidatos que han sido asesinados en este proceso y del otro más de medio centenar de actores políticos y líderes sociales no se ha dicho exactamente quienes los mataron o qué fue lo qué pasó. Debemos empezar por demandar claridad a las autoridades y no sólo solidaridad”, aseveró Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia de la Universidad Iberoamericana.
Detalló que la violencia ha sido detonada por varios los factores, uno es el hecho de que ha crecido el crimen organizado y el narcotráfico y ha adquirido otras manifestaciones que no había tenido en otros años. “Se trata del ensanchamiento de la criminalidad, la impunidad y la corrupción”, dijo.
“Hoy tenemos a un gobierno rebasado en términos de proteger a los ciudadanos y la violencia que estamos viendo es una violencia que nunca antes habíamos visto, ha llegado a niveles máximos y lo que escuchamos una y otra vez por parte de las autoridades es que le están echando ganas, que van a mejorar las cosas, pero no vemos resultados que nos hagan pensar que esas promesas se van a transformar en realidad”, aseguró Francisco Rivas.
Erubiel Tirado indicó que la respuesta oficial ha sido un tanto titubeante, diversa e incapaz y no existe un análisis sobre las causalidades del fenómeno para delimitar el alcance de los intereses y la penetración criminal en los aparatos gubernamentales del país.
Los asesinatos exclusivos de precandidatos y candidatos en la presente contienda electoral ascienden a 48, donde el PRI tiene el mayor número de descensos con un total de 12, seguido del PRD con 10, Morena con siete, el PAN con seis, Movimiento Ciudadano con 5 y 3 independientes.
GUERRERO, MICHOACÁN Y OAXACA, LOS MÁS PELIGROSOS
El reporte indica que el estado más peligroso durante este proceso ha sido Guerrero con 14 políticos asesinados, y a éste le siguen Michoacán, Oaxaca y Puebla, con cinco cada entidad y en tercer lugar se ubican Estado de México y Jalisco con cuatro cada uno.
De acuerdo con la consultora Etellekt con más de 350 los municipios en donde se encuentra focalizado este fenómeno los cuales tienen una gran importancia en términos de padrón electoral y de población.
El próximo domingo, en medio de un clima de violencia, los mexicanos elegirán un nuevo Presidente, se votará por: nueve gubernaturas, 500 diputados federales, 128 senadores y 17, 529 cargos locales, y a pesar de los violentos incidente el Instituto Nacional Electoral (INE) ha afirmado que la violencia no amenaza los comicios y que prevén que el proceso será exitoso.
SISTEMA DEMOCRÁTICO PIERDE LEGITIMIDAD
Tirado indicó que lo que provoca esta violencia es deslegitimar la autoridad emanada de los procesos electorales y el ejercicio de autoridad por parte del Estado.
“En otro país bajo las actuales condiciones que tenemos ya hubiera habido renuncias, una tras otra, es lamentable que tengas el año con más secuestros y extorsiones, con la mayor tasa de homicidios y robo a negocios, la mayor tasa de narcomenudeo, que el sexenio sea el de mayor número y tasa de homicidios, pero en México no pasa nada”, Francisco Rivas.
Dijo que la violencia podría provocar que los ciudadanos no salgan a votar porque se ha generado temor.
Erubiel Tirado detalló que el fracaso de la estrategia de seguridad que ha habido en los últimos dos sexenios ha aportado un nuevo elemento a considerar y es el hecho de que la corrupción y la impunidad son sustratos que favorecen que se incremente el grado de injerencia de los grupos delincuenciales y que trasciende a la política electoral.
“Se trata de un modelo de negocios, en el pasado no traspasaba el límite de las cuestiones de querer estar en el aparato de gestión gubernamental, pero a raíz de que ha cambiado el entorno y se ha incrementado la impunidad y la corrupción el modelo de negocios les da la oportunidad de seguir teniendo mayores ganancias apropiándose de una parte del aparato de gobierno”, explicó.
Explicó que en un principio les bastaba con imponer o influenciar en la designación de candidatos que les fueran útiles para sus negocios, pero ahora vemos, por lo menos en los últimos 10 años, que los grupos criminales deciden tener una participación directa, no solo en el ámbito de la seguridad pública sino también en las áreas donde se pueden determinar los recursos para obra pública, de tal manera que aseguren el otorgamiento de contratos.
